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El sistema financiero se muestra solvente y líquido, pero se requieren ajustes para impulsar su desarrollo.archivo / Expreso

Reforma financiera: un solo control para todo el sistema

Fortalecer la estabilidad y transparencia del sistema financiero es indispensable 

El sistema financiero de Ecuador, visto en su generalidad, presenta buenas bases de liquidez y solvencia. Mas, para potenciar al Ecuador hacia el futuro, hay que poner límites en la Constitución a las facultades de los reguladores, evitando que intenten convertirse en administradores direccionando los préstamos o las inversiones de las instituciones financieras, como se pretendió hace algunos años.

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En un contexto de debate ante una eventual Constituyente, en el que este Diario se desafía a dar voz a las propuestas ciudadanas para encaminar al país hacia un mejor desarrollo, es imprescindible también impulsar reformas en materia financiera.

Un punto medular del que se puede partir es que la legislación secundaria deba estar siempre guiada por las mejores prácticas internacionales, para precautelar el ahorro de millones de personas. Pero también delimitar adecuadamente las responsabilidades de accionistas, socios o administradores de las entidades financieras, para fomentar su participación en este mercado con enorme potencial de expansión. En ese sentido, en materia bancaria se propone lo siguiente:

Reglas universales

Que todas las actividades de captación habitual de depósitos del público (las que hacen bancos, cooperativas, etc.) estén sometidas a las mismas reglas en cuanto a requerimientos de solvencia, liquidez y prácticas prudenciales, con la finalidad de proteger a los depositantes.

Un solo ente rector

Que no solo la regulación, sino también el control de quienes se dediquen habitualmente a la captación de depósitos del público, esté a cargo de una sola Superintendencia (la de Bancos) y no dividida, como ahora, entre la de Bancos y la de la Economía Popular y Solidaria, que vigila a las cooperativas. Es más, la Superintendencia de Bancos debe también estar a cargo de regular y controlar todas las actividades financieras, incluido el mercado de seguros.

Emular prácticas

Que la legislación (secundaria) en materia financiera deba adoptar siempre las mejores prácticas internacionales en materia de solvencia y liquidez. Mas que en ningún caso pueda: (i) direccionar o limitar el destino de préstamos o inversiones; ni (ii) establecer límites a las condiciones de mercado para préstamos, inversiones o captaciones de depósitos, sin perjuicio de establecer una tasa máxima (general) para efectos de usura.

Responsabilidades

Que en caso de fraude en una institución financiera, quienes lo orquesten (independientemente de su condición de accionistas, socios o administradores) respondan por las pérdidas solidaria e ilimitadamente, con su propio patrimonio. Siendo claro, empero, que el socio o accionista, solo por serlo, no es automáticamente responsable del riesgo de pérdidas (salvo la pulverización de lo invertido, claro está).

Eliminar restricción

Que ser socio o accionista de bancos o cooperativas no impida tener otros negocios, sin perjuicio de mantener las estrictas reglas, hoy vigentes y en práctica, que prohíben los préstamos a vinculados.

Estas propuestas apuntan a establecer un marco constitucional moderno y claro que fortalezca la estabilidad del sistema financiero ecuatoriano. La unificación del control bajo la Superintendencia de Bancos permitirá aplicar estándares homogéneos a todas las entidades que captan depósitos del público, eliminando asimetrías regulatorias que pueden generar riesgos sistémicos.

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Al mismo tiempo, se pretende equilibrar la responsabilidad de quienes dirigen instituciones financieras, estableciendo consecuencias patrimoniales personales en casos de fraude, pero sin imponer responsabilidades excesivas que limitan innecesariamente la actividad empresarial.

Mirar hacia afuera y adoptar las mejores prácticas internacionales se vuelve clave porque facilitaría la integración del Ecuador a los mercados financieros globales, mejorando el acceso a capital y reduciendo costos de intermediación.

En esa línea, la Constitución debería impedir que leyes o regulaciones restrinjan a las instituciones financieras para invertir en sectores financieros internacionales que cuenten con supervisión al menos igual que la local. Lo que se busca es tener un sistema financiero más sólido, transparente y confiable, que beneficie tanto a los depositantes como al desarrollo económico del país.

Esta propuesta la plantea el Dr. Eduardo Carmigniani.

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