Cómo contrarrestar el daño económico: Lecciones del caso Austral y Progen

Los contratos entre el Estado ecuatoriano y las empresas Progen Industries LLC (de EE. UU.) y Austral Technical Management (ATM) han sido objetos de auditorías que revelaron graves irregularidades y un perjuicio económico estimado en $140 millones, para el país.

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Esas empresas habían sido contratadas por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP), para instalar, en el caso de Progen, plantas termoeléctricas de emergencia en Salitral (100 MW) y Quevedo (50 MW); y en el caso de Austral, para la central termoeléctrica Esmeraldas III (91 MW).

Esos megavatios de energía eran claves para enfrentar el estiaje que está previsto entre septiembre de 2025 y marzo de 2026 y con los que el Gobierno esperaba sumar en la ayudar de evitar los apagones eléctricos masivos como sucedió el año pasado. 

¿Por qué se retiraron los contratos?

Los contratos para obtener la energía de emergencia han sido cuestionados porque, según la Contraloría General del Estado y el mismo ministerio de Ministerio de Energía, ambos proyectos terminaron en incumplimientos graves.

Según la Contraloría, en el caso de Progen, los equipos entregados no eran nuevos ni fueron adquiridos directamente del fabricante, violando el contrato; además se detectó una adenda modificatoria que facilitó pagos sin respaldo técnico.

En el caso de Austral, la empresa no tendría capacidad técnica ni financiera para el proyecto; los equipos eran usados, fabricados en 2016 y posiblemente provenientes de África y funcionaban con una frecuencia incompatible con el sistema eléctrico ecuatoriano.

¿Cómo contrarrestar el daño económico de alrededor de $140 millones que dejaron estos contratos fallidos? Y ¿cuáles son las lecciones que les dejan estos casos al Estado?

Para el analista económico y experto en temas petroleros y energéticos, Nelson Baldeón, si bien el dinero perdido por parte del país no se podrá recuperar ni con las garantías de los contratos fallidos, estos casos dejan una lección principal al Gobierno: delegar el sector energético al sector privado.

“Estos casos han revelado una vez más, que el Gobierno es mal administrador y que debe delegar esos procesos al sector privado quien tiene además financiamiento, puede asumir el riesgo y responder (en caso de que algo no resulte)”, menciona el experto.

Baldeón también señala que, otra de las lecciones que dejan estos contratos fallidos, es que el Estado debe contar con personal especializado en un área tan importante como el sector energético, empezando por quienes lideran. “Empezando por la ministra de Energía que es una aboga ambientalista, no es experta energética. Desde ahí se comenten esos errores”, añade.

El también analista económico, Jorge Calderón, añade que, estos contratos fallidos también pueden manchar la reputación del país, a nivel internacional, ya que las empresas involucradas lo denuncian ante organismos internacionales. Y como otra lección, sostiene que los encargados en verificar que los contratos se lleven a cabo de buena manera, deben ejecutar procesos más expeditos “para garantizar que la solución la tengamos prontamente, porque a veces las situaciones se entorpecen por procesos burocráticos”. 

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