Camaroneros, inquietos por un nuevo control que eleva sus costos
El Gobierno pide inspeccionar el uso de un químico empleado el proceso productivo
En los últimos años, el sector camaronero ha debido adaptarse a diversas regulaciones relacionadas con el manejo de sustancias sujetas a control. Primero el ejército quiso duplicar el control del peróxido, ahora el Ministerio del Interior busca que paguen por una guía para controlar el uso de metabisulfito de sodio, un químico que se emplea en el proceso de producción.
Uno de los antecedentes más importantes ocurrió cuando el Ejército ecuatoriano incluyó al peróxido dentro de la lista de sustancias fiscalizadas, debido a su potencial uso como precursor en la fabricación de estupefacientes, explicó a Diario EXPRESO José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura.
Aclaró que mucha de la información solicitada ya constaba en documentos oficiales de la Subsecretaría de Acuacultura. Con este contexto, en el caso del Ejército acogió las observaciones, ajustó los plazos y aceptó simplificaciones del proceso, en el caso del peróxido.
Hoy el escenario se repite, pero esta vez la regulación proviene del Ministerio del Interior, se va a controlar el uso del metabisulfito de sodio, un insumo ampliamente empleado como preservante en la industria alimentaria: está presente en vinos, carnes y en el propio proceso de producción del camarón. Su función es evitar la descomposición del producto.
Un costo millonario
Para los camaroneros está bien el control, siempre y cuando no tengan que pagar por ello. El peróxido y el metabisulfito de sodio puede ser utilizado como estabilizador en la elaboración de drogas, razón por la cual el Ministerio ha anunciado que implementará nuevos controles a partir del 1 de enero de 2026, dijo Camposano.
Entre las exigencias figura la creación de una nueva guía online para registrar los movimientos del metabisulfito.
Y ante ello, el sector ha señalado varias observaciones: muchas fincas están ubicadas en islas o zonas sin conectividad; hoy ya existe una guía de remisión emitida por el SRI que incluye la trazabilidad de todos los insumos, por lo que bastaría con agregar un campo específico para el metabisulfito. Crear una guía adicional generaría duplicidad de trámites y costos.
La nueva guía tendría un valor de 6,58 dólares por emisión. Para las grandes empresas esto implicaría un gasto anual entre 30.000 y 50.000 dólares. A nivel de todo el sector, el costo agregado superaría los 3 a 4 millones de dólares anuales. Un impacto directo en la competitividad.
El gremio advierte, además, que el Ministerio del Interior difícilmente contará con el personal suficiente para controlar físicamente 230 mil hectáreas de camaroneras.
Por estas razones, el sector está remitiendo un oficio al Ministerio del Interior con copia a los ministerios de Agricultura, Comercio y otras autoridades competentes. El documento solicita tres puntos principales: Extender el plazo de implementación, pues el sector no está en condiciones de cumplir para el 1 de enero de 2026.
Evitar trámites duplicados, que se aproveche la guía de remisión ya existente del Servicio de Rentas Internas, incorporando los campos necesarios. Y, revisar el cobro de la guía, por no representar un servicio directo al productor y por su alto impacto económico. El diálogo está abierto. El sector confía en que, como ocurrió en el pasado, se puedan ajustar los mecanismos de control sin afectar la operación, la competitividad ni los costos productivos.
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