Ley de Solidaridad: ¿Qué pasará con las SAS que operan en sectores estratégicos?

Desde este mes, las sociedades por acciones simplificadas (SAS) ya no podrán operar en sectores estratégicos ni financieros en Ecuador. La Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, publicada en el Registro Oficial el 10 de junio, prohíbe expresamente que estas figuras actúen en industrias como minería, energía, telecomunicaciones, mercado de valores, seguros y banca.

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La medida llega tras el escándalo de 300 empresas mineras creadas en apenas 48 horas utilizando esta figura jurídica, según reveló Marcos López, exsuperintendente de Compañías, en una entrevista en radio Democracia. Sin embargo, el experto advierte que la nueva ley solo "cambia de ventanilla" el problema al facilitar simultáneamente la constitución de sociedades anónimas.

"Se crearon más de 300 compañías en 48 horas, todas dedicadas a la minería. Porque usted lo podía hacer a través de un computador y tenía 24 horas", explicó López exponiendo las vulnerabilidades del sistema empresarial ecuatoriano.

La nueva normativa paradójicamente permite crear compañías anónimas "en un papel" mediante acuerdo privado, lo que según López perpetúa el problema de fondo: "Hoy en vez de tener SAS, lo que vamos a tener es un montón de compañías anónimas como antes".

Para el abogado tributarista Napoleón Santamaría, el problema central de las SAS es que permiten que el libre acuerdo de las partes determine las reglas internas de funcionamiento, sin límites definidos por normas de derecho público. “Esto ha generado un caos societario”, advirtió. Señaló casos de empresas que eliminan reservas legales o distribuyen dividendos de forma desproporcionada, convirtiéndose en “vehículos perfectos para la evasión y el fraude”.

El exfuncionario López también identificó una falla estructural: apenas 12 funcionarios de la Superintendencia de Compañías deben controlar más de 90.000 SAS constituidas, además de otras 60.000 entidades obligadas a reportar información para prevenir el lavado de activos.

A pesar de la reforma, la ley no especifica qué sucederá con las SAS que ya operan en los sectores ahora restringidos. No hay plazos para el cese de operaciones ni mecanismos de transición definidos; estos detalles quedarán a cargo del reglamento que debe emitir el Ejecutivo en los próximos 60 días.

Santamaría considera que se debe establecer un proceso de migración obligatoria: “El reglamento tiene que obligar a que esas SAS migren a sociedades anónimas, de responsabilidad limitada u otras figuras compatibles con sectores estratégicos”.

La debilidad institucional que persiste

El diagnóstico de López revela cifras alarmantes sobre la capacidad de control estatal. La Superintendencia de Compañías generó, por ejemplo, $ 231 millones en 2023 por aportaciones de empresas y seguros, pero solo recibió $ 21 millones para su funcionamiento, creando una brecha que compromete la supervisión efectiva.

Santamaría profundiza en esa paradoja: “La Superintendencia cobra aproximadamente $ 280 millones anuales, pero solo gasta entre $ 120 y $ 130 millones. Envía cerca de $ 160 millones al Estado. Tienen mucha plata, pero no son capaces de contratar buena gente, tecnología inteligente ni hacer un trabajo verdadero”.

"¿Cómo pueden 12 personas controlar 90,000 compañías que se han formado?", cuestionó el exsuperintendente, quien además señala que la debilidad institucional se manifestó en casos extremos como el ingreso de un guardaespaldas armado hasta el despacho del superintendente.

Esta falta de recursos contrasta con los miles de millones que ahora debe destinar el Estado a seguridad por problemas que se pudieron prevenir. López mencionó que solo por resolver la inseguridad "todo lo que tenemos que gastar en seguridad porque nos dejaron sembrado toda esa maleza" podría haberse usado en infraestructura productiva como el deteriorado puente "al si puedes" que necesita reemplazo.

Nueva figura: sociedades anónimas deportivas

La ley introduce además las sociedades anónimas deportivas, que podrán tener fines de lucro para "impulsar el desarrollo de actividades deportivas". Estas sociedades deberán "garantizar la integridad de sus operaciones" y evitar "prácticas ilícitas o de economía criminal", según establece la normativa.

López insiste en que la solución real requiere "fortalecer las superintendencias" en lugar de solo cambiar las reglas de constitución empresarial. "Cuando usted desregula, tiene que fortalecer el control posterior a la creación de esas instituciones", argumentó, señalando que Ecuador repite el error de la crisis bancaria de 1999, cuando la desregulación no fue acompañada de controles efectivos.

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