Roberto Romero
El Roberto Romero von Buchwald, Superintendente de Bancos.Liz Briceño

Ecuador lanza sistema contra lavado de activos con financiamiento de Estados Unidos

Plataforma tecnológica monitoreará personas políticamente expuestas y billetes de alta denominación en tiempo real

Este 17 de junio, la Superintendencia de Bancos del Ecuador lanzó oficialmente el proyecto CLEAR (Criminal Laundering Exposure and Analytics Resource), una plataforma tecnológica que costará 55.000 dólares y será financiada por el gobierno de Estados Unidos para fortalecer la lucha contra el lavado de activos y modernizar la supervisión del sistema financiero nacional.

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Durante el evento de lanzamiento, Lawrence Petroni, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, destacó que "el lavado de activos no es solo un delito financiero, es una puerta de entrada para que los recursos provenientes de delitos graves como la corrupción, el narcotráfico y la trata de personas se infiltren de manera perversa en el sistema financiero". Petroni enfatizó que "atacando a las finanzas del crimen organizado lograremos cortar los flujos económicos que alimentan sus operaciones ilícitas".

El proyecto se desarrolla en dos fases y cuenta con la colaboración de la Organización de Estados Americanos (OEA) como entidad ejecutora. La primera fase, ya iniciada, se centra en la implementación de la plataforma piloto para monitorear personas políticamente expuestas, mientras que la segunda fase apoyará la modernización tecnológica integral para la prevención del lavado de activos. Roberto Romero, superintendente de Bancos, explicó que CLEAR "busca implementar modelos subtech que nos permitan contar con analítica avanzada, automatización y plataformas interoperables para la supervisión financiera".

Plataforma tecnológica contra el crimen financiero

Una de las innovaciones centrales es la plataforma piloto para gestión de Personas Expuestas Políticamente (PEP). Según datos presentados por Yesenia Casco, intendenta general de Riesgos, actualmente existen 62,341 personas políticamente expuestas registradas en 23 entidades bancarias privadas, de las cuales 39.6% son mujeres y 37,639 son hombres.

Francisco Berzón, intendente general de la Superintendencia, indicó que "esta herramienta también permitirá construir árboles genealógicos, cargar información relevante al sistema y contar con datos en tiempo real", facilitando la identificación de posibles riesgos asociados al lavado de activos.

El sistema permitirá que los bancos accedan automáticamente a información verificada sobre PEP mediante número de cédula, eliminando la necesidad de que los clientes declaren su condición política.

Otro componente crítico del proyecto es el seguimiento de billetes de alta denominación. Los datos revelan que hasta marzo de 2025, ingresaron al sistema financiero 800 millones

de dólares en billetes de alta denominación, principalmente de $100 (713 millones) y $50 (87 millones).

Francisco Berzón explicó que "Ecuador se convirtió en un país exportador de billetes de alta denominación" y que el sistema permitirá "tener una trazabilidad de dónde se originó ese billete, en dónde ingresó, a dónde se movió y cuál fue el destino final".

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El análisis geográfico muestra que Guayas es la provincia con mayor registro de billetes de alta denominación, mientras que las nacionalidades que más depositan estos recursos son ecuatorianos, seguidos por colombianos, venezolanos y chinos. Por su parte, Yesenia Casco detalló que la plataforma también permitirá conocer las transacciones que se reciben y envían desde diferentes países, incluyendo el tipo de tarjeta utilizada, el motivo de la transacción y la entidad financiera donde se realizó cada operación internacional.

Durante sus cinco meses de gestión, Romero reportó que la Superintendencia ha "identificado y alertado a la ciudadanía, a la UAFE y a la Fiscalía General del Estado sobre 48 organizaciones que no cuentan con autorización para ser intermediario financiero".

El proyecto promete revolucionar la supervisión financiera mediante interoperabilidad entre entidades públicas y privadas, automatización de alertas y herramientas analíticas para decisiones en tiempo real. Gina Ochoa, representante de la OEA, confirmó el compromiso de la organización para acompañar la segunda fase del proyecto.

La iniciativa representa un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado en Ecuador, estableciendo estándares internacionales en prevención del lavado de activos y fortalecimiento institucional.

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