Anulación de la Ley de Integridad Pública deja en el aire la Junta Monetaria
La Ley fue declarada inconstitucional. La remisión tributaria y evaluación de funcionarios públicos están también en el limbo
La declaración de inconstitucional de la Ley Orgánica de Integridad Pública deja en el aire iniciativas relacionadas con la conformación de la nueva Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, sus funciones. Además, la remisión tributaria y la evaluación del desempeño de los servidores públicos, y otros.
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La Corte Constitucional declaró el 27 de septiembre de 2025 a esta norma, su reglamento y normas conexas inconstitucionales, por vulnerar la unidad de materia, publicidad y deliberación democrática. Lo propio ocurrió con la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional
“Estas decisiones recuerdan que ninguna ley puede aprobarse con atajos que limiten el debate público o sin una verdadera justificación económica”, refirió el máximo órgano de control e interpretación de la Constitución.
¿Qué temas planteaba la Ley Orgánica de Integridad Pública?
Entre otros temas esta norma, que entró en vigor el 26 de junio de 2025, planteaba conformar la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, que debía identificar las cooperativas de ahorro y crédito que deben transformarse bancos y más.
Para implementar estos cambios, el pleno de la Asamblea Nacional posesionó a mediados de septiembre de 2025 a Gustavo Camacho, Silvia Moya, Roberto Basantes, María Isabel Camacho y Jeniffer Rubio como integrantes de la nueva Junta. Sin embargo, tras invalidar esta Ley su futuro es incierto.
Marco López, exsuperintendente de Bancos, precisa que estos procedimientos se cumplieron, mientras la Ley estuvo vigente. Pero, tras su anulación esta entidad -que cumple las funciones de la Junta Monetaria y de la Junta Financiera- se queda sin funciones.
“La Junta puede estar legítimamente nombrada, Pero no tiene nada que hacer, porque no existe la Ley”, precisa López.
De esta manera, no puede tomar acciones para realizar reformas para el mercado financiero del país, que está conformado por bancos, cooperativas, mercado de valores, compañías de seguros, medicina prepagada; y por el Banco Central del Ecuador. Aunque, López enfatiza que sí existen normativas que regulen este sector.
Para dirimir esta situación, López considera que esta junta podría trabajar de manera ad-hoc para el Ejecutivo y que así emita las regulaciones. que sean necesarias vía Decreto.
Andre Benavides, abogado constitucionalista, cree que se debe ir más allá y solicitar al máximo órgano de control e interpretación de la Constitución una ampliación y aclaración sobre cómo debe operar esta instancia, una vez que las juntas anteriores desaparecieron, tras reformar el Código Orgánico Monetario y Financiero.
Remisión tributaria y evaluación de servidores públicos en Ecuador
La Junta debía también impulsar un proceso para identificar las cooperativas de ahorro y crédito que se deben transformar en bancos. Esta disposición justamente provocó que se presenten demandas de inconstitucionalidad contra la normativa.
Tras la decisión de la Corte, el proponente de esta iniciativa deberá espera un año más para insistir con esta reforma.
Para Rosa Matilde Guerrero, consultora internacional en Inclusión Financiera, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) está tomando acciones para mejorar las normas y prácticas de supervisión de las cooperativas de ahorros y crédito. Estas medidas, en su criterio, van en la línea correcta porque ahora este segmento tiene un mejor control.
Mientras tanto, el Servicio de Rentas Internas (SRI) informó que tras la decisión de la Corte Constitucional sobre la Ley de Integridad Pública, el régimen de remisión tributaria aplica desde el 26 de junio de 2025, hasta la publicación de esta sentencia en el Registro Oficial.
Diario EXPRESO consultó también al Ministerio de Trabajo sobre las acciones que tomarán respecto al plan piloto de evaluación de funcionarios públicos, que estaba previsto, que arranque desde este 1 de octubre de 2025 y está a la espera de su respuesta.
Benavides precisa que una vez que la Ley de Integridad Pública fue declarada inconstitucional ya no se debe aplicar las iniciativas, que incluía.