Ecuador: confrontación de poderes frena inversión y dispara déficit
En el primer semestre de 2025 el país tiene un déficit de 1.500 millones de dólares
El Ecuador enfrenta una doble crisis que combina el deterioro acelerado de las finanzas públicas con una inestabilidad institucional que frena la inversión. La confrontación entre poderes del Estado está generando un costo económico que va más allá del déficit fiscal, según advierte la Corporación de Estudios para el Desarrollo (CORDES) en su boletín "Los impactos económicos de la debilidad institucional".
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En el primer semestre de 2025, el país pasó de un superávit de 200 millones de dólares registrado en igual período de 2024 a un déficit de 1.500 millones de dólares, dijo José Hidalgo, director general de CORDES, en una entrevista en Teleamazonas, este 12 de agosto.
Este deterioro fiscal de 1.700 millones de dólares en un año se explica por dos factores. Los ingresos cayeron de 11.700 millones de dólares a 11.500 millones de dólares, pero el mayor problema fue el disparo del gasto público que saltó de 11.500 millones de dólares a 13.000 millones de dólares.
El incremento del gasto se concentró en compra de bienes y servicios, relacionado con el proceso electoral del primer semestre, detalló Hidalgo.
La crisis fiscal se agrava porque el país se volvió dependiente de impuestos temporales que ya no están vigentes. En años anteriores, Ecuador implementó "casi una reforma tributaria por año" con impuestos temporales a las ventas, al patrimonio y a las utilidades para obtener recursos de emergencia, explica el Director.
El problema es que estos ingresos extraordinarios de 2024 no se repitieron en 2025, lo que explica parte del deterioro fiscal. Además, estas medidas "no terminan solucionando de manera estructural el déficit fiscal", según CORDES, y afectan la inversión porque "no permiten que las empresas tengan una idea clara de cuánto va a rendir su inversión en el futuro".
A esto se suma que los ingresos petroleros también registran una "caída severa", tanto por la reducción del precio internacional como por la disminución en los niveles de producción.
Los ataques del Ejecutivo a la Corte Constitucional están generando incertidumbre en sectores clave que requieren grandes inversiones: minería, petróleo y electricidad.
"Si yo como empresario minero tuviera la certeza de que esa corte está bajo poder del ejecutivo, ¿por qué voy a ir a invertir en ese país?", planteó Hidalgo, citando el caso de las empresas mineras que consideran inconstitucional la tasa minera gubernamental.
Las empresas necesitan certeza de que existe una instancia judicial independiente donde apelar las decisiones gubernamentales que consideren perjudiciales.
CORDES alerta sobre el riesgo de que grupos con tendencias autoritarias controlen la Corte Constitucional mediante destituciones de jueces a través de juicios políticos. Esto representa una amenaza directa a la división de poderes.
El impacto a largo plazo
Ecuador lleva 10 años con un crecimiento económico de apenas 1,3 % anual, mientras la inversión cae más del 1 % cada año en el mismo período.
Esta combinación ha llevado al país a ubicarse "a la cola entre los países de la región" en recepción de inversión extranjera directa, según CORDES.
Las cifras lo confirman: Ecuador captó apenas $232 millones en inversión extranjera directa en 2024, un 51 % menos que en 2023 y la cifra más baja en 14 años. El contraste regional es dramático: Colombia atrajo 17.000 millones de dólares y Perú 7.000 millones de dólares en el mismo período.
Las consecuencias llegan al ciudadano común a través del mercado laboral. Sin inversión "no hay empleo formal", explicó Hidalgo.
Esto ha resultado en "una tasa de informalidad en niveles récord y una tasa de empleo adecuado que no alcanza ni siquiera el mediocre 40 % que teníamos antes de la pandemia".
La organización propone revisar las transferencias de 3.000 millones de dólares anuales que el Estado central envía a gobiernos seccionales. Estos recursos "muchas veces no tienen una adecuada rendición de cuentas" y se utilizan en gasto corriente pese a que la ley obliga que sean principalmente para inversión.
CORDES hace un "llamado a una estabilidad institucional en el país" como factor clave para atraer inversión, complementando las medidas fiscales ya implementadas como el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 15 % y la reducción del subsidio a las gasolinas.
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