Como “un modelo casi ideal de concesiones” catalogó el exprefecto del Guayas, Nicolás Lapentti, al acuerdo que firmó en octubre de 1998 con Concegua y Conorte, para la reconstrucción y administración de 640 kilómetros de carreteras de la provincia durante 20 años.

Sin embargo, lejos de lograr la “consolidación de la red vial del Guayas”, como se dijo en aquel tiempo, aún hay lugares de la provincia donde hay deudas, pues la obra de la Prefectura no ha llegado o ha llegado a medias y no se ha velado “permanentemente por el mantenimiento, seguridad y servicio” que se ofreció a cambio del cobro de peajes y el pago de compensaciones que, según la nueva administración, han perjudicado a la institución.

“Un ejemplo claro es la vía que va a Taura, que conecta a algunos recintos de Durán. En la administración anterior la contrataron con la concesionaria para asfaltarla. Yo no sé qué asfalto le pusieron, pero duró unos meses y esa vía se hizo pedazos. Ahora eso es un polvadero, es un camino dañado que siempre ha sido denunciado por el sector rural”, cuenta el alcalde de Durán, Dalton Narváez.

En el caso de la Durán - Tambo, asegura el alcalde, uno de los problemas es que no se la ha ampliado a lo largo de estos 20 años. “Esa vía es de dos carriles y siempre hay accidentes. La ampliación es fundamental, pero no se nos ha escuchado”.

Los cuestionamientos hacia los prefectos por la firma de estos contratos, que debían terminarse en 2021, pero que en 2005 y 2008 se extendieron hasta 2026, no son de ahora. En estos 20 años, este Diario ha informado de una serie de reclamos por falta de servicios, incumplimientos y quejas de transportistas y ciudadanos por el estado de las carreteras que les provocaban accidentes o daños en sus vehículos, pero las concesionarias aseguran que las vías están en “muy buen estado”.

“Las carreteras que tenemos ahora, dentro de las exigencias contractuales, cumplen con los requerimientos técnicos y con el objeto para el que fueron contratadas. Si hay obras que no se han hecho eso debe reclamarse a la Prefectura, no a nosotros”, señala a EXPRESO Joffre Campaña, abogado de Concegua y Conorte.

Sin embargo, en la misma vía Durán - Tambo, se registran incumplimientos de trabajos contratados, relacionados a la canalización de aguas lluvias y la construcción de aceras, por lo que la Prefectura multó a Concegua por 5,9 millones de dólares.

Conorte también registra varias faltas que le han hecho acreedor de sanciones por más de 21 millones de dólares. La más cara, de 19,9 millones, se debe a la falta de carpeta asfáltica y señalización en un tramo de tres kilómetros y por no realizar la ampliación a cuatro carriles en otros tres kilómetros de la vía a El Empalme. Los trabajos debían entregarse a finales de 2019.

Este Diario pudo constatar que a lo largo de esa angosta carretera hay distintos matices, pues aunque al principio la vía parece estar en buenas condiciones, al avanzar hacia el límite con Manabí, los paraderos lucen deteriorados, las carreteras están llenas de parches y las señalizaciones se pierden entre el color del asfalto. En cantones como Balzar, Palestina o Santa Lucía, la carretera que los atraviesa no ha sido mantenida desde hace algún tiempo, según contaron los moradores.

“Aquí deberíamos tener pasos cebra o señales de tránsito, pero no las han vuelto a colocar. ¿Usted sabe cuánta gente se ha accidentado aquí?”, dice Wilson Quijije, habitante de Balzar.

Del otro lado, en la vía Nobol - La Cadena, tampoco se han realizado trabajos complementarios en la zona de rebasamiento. Y cerca de la estación de peaje de La Cadena, hay tramos con largas grietas que se han vuelto a abrir pese a que recientemente han intentado taparlas con asfalto.

“El año pasado dijeron que iban a arreglar la vía, pero nunca lo hicieron. La semana pasada vinieron con máquinas y ya han avanzado bastante. Es increíble que no lo hicieran antes”, asegura Jennifer Almea, quien vive con sus padres en una casa al pie de la carretera.

Campaña, quien asegura que las multas son “arbitrarias y violatorias de la Constitución”, señala que los trabajos no se realizaron por la deuda de 133 millones de dólares que tiene la Prefectura con ellos y “por la pandemia”. Sin embargo, tras la imposición de multas y la decisión del Consejo Provincial de terminar con los contratos, reiniciaron las obras. 

Con relación a las fisuras, la defensa de las concesionarias no las exime de responsabilidad, pero asegura que estas tienen un plan anual con el que tarde o temprano se termina por arreglar esos problemas. “No siempre se puede enviar un equipo caminero de un momento a otro, pero en general el proceso de mantenimiento es bastante completo. No descarto que en algún momento pueda mejorarse cierta prestación del servicio, pero en condiciones normales es un buen sistema”.

Para Susana González, actual prefecta del Guayas, estos incumplimientos son el ejemplo de que las anteriores administraciones no cuidaron “los intereses de la provincia”, sino que “privilegiaron a las concesionarias”.

“Si se hubiera cuidado los recursos, no tendríamos que dar dinero, sino que las concesionarias tendrían que generar recursos para que la Prefectura pueda hacer obras complementarias”, precisa. En cambio, asegura, a la provincia le hacen falta 32 puentes, distribuidores de tráfico, conectividad, eliminar los “pasos mojados” y “muchas cosas más”.

Según los contratos, además del dinero que las concesionarias reciben por el peaje (que también debe ser pagado por carros institucionales), el Gobierno Provincial debe asumir el costo de las obras nuevas, el IVA y un subsidio por el peaje para garantizarles una tasa interna de retorno. Un monto que en estos 20 años alcanza los 700 millones de dólares, según datos de la Prefectura, y que le permite a las empresas también invertir en mantenimientos.

“Para pagar las obras nuevas se necesita dinero, y aunque lo adecuado para no subsidiar era subir el peaje, los anteriores prefectos no quisieron asumir el costo político que eso significaba. El problema siempre fue de dinero”, dice Campaña.

Solo en este 2020, y con el reajuste de asignaciones tras la llegada de la pandemia, el pago a las concesionarias representa más del 60 % del presupuesto de la Prefectura.

González asegura que en las anteriores administraciones de Nicolás Lapentti y Jimmy Jairala, quienes se han negado a conversar con EXPRESO sobre este tema, nunca se proyectó el futuro de Guayas. “La provincia no tuvo planificación integral donde se unan los caminos de la productividad. Guayas debería tener todas sus carreteras de primer orden. No debería tener carreteras de tercera o falta de caminos, que es lo que hay. Esta era una Prefectura con administradores irresponsables”, afirma.

Y critica que ante el perjuicio económico que causa a la entidad, sus antecesores no hayan revisado los contratos para terminarlos por mutuo acuerdo. “Si el negocio no era bueno para ambos pese a recibir sus subsidios, debieron terminarlo. El problema fue acostumbrarse a disponer de los dineros del presupuesto de la Prefectura de manera rutinaria”.

EN DETALLE

Exclusividad. El contrato garantiza a las concesionarias una “exclusividad regulada” que impide al Gobierno Provincial construir vías paralelas sin un acuerdo previo con las empresas. La Prefectura no podrá realizar ningún tipo de obra nueva que afecte a la vía concesionada. En estos 20 años se ha realizado más de 90 obras nuevas.

Sin entrega. La mayoría de obras nuevas que han realizado las concesionarias en estos 20 años no tienen acta de recepción de entrega de obra, por lo que la Prefectura ha pedido a la Contraloría que audite esos contratos en el marco de las concesiones. Se espera que ese examen especial esté listo en las próximas semanas.

Inversión. Según el contrato inicial, Concegua debía realizar una inversión de 116,2 millones y Conorte otros 139,3 millones de dólares. Para la realización de obras nuevas el pago se hace por medio de un fideicomiso donde se deposita el dinero en cuotas acordadas. Sin embargo, el Gobierno Provincial también puede pagar con el alargue del tiempo de concesión.

Resolución. El juez Dennis Ugalde decidió darle a Conorte 10 días para que ejerza su derecho a la defensa y presente sus descargos por las obras no ejecutadas, tras las multas impuestas por la Prefectura.