
Estado pagará salud, educación y justicia con ingresos petroleros, deuda y donaciones
A días de presentar la Proforma 2026, el Gobierno autoriza usar ingresos no permanentes para el gasto de sectores clave
A pocos día de presentar la Proforma del Presupuesto General del Estado 2026, el presidente Daniel Noboa emitió este 30 de octubre, el Decreto Ejecutivo 199, que establece medidas excepcionales para la gestión de las finanzas públicas durante el ejercicio fiscal 2026. El objetivo es dar margen al Ejecutivo para ajustar el presupuesto del próximo año asegurando la continuidad del gasto en sectores prioritarios.
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En el documento se explica que el Gobierno podrá financiar, de manera excepcional, los egresos permanentes de los sectores de salud, educación y justicia con ingresos no permanentes —como excedentes petroleros, deuda pública, donaciones, entre otros—, que normalmente se cubren con ingresos permanentes. La disposición se adopta por recomendación del Ministerio de Economía y Finanzas.
En el informe técnico elaborado por la Subsecretaría de Programación Fiscal, Presupuesto y Política Fiscal del Sector Público No Financiero, se advierte que “existe una brecha estructural presupuestaria, ya que el crecimiento de los ingresos permanentes es inferior al de las necesidades del gasto”. Según el documento, esta situación responde a “la inflexibilidad existente del gasto, asociada al cumplimiento del marco normativo vigente”, lo que hace necesaria “la calificación de la excepcionalidad de la regla fiscal” para el ejercicio 2026.
El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP) establece que las finanzas del Estado deben administrarse de forma sostenible y que los gastos permanentes deben cubrirse con ingresos permanentes. Sin embargo, el COPFP contempla una excepción para casos calificados como situaciones excepcionales, declarador por el Presidente de la República. En esos casos, se autoriza de manera temporal el uso de ingresos no permanentes para financiar gastos fijos.
¿Que dice el informe?
A partir de este análisis, el Ministerio de Economía y Finanzas concluyó que “desde el ámbito estrictamente jurídico, es oportuno solicitar la suscripción del correspondiente decreto ejecutivo”, con el fin de que el Presidente de la República “califique la situación excepcional” y autorice que los egresos permanentes de salud, educación y justicia se financien con ingresos no permanentes. El documento añade que la recomendación se formula “a fin de reducir la presión existente sobre el Presupuesto General del Estado”
Ante a la recomendación del Ministerio, el Decreto 199 modifica la regla fiscal que exige financiar el gasto permanente y los sustituye con ingresos no permanentes.
A esto se suma que, para el presupuesto de 2026, ya se preveían ajustes derivados de las fusiones ministeriales dispuestas por el Ejecutivo en julio de 2025, cuando —mediante el Decreto Ejecutivo 60— el Gobierno redujo el número de ministerios de 20 a 14 e integró carteras como Turismo con Producción, Deporte y Cultura con Educación, y Ambiente con Energía y Minas.
Un día antes de que concluyera el plazo legal para presentar la proforma presupuestaria del Estado—31 de octubre—, el Ejecutivo promulgó el Decreto 199, que introduce medidas excepcionales en el manejo fiscal.
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