Fiscalización de bonos: ¿riesgo de abuso en entrega de ayudas económicas en Ecuador?
El país enfrenta el desafío de mantener la ayuda económica a los sectores vulnerables sin caer en descontrol presupuestario
La entrega de bonos sociales en Ecuador vuelve a estar bajo la lupa. En 2025, el Estado destina miles de millones a programas de asistencia económica como el Bono de Desarrollo Humano (BDH), que beneficia a más de 590.000 personas con montos que van desde 55 hasta 150 dólares mensuales. Sin embargo, en medio de un presupuesto desfinanciado y crecientes demandas sociales, surge una preocupación de fondo: ¿están estos recursos llegando realmente a quienes más los necesitan o se están convirtiendo en un terreno fértil para abusos e ineficiencias?
El riesgo del uso indebido del presupuesto
El economista y catedrático Juan Manuel García advierte que el riesgo de uso indebido siempre está presente. “Tenemos un presupuesto desfinanciado; para el siguiente año habrá que buscar 5.400 millones de dólares. Y solo hay dos formas de conseguirlo: mejorando la recaudación de impuestos o asumiendo deuda”, explica. A su criterio, el peligro aumenta si se recurre a emitir deuda interna, bonos dentro del país, ya que históricamente se consideran de “altísimo riesgo”. Este escenario compromete la sostenibilidad de la política social si no se acompaña de una fiscalización sólida.
En 2025, el gobierno redujo en cerca de 200 millones de dólares el presupuesto inicial destinado al BDH, mientras el número de programas de ayuda se expandió. Según datos oficiales, existen más de 20 bonos y compensaciones que en conjunto superan los 2.400 millones de dólares.
Este aumento en el número de transferencias, sin una verificación rigurosa de los beneficiarios, abre la puerta a irregularidades, duplicaciones y cobros indebidos. “Los bonos no necesariamente van a quien los necesita”, señala García. “Hay personas que siguen constando en las bases de datos pese a que ya no deberían recibirlos”.
Registros desactualizados afectan al Estado
Casos recientes investigados por la Contraloría General del Estado y reportes ciudadanos confirman esta fragilidad. En varias parroquias rurales se detectaron inconsistencias en la entrega de kits y ayudas, así como intermediarios que cobraban por gestionar beneficios.
Además, el MIES ha reconocido que persisten registros desactualizados en el sistema del Registro Social. Estas fallas no solo afectan la transparencia, sino que también distorsionan la percepción de equidad, generando desconfianza entre los ciudadanos que realmente necesitan el apoyo estatal.
Un mayor control podría mejorar el sistema
Para los especialistas, el control debe enfocarse en tres frentes: actualización periódica de datos, auditorías independientes y transparencia pública en los listados de beneficiarios. "Un cruce de información entre instituciones, por ejemplo, con el Servicio de Rentas Internas o el Ministerio de Trabajo, permitiría depurar a quienes ya no cumplen los requisitos. Asimismo, publicar los montos y criterios de selección fortalecería la rendición de cuentas y reduciría el margen de maniobra para prácticas clientelares o manipulación política", asegura el economista Hernán Cevallos.
La advertencia es clara: las ayudas económicas son una herramienta crucial para reducir la pobreza, pero también un potencial punto de fuga fiscal si no se gestionan con responsabilidad.
Como concluye García, “siempre hay un riesgo de abuso en las entregas de ayudas económicas”. En un país con brecha presupuestaria y deuda creciente, la verdadera tarea no solo es mantener los bonos, sino garantizar que cada dólar llegue al lugar correcto, bajo la mirada atenta de una fiscalización efectiva y ciudadana.
