Economía

Finanzas asfixia al seguro militar con impagos y recursos retenidos

Con una deuda incobrable de $ 570 millones, el Issfa advierte problemas de iliquidez en julio. La Contraloría audita los haberes de Finanza que datan de 2014

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El ISSFA brinda servicio a cerca de 230.000 asegurados a nivel nacional.Archivo / Expreso

Las deudas que el Estado tiene con la seguridad social no se limitan a los pendientes que tiene con los afiliados al IESS, estas trascienden también al campo de las Fuerzas Armadas con un monto que hasta ayer acumulaba los $ 570 millones y que ya marca presión en las cuentas del Issfa. Por el impago, la entidad no solo ha dejado de dar crédito a parte de sus    230.000 agremiados, sino que alerta con caer en atrasos del pago de pensiones, pues si la situación no cambia, desde julio no tendría cómo cubrir $ 10 millones.

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Según información a la que accedió    EXPRESO, la deuda, que desde febrero está bajo verificación previa por parte de la Contraloría General del Estado (CGE), mantiene pagos pendientes desde el 2014. El mayor monto corresponde a la contribución estatal para el pago de pensiones ($ 253 millones), le siguen los aportes patronales ($ 115 millones) y los individuales ($ 109 millones).

Consultado sobre este tema, Alejandro Vela, director del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa), que asegura a militares del Ejército, la Marina y la Aviación Civil, no le queda de otra que admitir la situación por la que la institución atraviesa. Los primeros problemas, dijo, ya se presentaron el año pasado, cuando desde octubre a diciembre no tenían cómo pagar la cesantía del personal que se retira. Aunque ahora no hay retraso, dice, esto puede volver a ocurrir desde el próximo mes, pues ya no tienen opción de seguir redireccionando los recursos que tienen los fondos del Issfa para cubrir los faltantes que se presentan cada mes.

Históricamente, al Estado se lo ha acusado de utilizar a la seguridad social como ‘caja chica’ cada vez que necesita recursos, la práctica lo confirma. No obstante, con el Issfa se aplica una modalidad distinta. Si al IESS el Estado le ha obligado a invertir en bonos estatales, en el caso del Issfa se ha optado por retener recursos.

El director del instituto explica que los $ 109 millones de aportes individuales que el Estado debe es dinero que en su momento el Ministerio de Economía y Finanzas descontó del sueldo de los militares, pero nunca fue transferido a las cuentas de la seguridad social, pese a que existieron órdenes de pago autorizadas y emitidas por el Ministerio de Defensa.

Pero no es el único rubro que adeuda. El Gobierno también debe cumplir con el pago de $ 85,4 millones que, desde el 2016 viene descontándoles a los militares por concepto del pago de créditos hipotecarios y quirografarios. “Y esto es algo que nos preocupa demasiado. Eso puede configurarse como una retención de fondos privados. Son mensualidades que    ya se descontaron, pero que no nos llega, que se las ha quedado Finanzas... Claramente eso demuestra que ha habido un desvío de recursos, que no se usan para pagarnos”. Eso, añade Vela, también ha dificultado    devolver cerca de $30 millones que los militares reclaman, tras haberse desafiliado del Fonifa un fondo de ahorro que la entidad creó con el fin de ayudar a sus asegurados.

La complejidad del tema, y las dificultades de poder frenar los impagos que se incrementaron el año pasado a raíz de la pandemia, obligaron al Issfa a solicitar a la Superintendencia de Bancos y a la Contraloría la realización de una auditoría. La Superintendencia lo hizo el año pasado y su trabajo arrojó la recomendación de “continuar efectuando nuevas gestiones a todo nivel a fin de alcanzar a lograr    un acuerdo... donde se determine programas de pago con fechas límites”.

Contraloría aún no se pronuncia sobre el pedido de un nuevo examen. Este Diario solicitó detalles al respecto, pero solo se remitió un resumen sobre los resultados a la auditoría aplicada hace tres años. En el análisis, que se centra en el período 2014 y 2018, reconoce valores pendientes y retenciones, pero no realiza observaciones al Ministerio de Finanzas por los incumplimientos. La cartera de Estado, por su parte, tampoco atendió un pedido de entrevista.

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Para Patricia Borja, especialista en Seguridad Social, el desafío para resolver estos impagos viene por el lado de reestructurar las formas en cómo los seguros del país se nutren de ingresos. “Hay que pensar en otras medidas que vayan disminuyendo la carga que tiene el Estado en cuanto a estas contribuciones”, dice. Entre las opciones está analizar un incremento de aportes u otro tipo de medidas que no generen un impacto significativo en la población asegurada. “Quizás se pueden fortalecer los portafolios de inversiones con la cual se puedan tener mejores niveles de rentabilidad”.