Empresas de Colombia pedirán ante la CAN el reembolso de aranceles pagados a Ecuador

La Cámara Colombo Ecuatoriana prepara una demanda formal ante la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) para cuestionar los aranceles del 30% que Ecuador impuso desde el 1 de febrero, sobre todos los productos provenientes de Colombia, en lo que el gremio califica como "gravámenes injustificados" que violan el marco jurídico del bloque andino. El objetivo, según se explicó, es lograr el reembolso futuro de estos pagos. 

Olivia Díaz Granados, directora del gremio, en entrevista con EXPRESO, confirmó que la solicitud será presentada formalmente "durante la semana entrante", una vez concluida la revisión de los aspectos jurídicos del caso. La acción legal se promoverá "en representación de las empresas afiliadas al gremio y de aquellas sobre las cuales la organización tenga poder de representación", dijo. 

La CAN como árbitro: el fundamento legal de la demanda

El argumento central de la Cámara es que los aranceles impuestos por el gobierno ecuatoriano, y replicados esta semana por Colombia, que oficializó un gravamen del 30% para 23 líneas de productos ecuatorianos, son inconstitucionales e ilegítimos porque contradicen las normas supranacionales del Pacto Andino. Según la organización, únicamente el poder legislativo de cada nación tiene la facultad de imponer tributos, no el ejecutivo.

Díaz Granados calificó las medidas de "atrabiliarias" y señaló que atentan contra el libre comercio, frenan el desarrollo de los países miembros y generan inseguridad jurídica para la inversión extranjera en la región. Aunque reconoció que se trata de un proceso jurídico largo, enfatizó que defender los intereses de los empresarios es un deber irrenunciable del gremio. El objetivo final es que las empresas puedan recuperar los aranceles pagados bajo lo que consideran un "gravamen indebido".

El anuncio llega un día después de que Colombia oficializara su propio arancel de represalia, lo que agrava una crisis comercial que, según la Cámara, no tiene visos de solución a corto plazo dado que ninguno de los dos gobiernos ha adoptado compromisos reales para atacar las causas de fondo: el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando de mercancías en la frontera compartida.

Menor comercio bilateral e impacto al empleo

La Cámara cita que los efectos de esta medida ya se pueden cuantificar en cifras. Díaz Granados sostiene que el comercio bilateral ya ha caído un 70% durante los primeros 24 días de febrero, un colapso que no se limita al intercambio formal de mercancías sino que arrastra a toda la economía de servicios fronteriza: panaderías, peluquerías, hoteles, restaurantes y talleres automotores, entre otros.

La Cámara dice que antes se registraban 3.109 camiones con productos colombianos de exportación y entraban 1.764 camiones con oferta ecuatoriana. Hoy en día (una medición hecha  la semana pasada) han salido de Colombia 519 camiones y han entrado de importaciones 431.

La situación es especialmente grave en Ipiales, acota, donde 18.000 familias dependen directamente de los servicios instalados para atender el comercio bilateral. De los 1.800 empleos directos vinculados a ese ecosistema (almacenadoras, transportistas, agencias de aduanas y operadores logísticos), ya 1.000 están en riesgo inmediato de quedar cesantes. A estos se suman entre 3.600 empleos indirectos generados por las más de 120 empresas que prestan servicios de apoyo al comercio internacional en la zona.

En cuanto a empleo, las consecuencias también son para Ecuador. Cita las cifras dadas por la Cámara de Industriales de Ecuador, que dice que más de 200.000 trabajos directos en manufactura estarían en riesgo de perderse si la situación no se revierte.  

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