El año en que los agricultores esperan ser escuchados

  Economía

El año en que los agricultores esperan ser escuchados

El 2021 no fue lo que esperaban. Hubo promesas oficiales que no llegaron a concretarse. También meses de baja renta o pérdidas

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Arroz. El sector enfrenta aún una crisis de precios, sin visos de solución.Miguel Canales Leon / Expreso

Una parte de las promesas a favor del agro llegó solo al final del año. En las últimas semanas, un decreto presidencial dio vida a los créditos al 1% y a 30 años que había ofrecido el Gobierno en campaña, intentando con ello dar un giro al olvido y la desatención que vivió este sector el año pasado.

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“En el 2021 no fuimos escuchados”, replican una y otra vez varios dirigentes de sectores como el arrocero, maicero, bananero que, admiten, de poco o nada sirvió el cierre de carreteras que protagonizaron como medida para manifestarse y pedir al Gobierno su intervención para controlar el pago del precio oficial de sus productos o para dar soluciones que mermen el impacto del alto costo de insumos, medidas que en este 2022 siguen en la lista de pendientes y con ello el desafío de transformar a un sector que aporta al Producto Interno Bruto del País (PIB) un 9,16%.

  • Los arroceros esperan control de precios

¿Qué le pedirían al Gobierno en este 2022? Lo básico. Que se corrija la comunicación directa que se debe tener con el agricultor. En este orden, Luis Soto, presidente de la Asociación de Arroceros de Samborondón, una de las filiales del Movimiento Nacional Campesino, empieza a enumerar las principales urgencias que tiene su sector y que, dice, no han sido escuchadas. “Aún no se ha hecho nada para mejorar los precios del arroz o bajar los costos de producción, no solo de los insumos como la urea, sino también el diésel, el costo de la maquinaria”, sostiene. En el 2021, solo la urea llegó a valer 55 dólares, cuando en el 2020 su costo apenas llegaba a los $ 23.

Soto plantea como necesidad urgente que el Ministerio de Agricultura imponga una mejor política de inspección sobre piladoras e intermediarios, “ya que ellos son los que se están llevando la mayor ganancia, porque mientras le pagan $ 18 al arrocero por una saca de 200 libras el intermediador lo vende a la piladora a 30 dólares y hasta más”.

  • Maiceros y cacaoteros,  contra la intermediación

Este sector también comparte el mal de otros: la escalada de precios de los insumos y los bajos costos internacionales. No obstante, internamente apuntan a la intermediación y el arribo de producto importado, como otros factores que están impactando su rentabilidad. “Por esto sufrimos una especulación constante de precios que por el tema de libre mercado ha entrado en descontrol”, dice el dirigente maicero Bernardo Bravo.

Controlar este tema también es la urgencia del sector cacaotero, pues no solo afecta al pago que deben recibir los productores, sino a la calidad del producto.    Cada vez más agricultores están entregando el grano a los intermediarios que actúan informalmente. Estos, denuncia Anecacao, no ofrecen estrictos cuidados al proceso de transformación que requiere el grano.    Esto porque el secado cada vez se hace más en centros de acopio y menos en fincas, donde existe una mayor experticia para procesarlo. En esta industria, el 93% de los más de 300.000 agricultores no están formalizados.

  • Los bananeros piden por el fusarium y la competitividad

Además de un control de precios, el sector bananero pone en su agenda de urgencias acciones concretas para contrarrestar el inminente arribo del Fusarium R4T a suelo nacional. La expectativa de este año es que los compromisos del Gobierno aterricen en medidas concretas como la de aumentar la capacidad operativa y financiera de Agrocalidad, la entidad sanitaria que debe estar vigilante ante el peligro ya presente en Colombia y Perú.

Otro pendiente, dice José Antonio Hidalgo, director de la Asociación de Exportadores de Banano de Ecuador (AEBE), es que las autoridades ejecuten un plan sostenible de competitividad “y que desde nuestra perspectiva se tendrá que fortalecer mediante compensaciones al sector productor y exportador que están haciendo frente a factores exógenos relacionados al alza del flete naviero”. Pide que revisen el pago de ciertos tributos como el ISD para amortiguar los altos costos de producción, que en los primeros meses de este año se verán reflejados con el alza de precios de materiales básicos como el cartón. Otra opción es activar el Drawback.

  • EL EXPERTO. Juan Manuel Domínguez. Director Académico de Espae / Espol

“Es urgente reestructurar la política agropecuaria en base a la investigación”

“Las constantes manifestaciones que vimos en el 2021 deben ser vistas como la imposibilidad que han tenido los últimos gobiernos, de incorporar a este sector reales programas o proyectos de apoyo. La mayor parte de esta ayuda ha sido enfocada en fijar una política de precios mínimos de sustentación, pero no se ha incluido instrumentos diferentes para promover la productividad, el equilibrio territorial, la reducción de la pobreza o la incorporación de tecnología en estos sectores.

En los últimos años, más del 90% de estos apoyos provienen de la fijación de los precios en diferentes rubros tales como: arroz, banano, maíz, plátano, leche y azúcar. En otras economías, los apoyos vía precios apenas bordean el 15 %. El resto es apostar por aquello que realmente contribuye a mejorar la competitividad e incrementar la productividad del sector agrícola. Pero la fijación de precios tiene    un bajo impacto económico para los agricultores, los beneficios que provienen de este instrumento son reducidos y dependen de las fluctuaciones de los precios internacionales.

Un ejemplo es lo que pasa en el sector arrocero, que ha demandado la revisión de los precios mínimos de sustentación en un escenario donde los costos de los insumos agrícolas han tenido una tendencia al alza, sin ningún presupuesto estatal para la absorción de cosecha, sin capacidad de almacenamiento estatal, con una empresa pública como la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA) declarada en liquidación. Un escenario parecido enfrentan los maiceros.

Si se piensa en reactivación. Mirar a este sector es clave. La agricultura aporta con el 9,16 % del PIB y en los últimos 7 años ha empleado el  27,25 % del total de la población económicamente activa. En el período 2013-2018, el promedio de las exportaciones del sector agroalimentario fue de $ 5.506 millones, mientras que el promedio de las importaciones fue de $ 1.951 millones, mostrando una balanza comercial holgadamente positiva. ¿Qué cambiar? Los países desarrollados que han demostrado una orientación hacia el fortalecimiento de la competitividad del sector agrícola son aquellos que han invertido en rubros tales como investigación y desarrollo, servicios de inspección sanitarios, educación agrícola, infraestructura, y promoción y desarrollo. Definitivamente, cambiar la orientación del gasto hacia estos rubros implicará una reestructuración de la política agropecuaria.

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Esta reestructuración debe implicar instrumentos que sustituyan los precios mínimos de sustentación, por la fijación de un ingreso mínimo para los agricultores; la absorción de cosechas debería estar insertada dentro de diferentes programas de alimentación de nuestra población; se requiere establecer instrumentos para cubrir algunos riesgos naturales y financieros y, finalmente, la apertura de nuevos mercados internacionales para colocar los excedentes de producción o nuevas mercancías agrícolas”.