Expertos apoyan restricción del uso de SAS, pero citan otras deficiencias de control

Desde este mes, las sociedades por acciones simplificadas (SAS) ya no podrán operar en sectores estratégicos ni financieros en Ecuador. La Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, publicada en el Registro Oficial el pasado 10 de junio, prohíbe expresamente que estas figuras actúen en industrias como minería, energía, telecomunicaciones, mercado de valores, seguros y banca.

La medida llega tras el escándalo de 300 empresas mineras creadas en apenas 48 horas utilizando esta figura jurídica, según reveló Marcos López, exsuperintendente de Compañías, en una entrevista radial. Sin embargo, el experto advierte que la nueva ley solo    podría “cambiar de ventanilla” el problema, al facilitar simultáneamente la constitución de sociedades anónimas.

“Se crearon más de 300 compañías en 48 horas, todas dedicadas a la minería. Porque usted lo podía hacer a través de un computador y tenía 24 horas”, explicó López, exponiendo las vulnerabilidades del sistema empresarial ecuatoriano.

La nueva normativa paradójicamente permite crear compañías anónimas “en un papel” mediante acuerdo privado, lo que según López perpetúa el problema de fondo. “Hoy, en vez de tener SAS, lo que vamos a tener es un montón de compañías anónimas como antes”.

Según la Superintendencia de Compañías, un total de 647 empresas mineras constituidas como sociedades por acciones simplificadas (SAS) deberán transformarse en otro tipo societario, o enfrentar la disolución y liquidación tras la promulgación de la nueva ley.

Para el abogado tributarista Napoleón Santamaría, el problema central de las SAS es que permiten que el libre acuerdo de las partes determine las reglas internas de funcionamiento, sin límites definidos por normas de derecho público. “Esto ha generado un caos societario”, advirtió. Señaló casos de empresas que eliminan reservas legales o distribuyen dividendos de forma desproporcionada, convirtiéndose en “vehículos perfectos para la evasión y el fraude”.

Luis Alberto Cabezas, actual superintendente de Compañías, reconoció que hay irregularidades, pero defendió el sistema a la hora de hablar de su utilidad para los emprendimientos. En cinco años de vigencia se han constituido 75.576 sociedades anónimas simplificadas en Ecuador, de manera que las 647 empresas mineras representan apenas el 0,86 % del total. “Eso demuestra que es una figura jurídica muy atractiva para el emprendimiento”, afirmó Cabezas.

La autoridad también aclaró que todas las sociedades, independientemente de su tipo, están sujetas al mismo nivel de control. “Al día de hoy, el control para todas las sociedades es igual. Ya ni siquiera existe esa diferencia que antes había entre control total y parcial”.

“Las actividades ilícitas se pueden hacer con compañías anónimas, se pueden hacer con compañías limitadas. No tiene nada que ver el tipo de sociedad con las actividades ilícitas”, argumentó, añadiendo que “quien quiera realizar un ilícito lo va a hacer con cualquier tipo de compañía”.

Ante las críticas sobre posibles actividades ilícitas, Cabezas aseguró que la Superintendencia está desarrollando herramientas tecnológicas para fortalecer la supervisión. “Tenemos un proyecto de actualización del sistema que tenemos en este momento y obviamente queremos implementar inteligencia artificial para realizar un mejor control”, precisó.

El funcionario también mencionó la coordinación con otras entidades de control: “Trabajamos conjuntamente con el Servicio de Rentas Internas. También tenemos mucha comunicación con la UAFE para realizar actividades conjuntas que nos lleven a la detección de actividades irregulares”.

Sin embargo, la implementación de estas medidas quedará supeditada a la reglamentación que debe expedir el Ejecutivo, normativa que determinará los plazos definitivos y procedimientos específicos para que las 647 empresas mineras SAS se transformen en otras figuras societarias.

No obstante, López cree que en el sistema hay un factor más por corregir. En su administración pasada, en la que reconoció falta de presupuesto, el control llegó a ser    una tarea desafiante. Apenas 12 funcionarios de la Superintendencia de Compañías debían controlar, en su época, más de 90.000 SAS constituidas, además de otras 60.000 entidades obligadas a reportar información para prevenir el lavado de activos.

La Superintendencia de Compañías generó, por ejemplo, $231 millones en 2023 por aportaciones de empresas y seguros, pero solo recibió $21 millones para su funcionamiento, creando una brecha que compromete la supervisión efectiva.

Santamaría profundizó en esa paradoja: “La Superintendencia cobra aproximadamente $280 millones anuales, pero solo gasta entre $120 y $130 millones. Envía cerca de $ 160 millones al Estado. Tienen mucha plata, pero no son capaces de contratar buena gente, tecnología inteligente, ni hacer un trabajo verdadero”.

Proceso de transición

El proceso de transición para las empresas ya constituidas todavía está en definición, manifestó Cabezas.

“Nosotros hemos enviado observaciones para que sean incluidas en el reglamento y se dé un plazo, podría ser de seis meses, para que las que ya estaban constituidas se puedan transformar en otro tipo de sociedades; pero eso depende realmente del Ejecutivo, del plazo que les den para esa transformación”, dijo.

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