Productores de Ecuador rechazan el proyecto de Ley de Desarrollo Agropecuario
Piden el archivo de la propuesta. Temen que una eliminación de los precios de sustentación afecte sus economías
Un frente unido ante reformas, decretos y otras acciones que según organizaciones del sector agropecuario están vulnerando su capacidad productiva y de comercialización. Así lo expresaron en una rueda de prensa que arrancó con el pedido colectivo de archivo del proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo Agropecuario.
El pronunciamiento fue expuesto por el abogado Segundo Solano, presidente de la Asociación de Bananeros Orenses (ABO), quien cuestionó que la propuesta, elaborada en la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional, no habría sido construida con el debido proceso de consulta en territorio ni con la participación de quienes trabajan la tierra.
De aprobarse la ley, advirtió Solano, “implica en el fondo quitar los precios mínimos de sustentación”, es decir, los valores de referencia que permiten al productor comercializar su cosecha considerando los costos de producción y una ganancia justa.
En el primer informe para debate de la ley se plantea reconsiderar los precios mínimos de sustentación. El argumento sostenido es que fijar valores por encima del equilibrio de mercado puede generar sobreoferta correspondientes a los precios, distorsiones y desincentivos a la eficiencia productiva, además de beneficiar proporcionalmente más a grandes productores. Sin embargo, únicamente ante el enorme desafío se proponen dos alternativas: eliminar aranceles a insumos y bienes de capital agropecuario y fortalecer el control a la intermediación en la cadena comercial. Estas premisas son cuestionadas por organizaciones del sector, que advierten riesgos directos para los pequeños y medianos productores.
Actualmente, el banano se comercializa con un precio mínimo de $7,50 por caja, valor que fue ajustado para cubrir costos adicionales derivados de la prevención del fusarium raza 4 tropical. Sin embargo, ese precio tampoco habría sido sustentado con el aporte de pequeños y medianos productores, señaló Kurt Serrano, de la asociación Fuerza Productiva Ecuatoriana, quien además aseguró que esta misma semana no se ha respetado ese mínimo y se han registrado ventas a $7 o menos.
En el escenario más crítico, sostuvo Solano, de entrar en vigencia el proyecto de ley se eliminaría el precio mínimo y “automáticamente va a significar la quiebra y el abandono del campo”, afectando principalmente a pequeños y medianos productores. A su criterio, el poder de comercialización se concentraría en grandes corporaciones e industrias agroexportadoras. Recordó además que entre 2022 y 2023 el sector ya vivió una situación similar, cuando la caja de banano llegó a venderse entre $1,50 y $2; entonces, productores con hasta 5.000 hectáreas quebraron y esos terrenos fueron acaparados por agroexportadores.
La asambleísta por El Oro, Noemí Cabrera, asistió a la rueda de prensa y, tras escuchar a los líderes gremiales, anunció que impulsará el archivo del proyecto: “Nosotros vamos a proponer el archivo de la ley”.
En diálogo con Diario EXPRESO, Cabrera reconoció la fuerte polarización en la Asamblea Nacional, por lo que la vía que ha quedado es la presentación de demandas de inconstitucionalidad. En la misma línea se pronunció Germania Romero, asambleísta por Guayas, quien sostuvo que la actuación del Ejecutivo “busca desaparecer a nuestros pequeños productores porque no garantiza sus derechos”.
Consultadas sobre posibles acciones legislativas adicionales, ambas coincidieron en que enfrentan limitaciones dentro del Parlamento: “No nos dan la palabra, nos bloquean desde las comisiones”, afirmó Romero.
Otro foco de conflicto: Decreto Ejecutivo 231
Según el dirigente de ABO a través del decreto se permite la legalización de nuevas hectáreas hasta 2026 y esto incrementaría la presión competitiva. Mientras se arriesga la permanencia de unidades productivas familiares, se favorece la expansión de grandes agroexportadores. Frente a ello, las organizaciones confirmaron la presentación de una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional
El sector arrocero también se hizo presente
José Luis García, dirigente arrocero advirtió un posible desabastecimiento hacia finales de año, debido a la caída progresiva de la productividad y de la siembra por falta de liquidez entre los agricultores.
Atribuyó la situación a las restricciones comerciales con Colombia (principal destino del excedente ecuatoriano) que han encarecido los costos logísticos de exportación de $1,50 a $5 por quintal y desplazado al arroz nacional frente a proveedores como Estados Unidos. Según explicó, el país enfrenta un excedente anual cercano a 60.000 toneladas que el mercado interno no puede absorber, mientras las alternativas de nuevos destinos comerciales aún no compensan esa pérdida y están en conversaciones.
Más allá de los pronunciamientos y acciones legales, las organizaciones anticipan medidas de presión. Lenín Pilatot, dirigente de la Federación de Afiliados al Seguro Campesino, propuso una movilización nacional el 13 de marzo que agrupe “en unidad” a pequeños productores de banano, arroz, maíz, leche y otros rubros afectados por múltiples factores económicos y normativos.
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