La decisión de iniciar acciones legales para terminar unilateralmente el contrato con las concesionarias de las vías del Guayas llega tras una larga lista de supuestos incumplimientos, firmas de contratos complementarios y millones de dólares adicionales que ha tenido que pagar la Prefectura por nuevas obras (sin concursos ni licitaciones) y subsidios que, según la institución, han terminado por desequilibrar la balanza a favor de Conorte S.A. y Concegua S.A.

Desde el año 2002, la Prefectura ha pagado alrededor de 700 millones de dólares en fideicomisos a ambas concesionarias, de los cuales alrededor de 70 millones se deben al subsidio del peaje. Ese valor corresponde al pago de 25 y 27 centavos que debe hacer Guayas por cada carro que pasa por los peajes, pues, cuando se firmó el contrato de concesión, Conorte y Concegua aseguraron que el valor que de un dólar no les convenía. El acuerdo, que no ha sido revisado durante estos años, ha generado diversas críticas especialmente por el aumento del parque automotor y por la falta de control de los ingresos determinada por Contraloría.

Un pago que, para Luis Almeida, representante del Municipio de Guayaquil en el Consejo Provincial, no es posible seguir asumiendo, pues el objetivo de concesionar las vías de la provincia era que estas estén en óptimas condiciones sin que eso represente utilizar parte del presupuesto anual de la Prefectura, más aún cuando el flujo de carros que pasan por esos peajes ha aumentado “en un 200 %” en los últimos 10 años.

Según cifras de la institución, el pago a las concesionarias representa el 28 % del presupuesto de este 2020.

“Yo planteo que el Consejo administre por un tiempo prudencial (las vías) hasta que se convoque a una gran licitación en la que la provincia gane recursos económicos. Es inaudito, ¿cómo es posible que el Consejo tiene que seguirles dando plata por un mal servicio, por incumplimientos. Y si es un mal negocio para ellos ¿por qué siguen administrando?”, cuestiona Almeida.

La pregunta con la que concluye Almeida también la hizo la prefecta Susana González semanas atrás. Según ella, Concegua y Conorte se han declarado en “desequilibrio económico” en seis ocasiones, pero pese a eso solicitaron una ampliación hasta 2026.

Sin embargo, Guillermo Ávalos, presidente ejecutivo de Conorte S.A., asegura que eso no es así. “Los que han solicitado hacer el restablecimiento económico financiero ha sido la Prefectura, porque como no tienen para pagarnos el subsidio nos dicen que nos van a pagar por medio de un restablecimiento económico financiero y se alarga el plazo de concesión”, aclara.

Solo en 2018, Conorte y Concegua recaudaron 51,8 y 32,5 millones de dólares por cobro de peaje en más de 600 kilómetros de rutas concesionadas, un 9,06 % y 6,87 % más que en 2017, según publicó EXPRESO en 2019.

En 2009 la Contraloría determinó en un informe que los ingresos de las concesionarias carecían de control por parte de la administración provincial de ese tiempo y que las empresas tampoco reportaban los valores generados por ventas anticipadas al Consejo Provincial ni contaban con un adecuado control sobre la existencia física de tarjetas prepago, lo que a su vez impedía conciliar lo ganado con los depósitos realizados en los fideicomisos.

En ese mismo informe se señala que para ese entonces, las concesionarias tampoco habían cumplido con los planes de servicios viales obligatorios como espacios de estacionamientos o teléfonos de emergencia y que la red vial no cumplía con las condiciones contractuales correspondientes.

Según Ávalos, nunca fueron informados de la existencia de esas anomalías ni por parte de la Prefectura, ni de la Contraloría. “El Consejo todos los años hace auditorías y no ha habido ninguna novedad. Nunca”.

EN DETALLE

El contrato. Cuando se firmó la concesión, se determinó que el Gobierno provincial debía asumir además el pago de las obras nuevas. La falta de mantenimientos y obras nuevas llevaron a la Prefectura a emitir multas por 29,1 millones. Conorte asegura que la institución les debe 60 millones de dólares en obras que ya realizó.

Las quejas. Varios de los alcaldes mostraron su descontento con la concesión durante la última sesión. Uno de ellos fue Kléber Falcón, de Yaguachi. “En 2008 las concesionarias quedaron en remediar los daños de vías, pero no se les ha dado mantenimiento. Pese a eso, nosotros debemos pagar doble peaje en el mismo cantón. Es injusto”.