Un sombrío diagnóstico. Ocho economistas presentaron un análisis de la situación fiscal de Ecuador y plantean cuatro medidas para hacer frente a la calamitosa situación de las finanzas públicas. 

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"Las finanzas públicas del país están en estado crítico, situación sólo comparable con los peores momentos de la pandemia", señalan los PhD en economía José Castillo Burbano, Julián P. Díaz, Manuel González Astudillo, Daniel Lemus Sares, José Lima Reyna, Francisco Rumbea Pavisic, Leonardo Sánchez Aragón y Xavier Villavicencio Córdova. 

Dos de ellos, Lemus Sares y Sánchez Aragón, fueron viceministros de Economía y Finanzas durante el gobierno de Guillermo Lasso. 

Los economistas detallan que los gastos excedieron en 5.400 millones de dólares a los ingresos en 2023, producto principalmente de la caída de los ingresos petroleros, gastos relacionados a seguridad y decisiones de la Corte Constitucional. 

Además, se tuvo que posponer para el 2024 el pago de 1.500 millones de dólares a contratistas y 3.000 millones de dólares al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por falta de recursos. 

Los especialistas calculan que para este año, si no hay reducción de gastos y/o aumento de ingresos fiscales, se prevé que el déficit fiscal, es decir, los gastos excedan a los ingresos en 5.800 millones de dólares y que el gobierno tenga que desembolsar 5.000 millones de dólares adicionales para repagar las deudas que contrajo en el pasado. 

Eso significa que el gobierno tendrá que pedir préstamos por 11.000 millones de dólares  aproximadamente para poder hacer frente al pago de sueldos públicos, proveedores y subsidios, entre otros rubros, además de no caer en moratoria con los acreedores internos y externos.

Advierten que si el gobierno no encuentra financiamiento en condiciones razonables, lo más probable es que este año se tenga que dejar de pagar salarios a servidores públicos (militares, policías, médicos y profesores), retrasarse más con proveedores, dejar de pagar subsidios, o entrar en moratoria de deuda con acreedores internos (banca privada e IESS, entre otros) y externos (acreedores externos y organismos internacionales). 

Si eso llegara a suceder, ocurrirá una crisis financiera de magnitudes incuantificables que puede poner en riesgo el sistema de dolarización, advierten los expertos. Este escenario es todavía más complejo con el recrudecimiento de los problemas de seguridad interna que nos aquejan. La guerra al crimen organizado necesita recursos que sabemos que no tenemos.

El principal problema del Estado, según los doctores en economía, es que no genera suficientes ingresos permanentes (tributos) para cubrir sus gastos permanentes (sueldos, proveedores, bonos sociales, transferencias a GADs, subsidios). Este problema se agrava aún más cuando por mandato de la Constitución, los presupuestos de salud y educación deben subir en 0,5% del PIB cada año (1.200 millones de dólares en la actualidad).

En ese contexto, apoyan la propuesta del presidente Daniel Noboa de incrementar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 12 al 15 %. Además, el Gobierno debe focalizar los subsidios a los combustibles.

Sobre los ingresos, los economistas plantean: 

• Avanzar en los esfuerzos por transparentar las gestiones de la compra de hidrocarburos y la venta del crudo, así como impulsar un seguro para proteger de las fluctuaciones del precio de petróleo. o
• El gobierno debe profundizar en la focalización del subsidio a los combustibles (extra y diésel), compartiendo parte del riesgo de precios con el sector privado. Esta medida puede generar aproximadamente $1.200 millones de ingresos adicionales al año a través de Petroecuador. De estos ingresos adicionales, $500 millones podrían venir rápidamente de una eliminación del subsidio a las gasolinas extra y ecopaís.

Sobre el control del gasto: 

• Los incrementos anuales al presupuesto de salud y educación deben realizarse con respecto a la real capacidad que tienen de ejecutar los ministerios (devengado), no con base a una asignación sin financiamiento claro (codificado). 
• Congelamiento por al menos cinco años de cualquier incremento automático de sueldos a personal que trabaje para el Estado bajo leyes de escalafón.

"El descontento social por estas medidas será inevitable. Sin embargo, el sacrificio necesario para abordar el problema será insignificante en comparación con la intensidad del sufrimiento que generaría la crisis que se podría desencadenar. Medidas como la focalización de los subsidios, ayudan a apuntalar los ingresos fiscales, y quitan una fuente de ingreso vinculada a grupos de delincuencia, que justamente estamos queriendo combatir".

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