¿Le jugará en contra a Marcela Aguiñaga su postura frente a Daniel Noboa? Análisis

Este 17 de marzo de 2026, la relación entre el presidente Daniel Noboa y la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, vuelve a tensarse en un momento políticamente sensible. La afirmación de la autoridad provincial —quien aseguró que no mantiene diálogo con el Ejecutivo— no solo evidencia una fractura institucional, sino que reabre el debate sobre cómo este distanciamiento puede impactar su gestión y su futuro electoral.

El escenario no es menor. A puertas de las elecciones seccionales, la falta de coordinación entre niveles de gobierno se cruza con temas clave como la ejecución de obras, el financiamiento estatal y decisiones polémicas como la prórroga de concesiones viales. En ese contexto, la figura de Aguiñaga entra en una zona de evaluación pública donde gestión y estrategia política comienzan a entrelazarse.

Fragmentación institucional y efectos en la gestión

Más allá del plano político, el distanciamiento entre el Ejecutivo y la Prefectura tiene implicaciones estructurales. Para el politólogo Santiago Pérez, no se trata únicamente de una mala relación personal, sino de una ruptura de poder en una de las provincias más relevantes del país. En su análisis, advierte que “no solo se trata de una mala relación personal, sino (…) de la ruptura entre dos centros de poder en la provincia (…) más importante en términos económicos del país.”

Esta falta de coordinación, añade, proyecta una imagen de “fragmentación institucional”, donde incluso temas como la obra pública o la seguridad empiezan a leerse más en clave de disputa política que de gestión. En una provincia atravesada por problemas de inseguridad y bajo medidas como toques de queda, esa desarticulación se vuelve más visible —y más costosa— ante la opinión pública.

En la misma línea, el analista José Luis Morales sostiene que esta ruptura debe analizarse también desde la gestión pública. A su criterio, la falta de diálogo tiene consecuencias concretas, ya que “que no se comunique una prefecta con el ministro (…) implica inmediatamente una incapacidad para gestionar la política pública”, especialmente en proyectos que dependen de coordinación interinstitucional.

Gestión bajo escrutinio y narrativa de campaña

En paralelo, la gestión de Aguiñaga enfrenta un mayor nivel de exposición pública. Las decisiones sobre concesiones viales y obras de infraestructura se perfilan como ejes centrales del debate electoral, lo que obligará a la prefecta a sostener y defender su administración.

Desde la lectura del analista César Febres-Cordero, el reto pasa por construir una narrativa sólida alrededor de esas decisiones. En su criterio, la prefecta “tiene que defender las decisiones que ha tomado (…) sobre el quinto puente y enfatizar lo positivo en las obras que ha hecho”, lo que implica trasladar la discusión técnica al terreno político.

Bajo esa lógica, el enfoque de campaña podría centrarse en resultados concretos. Según explica, Aguiñaga deberá “enfatizar lo que ha podido hacer con el poco presupuesto (…) y presentarse como una candidata de las obras”, buscando posicionarse como una gestora eficiente pese a las limitaciones.

Pero, como advierte Pérez, el problema no es solo combatir críticas, sino evitar que estas se acumulen en una sola percepción negativa. Desde su lectura, existen varios frentes abiertos —político, administrativo y narrativo— que pueden confluir en un desgaste si no se gestionan adecuadamente.

Esto es clave en un contexto donde la ciudadanía exige resultados visibles, especialmente en infraestructura y vialidad, lo que vuelve más sensible cualquier retraso o conflicto.

Riesgo de escalamiento: de la disputa política a la judicialización

De acuerdo con el análisis de Morales, el conflicto entre la Prefectura del Guayas y el Ejecutivo ha trascendido la esfera de la retórica política para situarse en un escenario donde la disputa tiende a trasladarse a los tribunales; la prolongación de las tensiones entre autoridades suele derivar en un desplazamiento del conflicto hacia otros estamentos del Estado. En este punto, los mecanismos de fiscalización y el sistema de justicia pueden llegar a integrarse en la disputa, con el consecuente impacto en la gobernabilidad.

Bajo esta perspectiva, Febres-Cordero plantea que estas dinámicas se inscriben en un sistema donde las instituciones corren el riesgo de ser instrumentalizadas como herramientas de presión. En su análisis, sostiene que estos hechos “deben leerse en un país en el que la justicia electoral y en general el sistema judicial (…) son utilizados por los políticos”, lo que introduce un componente de riesgo en la confrontación.

Este fenómeno opera como un mecanismo de advertencia dentro del tablero político. Según Febres-Cordero, el actual entorno sugiere una lógica de presión donde “esto debe leerse como una amenaza (…) o te alineas conmigo (…) o estarás expuesta a la persecución política o por lo menos a problemas con las autoridades”. Esta dinámica se ve reforzada por la aparición de procesos de auditorías que coinciden con los momentos de mayor tensión política.

No obstante, la eficacia de esta transición hacia el ámbito legal encuentra un límite en la percepción ciudadana. Al citar datos del consultor Pedro Donoso, Febres-Cordero observa una desconexión en la opinión pública: si bien existe una lectura social sobre el uso político de la justicia, esto no se traduce necesariamente en respaldo hacia los actores involucrados. Esta tendencia sugiere que la victimización posee un alcance limitado; en un entorno donde el electorado distingue entre la pugna institucional y el interés general, el conflicto corre el riesgo de generar un desgaste en la institucionalidad sin producir réditos políticos claros.

Una estrategia de “tercera vía”

En medio de esta tensión, Aguiñaga parece apostar por una posición intermedia. Pérez identifica que la prefecta intenta construir un perfil político propio, alejado tanto del oficialismo como del correísmo más duro. En ese sentido, señala que busca “ocupar un espacio intermedio (…) una tercera vía”, combinando una postura firme con apertura al diálogo.

Esta estrategia, además, se alinea con su intención de proyectarse con una estructura propia de cara a la reelección. No obstante, el equilibrio es frágil. Como advierte el propio analista, en campaña los electores tienden a castigar la confrontación si esta se percibe como un obstáculo para la gestión, ya que una autoridad que busca reelegirse necesita demostrar “capacidad de resolver, de coordinar y de entregar resultados efectivos” .

En cambio, para Morales, Aguiñaga enfrenta una "estrategia medio contradictoria". Por un lado, mantiene una distancia ideológica necesaria para denunciar lo que considera persecución política hacia otros líderes locales. Por otro, reconoce que "no se puede gestionar desde la enemistad política" y que necesita acortar distancias con el Ejecutivo para evitar la inoperancia en su gestión.

Finalmente, el análisis sugiere que este escenario de ruptura es funcional para los intereses del Gobierno Nacional. Mientras que para Aguiñaga el conflicto dificulta la entrega de resultados, para la administración central funciona como una plataforma para "capitalizar el descontento" y debilitar a potenciales adversarios electorales en provincias clave como Guayas.

Entre la confrontación y la gobernabilidad

La tensión entre Marcela Aguiñaga y el Gobierno de Daniel Noboa refleja un escenario donde la gestión pública y la disputa política se entrelazan cada vez más. En este contexto, el desafío no es solo sostener una postura, sino evitar que el conflicto eclipse la capacidad de gobernar.

Como coinciden los analistas, el desenlace no dependerá únicamente del enfrentamiento en sí, sino del relato que logre imponerse: el de una autoridad atrapada en la disputa o el de una líder que defiende la autonomía provincial sin sacrificar resultados.

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