El papel del SRI frente a la anulación de la remisión tributaria

La Corte Constitucional declaró inconstitucional la Ley Orgánica de Integridad Pública el 26 de septiembre pasado, dejando sin efecto la remisión tributaria que permitía eliminar el 100% de intereses, multas y recargos de deudas con el Servicio de Rentas Internas (SRI). El programa proyectaba beneficiar a 82.000 contribuyentes y recaudar más de 100 millones de dólares.

Cuando la Ley de Integridad Pública entró en vigencia en junio pasado, el SRI cumplió con su rol: emitió una resolución el 27 de junio para reglamentar la remisión. En ella estableció los lineamientos de aplicación, plazos, requisitos, condiciones y exclusiones del beneficio. Esta es una facultad que tiene la entidad cuando la ley autoriza una remisión tributaria.

El SRI, como entidad encargada de administrar, recaudar y controlar los tributos internos del Estado, actuó dentro de sus competencias al desarrollar la normativa operativa para aplicar lo dispuesto en la ley. Sin embargo, con la declaratoria de inconstitucionalidad, el escenario cambió.

¿Qué debe hacer el SRI tras la declaratoria?

Expertos tributarios consultados por EXPRESO coinciden en que ahora la institución tiene un margen de acción reducido y debe acatar la sentencia constitucional.

"Al SRI no le queda hacer mucho, el papel que puede jugar a la luz del cambio normativo no es mayor, le toca cumplir lo que dice la ley", explica Francisco Borja Avilés, profesor de la Universidad San Francisco de Quito y experto en temas monetarios.

Mary Cruz Moreno, tributarista, coincide en que el SRI tiene un margen de acción limitado mientras "se espera que la Corte Constitucional publique su decisión en registro oficial". Una vez publicada la sentencia en el Registro Oficial, la remisión quedará definitivamente sin vigencia y el SRI deberá cesar la aplicación del beneficio, sin afectar a los contribuyentes que se acogieron a esta alternativa para ponerse al día en sus deudas. 

El rol del SRI en esta coyuntura se reduce a tres aspectos concretos, según los expertos consultados:

Primero, debe respetar los beneficios ya otorgados bajo la normativa que emitió. Borja Avilés es categórico al señalar que quienes ya se acogieron a la remisión la tienen "saldada" y no deben pagar más intereses. Estos contribuyentes están protegidos por el principio de derechos adquiridos, pues actuaron conforme a la ley vigente en su momento.

Segundo, no puede perseguir retroactivamente a los beneficiarios. El experto advierte que lo que no debería hacer el SRI es "perseguir a quienes se apegaron a esta norma y que ahora ya esa norma ya no existe, no les debería perseguir y tratar de seguirles demandando para que paguen los intereses y las multas por mora".

Si el SRI intentara cobrar retroactivamente a quienes ya se acogieron al beneficio, enfrentaría problemas legales. "No veo que haga mucho sentido y veo que desde lo legal sea algo que se puede pelear, porque esas personas en realidad cuando se fueron por la remisión están cumpliendo la ley que estaba vigente en ese momento", argumenta Borja.

Tercero, debe esperar la publicación oficial de la sentencia para cesar nuevas remisiones. Hasta que esto ocurra, técnicamente el beneficio sigue vigente bajo la resolución que el mismo SRI emitió.

Moreno sintetiza que "el SRI solo acata esta disposición", pero plantea una crítica más profunda al rol institucional. La tributarista advierte que este tipo de remisiones generan una cultura de postergación de pagos entre los contribuyentes. En su opinión, el SRI debería tener un papel más activo de asesoramiento al Ejecutivo, aunque reconoce que la urgencia del Gobierno por recaudar dinero para cubrir deudas limita la receptividad a este tipo de asesoría técnica.

Borja Avilés explica que las remisiones son "un mecanismo para transformar en liquidez las deudas que se vuelven incobrables". Cuando un contribuyente se atrasa en sus pagos, el SRI cobra multas e intereses que pueden deteriorar la capacidad de pago hasta hacer la deuda impagable. Por eso, las remisiones buscan recuperar al menos el capital adeudado.

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