¿Qué alternativas tiene el Gobierno para rescatar la remisión tributaria?
El Ejecutivo podría enviar un nuevo proyecto de ley para compensar la declaratoria de inconstitucionalidad
La Corte Constitucional declaró inconstitucional la Ley Orgánica de Integridad Pública el 26 de septiembre pasado, lo que dejó sin efecto la remisión tributaria que permitía eliminar el 100% de intereses, multas y recargos de deudas con el Servicio de Rentas Internas (SRI).
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La remisión quedará sin vigencia una vez que la sentencia sea publicada en el Registro Oficial, algo que hasta el 28 de septiembre no había ocurrido. Ante este escenario, Katia Yépez, abogada tributaria y exjurídica del Servicio de Rentas Internas(SRI), señala que existe una alternativa legal válida para el Gobierno si desea rescatar la remisión: que el presidente envíe un nuevo proyecto a la Asamblea Nacional, especialmente si hay presión pública o política.
Yépez explica que la remisión es una de las formas legales para extinguir obligaciones tributarias, junto con el pago y la compensación. "Con la declaratoria de inconstitucionalidad por vicios de forma, esta remisión pierde vigencia como mandato legal", señala.
La Corte Constitucional determinó que la Ley de Integridad Pública vulneró la unidad de materia, publicidad y deliberación democrática al mezclar diversos temas sin justificación económica.
La remisión como un proyecto independiente
Para la abogada, el error estuvo en incluir la remisión dentro de una ley que contenía múltiples materias. "Si el Estado hubiera aplicado solo una norma en la que hubiera contemplado la remisión, otra sería la historia", explica. Por eso, considera que el Ejecutivo podría compensar el costo político presentando ahora la remisión como un proyecto independiente y exclusivo de materia económica.
Yépez aclara que los contribuyentes que se acogieron al beneficio antes de la publicación de la sentencia mantienen intactos sus derechos adquiridos. Sin embargo, quienes planeaban cancelar sus deudas hasta diciembre ya no podrán hacerlo. "Muchas empresas, muchas personas naturales que estaban planificando acogerse a este beneficio para ahorrarse los intereses, recargos y multas ya no van a poder", afirma.
Francisco Borja Avilés, profesor de la Universidad San Francisco de Quito y experto en temas monetarios, explica que la remisión no es un impuesto, sino un mecanismo para transformar en liquidez las deudas que se vuelven incobrables. "Cuando una persona se demora por cualquier razón en el pago de sus impuestos, el SRI empieza a cobrar multas e intereses sobre la deuda", señala.
El explica que esta situación puede deteriorar la capacidad de pago de las empresas hasta hacer la deuda impagable. Por eso, las remisiones buscan dar un incentivo para que los contribuyentes paguen al menos el capital adeudado. Agrega que generalmente son las empresas con ingresos medios las que más aprovechan estas medidas, aunque el pequeño y microempresario es quien más se beneficiaría.
Yépez advierte que la decisión de la Corte Constitucional tiene consecuencias en la caja fiscal. El SRI proyectaba recaudar más de 100 millones de dólares con este beneficio dirigido a 82.000 contribuyentes. "El Estado calcula que los contribuyentes que se acogen a remisión paguen el capital de las deudas", explica la abogada. Agrega que históricamente el grueso de contribuyentes se acoge al final del plazo, por lo que la recaudación proyectada aún no se había cumplido.
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