
El crédito en Ecuador crece, pero persiste la exclusión financiera
Solo el 30% de los ecuatorianos accede a crédito formal, según estudio
Miles de ecuatorianos están siendo empujados hacia el mercado financiero informal debido a las restricciones de tasas de interés que, paradójicamente, fueron diseñadas para protegerlos. Esta situación los expone a condiciones mucho más peligrosas: tasas superiores al 1200% anual, violencia en la cobranza y extorsión.
La evidencia se recoge en el estudio Crédito Bancario como Motor del Crecimiento Económico en el Ecuador, presentado por la investigadora Marcela Guachamín de la Escuela Politécnica Nacional, durante el III Congreso de la Asociación de Economía del Ecuador, celebrado en Quito, este 5 de junio de 2025. Este revela una contradicción alarmante en el sistema financiero ecuatoriano. Mientras las autoridades mantienen techos de tasas para “proteger” a los consumidores, estos mismos límites están cerrando las puertas del crédito formal a los sectores más vulnerables.
Por otra parte, “contrario a lo que muchos pueden creer, las propuestas de eliminar el historial crediticio y la información de los burós de crédito no hacen más que exponer a estas personas a un financiamiento informal, que no solamente tiene tasas de más del 1200%, sino que los expone a prácticas inadecuadas de cobranza, violencia para ellos mismos, para su familia, extorsión y demás”, advierte Cristina Carrera, directora económica de Asobanca.
Los números exponen la magnitud del problema: mientras el 80% de los ecuatorianos tiene productos básicos como cuentas de ahorro, solo el 30% accede a créditos formales. Esta brecha de 50% representa a más de 8 millones de personas que, cuando necesitan financiamiento, terminan recurriendo al mercado informal.
Un sistema que excluye en lugar de proteger
La investigación de Guachamín, que analizó datos desde 2003 hasta 2024, demuestra el costo económico de esta exclusión. Cada dólar de crédito formal genera 90 centavos de crecimiento económico a través de la inversión, pero ese beneficio se pierde cuando las personas recurren a prestamistas informales.
Marco Rodríguez, presidente ejecutivo de Asobanca, describe la realidad del sistema actual. Mientras algunos ecuatorianos con buen historial crediticio reciben llamadas ofreciéndoles créditos preaprobados, “la mayoría no recibe ese mensaje, y los que van a pie se sientan con el oficial de crédito y les dicen: ‘No califica, señor, señora’”.
Estos ciudadanos rechazados por la banca formal terminan acudiendo a prestamistas informales que operan sin regulación. “Los techos de las tasas de interés desgraciadamente no es algo nuevo, (eliminarlos) es una sugerencia que viene por años”, añade Rodríguez, quien sostiene que “la política de poner techos parece simplemente un discurso político que termina excluyendo a muchos sectores de la población ecuatoriana”.
La paradoja del sistema queda en evidencia al comparar las tasas promedio de Ecuador con países similares como Perú y Panamá: pese a los supuestos techos “protectores”, las tasas ecuatorianas siguen siendo más altas. Los techos no protegen; crean una falsa sensación de seguridad mientras empujan a los más vulnerables hacia mercados sin ninguna protección.
Juan Pablo Erráez, economista senior del Fondo Monetario Internacional en Ecuador, confirma que esta problemática ha sido reconocida a nivel internacional. El estudio de evaluación financiera conjunto FMI-Banco Mundial de 2022 ya identificó la necesidad urgente de “repensar el esquema de tasas de interés máxima con el objetivo de buscar mayor inclusión financiera”.
Los grupos más afectados son justamente aquellos que el sistema dice proteger. Las mujeres, aunque han avanzado hasta representar el 43% de la cartera de personas naturales, según Cristina Carrera, aún enfrentan barreras significativas y son uno de los grupos más afectados por la exclusión cuando no califican para crédito formal. Los jóvenes menores de 35 años luchan por construir historial crediticio, y muchos microemprendedores simplemente no califican para créditos formales.
Cuando estos grupos necesitan financiamiento para emergencias médicas, educación o emprendimiento, no encuentran alternativa. Se ven forzados a recurrir a prestamistas informales que, además de cobrar tasas usurarias, utilizan métodos violentos de cobranza.
“Es importante que se evalúe el desarrollo económico mediante las fuentes de financiamiento y que existan las condiciones de mercado a través de una gestión de riesgo técnica y prudente”, señala Guachamín, quien propone adecuar el marco normativo para facilitar la fluidez del crédito e incorporar regulaciones alineadas con las mejores prácticas internacionales.
La evidencia económica refuerza la urgencia del cambio. En 2024, pese a una recesión del -2%, el crédito bancario formal creció un 9% y fue “un factor clave para sostener la economía”, según el Banco Central. Este crecimiento benefició a quienes ya tenían acceso al sistema, mientras los excluidos sufrieron por partida doble: por la crisis económica y por endeudarse en mercados informales.
Para 2025, el crédito formal ya alcanza el 10.5%, pero sigue concentrado en los mismos segmentos. Los techos de tasas mantienen a millones de ecuatorianos fuera del sistema financiero formal, donde enfrentan no solo tasas abusivas, sino riesgo de violencia física.
Rodríguez identifica una oportunidad política: “En este momento, el entorno político que requiere un impulso mayor a la reactivación podría tomar esta como una herramienta para mejorar el crecimiento de la economía”. El estudio demuestra “la estrecha relación que existe entre mayor inclusión, mayor crédito y crecimiento de la economía”.
Los expertos coinciden en que la solución requiere “un espacio abierto de diálogo con argumentos técnicos entre el regulador, el supervisor y las entidades financieras”, donde se planteen soluciones con visión de país. Carrera subraya que “el crédito no es una mera transacción financiera, sino una transacción de transformación”.
Mientras las autoridades mantienen la normativa inalterada, los afectados siguen sumándose. La reforma del sistema de tasas ya no es solo una recomendación técnica, sino una urgencia para el sistema.
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