Las SAS, con vía libre para operar en minería y energía
Eliminación de ley devolvió a 647 empresas mineras la posibilidad de operar como sociedades simplificadas
Las 647 empresas mineras constituidas como Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) en Ecuador quedaron en un limbo jurídico tras la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, en septiembre pasado. La norma había prohibido expresamente que estas figuras societarias operaran en sectores estratégicos como minería, energía y telecomunicaciones.
La decisión de la Corte Constitucional devolvió la situación al estado previo a junio de 2025, eliminando todas las restricciones que se habían fijado. El problema es estructural: las SAS fueron diseñadas para facilitar el emprendimiento, pero nunca se consideró limitar su uso en sectores sensibles, explica el abogado en derecho societario Juan Manuel Portugal, docente de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE).
Portugal precisa que antes de la ley “las únicas limitantes activas que tenían las SAS estaban en el sector financiero, pero se olvidó el resto de sectores” y fue precisamente esa omisión la que llevó al gobierno a incluir las restricciones en la Ley de Solidaridad Nacional.
Sin embargo, admite que el gobierno lo hizo “de manera inapropiada, en una ley que no tenía nada que ver con el tema, y por eso fue una de las causales por las cuales la Corte Constitucional ha echado abajo esta norma”.
David Rodriguez Ycaza*, abogado constitucionalista, confirmó que “una vez que la ley fue declarada inconstitucional, se vuelve inmediatamente al esquema que venía rigiendo. Las SAS van a poder seguir utilizando esa estructura societaria en el sector minero”.
El impacto de esta decisión es preocupante, dicen analistas. Una investigación de Mongabay y Código Vidrio reveló que solo tres empresas SAS (Rockgolden, Rocadorada y Soul Metals) exportaron 268 millones de dólares en oro a Dubái e India en 2023, veinte veces más que el año anterior. Sin embargo, estas compañías pagaron tributos mínimos.
El Servicio de Rentas Internas (SRI) detectó que más de 20.000 SAS presentan indicios de haber operado fuera del marco tributario legal. En el sector minero, 17 empresas exportadoras de oro pagaron apenas 986.266 dólares en impuesto a la renta, once veces menos de lo que debían tributar.
Gabriela Santamaría, experta en derecho corporativo, considera que permitir SAS en sectores estratégicos “es un error técnico y político de gran magnitud que pone en riesgo la gestión responsable y sostenible de áreas fundamentales de interés nacional”. Santamaría indica que estas sociedades carecen de capital social mínimo exigido por ley.
“¿Cómo se puede permitir que una empresa sin un respaldo económico mínimo administre recursos naturales, opere infraestructura crítica o preste servicios públicos esenciales?”, cuestiona Santamaría. Este vacío normativo abre la puerta a “figuras societarias frágiles, fácilmente manipulables o sin solvencia real”.
La experta también alerta sobre otro problema crítico: las políticas internas de gobernanza de las SAS están basadas en acuerdos privados entre partes, con mínima supervisión del Estado. “Esta flexibilidad resulta altamente inadecuada cuando se trata de sectores donde están en juego intereses públicos, derechos colectivos o recursos no renovables”.
El escándalo más revelador con las SAS se dio a conocer cuando Marcos López, exsuperintendente de Compañías, reveló que se constituyeron más de 300 compañías mineras SAS en apenas 48 horas, aprovechando que el trámite se realizaba completamente en línea y sin verificaciones posteriores.
La situación empeoró cuando las autoridades inspeccionaron las supuestas minas. Según la investigación de Mongabay y Código Vidrio, cuando la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables decidió en 2023 inspeccionar los lugares de las concesiones de Rockgolden, Rocadorada y Soul Metals, “no había movimiento de tierra ni operaciones extractivas importantes. Todo era un montaje”, reveló un exfuncionario de la agencia que pidió anonimato a los medios investigativos.
Jaime Carrera, director del Observatorio de la Política Fiscal, alerta sobre el impacto fiscal. “Lo de fondo es que todo el tema minero tiene que formalizarse, es la única manera de controlar. Si hay capitales malhabidos, hay minería ilegal y otro tipo de cosas, es prácticamente imposible controlar”, sostiene.
Carrera enfatiza que “mientras no haya un control adecuado de evasión fiscal, el fisco se afecta de manera importante porque en este momento los ingresos tributarios no son suficientes para sostener el gasto”. El economista recuerda que al mes de septiembre los ingresos totales apenas cubrían el gasto corriente del Estado.
Santamaría agrega que en estos sectores “no estamos hablando simplemente de actividad comercial, sino de soberanía económica, seguridad nacional y sostenibilidad ambiental”. Permitir que figuras tan flexibles como las SAS participen sin requisitos adicionales “debilita la institucionalidad del Estado en áreas claves y puede facilitar la entrada de capitales de dudosa procedencia”.
Optar por reglamentos
Ante esta problemática, Rodríguez Cazar plantea una solución práctica. La Superintendencia de Compañías tiene capacidad reglamentaria y “puede dictar en los próximos días reglamentos, si es que lo que se quiere es el control de esa clase de sociedad”.
El constitucionalista enfatiza: “No puede ser que haya compañías SAS que tienen unos capitales diminutos que sean utilizadas para actividades de cientos de millones de dólares”.
Sin embargo, Rodríguez Cazar también advierte que Ecuador no necesita más leyes sino decisión política. “Tenemos (leyes en) demasía, hiperlegislación. Lo que hace falta es decisión de las autoridades para ejercer las atribuciones establecidas en la Constitución y la ley en defensa del patrimonio nacional”, enfatiza.
Por ahora, las SAS mineras pueden seguir operando sin las restricciones que intentó imponer la ley declarada inconstitucional. El vacío normativo persiste, haciendo el Estado pierda millones en tributos no recaudados, mientras la minería ilegal encuentra en estas sociedades el vehículo perfecto para lavar activos y evadir controles.
* Fe de errata
En una primera edición de este reportaje, se atribuyó a David Rodríguez Cazar algunas de las opiniones vertidas en la nota; no obstante, se cometió un error al escribir su segundo apellido. Estas declaraciones corresponden al abogado Constitucionalista, David Rodríguez Ycaza. Pedimos disculpas al Sr. Rodríguez Ycaza, por esta confusión.
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