Tasa de basura en Quito: malestar por altos valores persiste

El malestar por el cobro de la tasa de recolección de basura (TRB) en Quito no cede. A más de un mes de que ese valor se incluyó en la planilla de agua potable, los reclamos son frecuentes, pese a los ajustes anunciados a inicios de marzo por el alcalde Pabel Muñoz. Los usuarios cuestionan los valores elevados y la falta de soluciones más ágiles.

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Verónica Sánchez, gerenta de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable (Epmaps), explicó que el 30 % de las llamadas recibidas corresponden a inquietudes por la TRB. Solo en los primeros 15 días de marzo se han registrado alrededor de 9.500 atenciones relacionadas con ese rubro. Aunque la funcionaria aseguró que la recaudación de febrero alcanzó el 75 %, el volumen de quejas muestra un problema aún sin resolver.

Las cifras oficiales señalan que entre enero y febrero se recaudaron cerca de $5 millones por este concepto, con una meta mensual que oscila entre los 6 y 7 millones. Sánchez añadió que en febrero no hubo alteraciones en el nivel de pago de la planilla de agua, que se mantiene en el 94 %. Sin embargo, advirtió que será necesario analizar el comportamiento de marzo para determinar si la tendencia continúa.

En las oficinas de atención de la Epmaps, en la av. Mariana de Jesús, la inconformidad persiste. Una usuaria, que prefirió mantener su nombre en reserva, acudió a la matriz para reclamar por un cobro de $71 correspondiente a marzo, luego de haber pagado $81 el mes anterior.

Según relató, le informaron que existía un error en la facturación, pero el valor no disminuyó. A la urgencia económica se suma su situación personal: su hija permanece hospitalizada, lo que hace aún más difícil destinar tiempo y recursos a trámites sin respuesta inmediata.

Un valor que lejos de disminuir, aumenta

Una situación similar vive Alejandra Rivadeneira, residente del centro de Quito. En su caso, el impacto es mayor: su vivienda es compartida por siete herederos, todos adultos mayores. En diciembre, la familia pagó $264 en la planilla de luz, incluyendo la tasa. Pero en febrero el cobro en la planilla de agua ascendió a $466, de los cuales $202 correspondían a la TRB. Para marzo, el valor total se elevó a $655.

Rivadeneira cuestiona la falta de proporcionalidad. Antes, el cobro por la tasa en la planilla eléctrica era de apenas $16. “Ahora es un valor imposible de cubrir para personas de la tercera edad”, señaló. Además, denunció que inicialmente se les advirtió que debían pagar para evitar la suspensión del servicio, lo que los obligó a recorrer varias oficinas. “Nos han tenido de un lugar a otro”, afirmó, tras asumir personalmente la gestión del reclamo.

¿Se debe reformular la ordenanza?

El edil Wilson Merino asegura que a su despacho llegan diariamente decenas de personas con problemas similares. A su criterio, la ordenanza que regula el cobro de la tasa está mal estructurada y requiere una reformulación urgente.

En la última sesión del Concejo solicitó abordar el tema, especialmente tras la reunión de la comisión designada por los ediles con la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) y la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, para analizar la posibilidad de que el cobro vuelva a la planilla de electricidad. La propuesta no logró los votos necesarios.

Merino recordó que, según lo expuesto por la ministra, el Municipio debe primero cumplir tareas pendientes, como la elaboración de un catastro claro de contribuyentes y contar con una fórmula clara para el cobro. “No existe un listado definido de quiénes deben pagar la tasa”, manifestó. Además, citó un fallo de la Corte Constitucional que prohíbe indexar tasas al consumo de servicios básicos, lo que pondría en duda el modelo actual.

Avance tras la reunión con la EEQ

De su parte, el concejal Diego Garrido calificó el encuentro como “fructífero”, aunque reconoció los desafíos. Explicó que la ministra mencionó el artículo 60 de la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica, que impide vincular la tasa al consumo energético o de agua. Ante las observaciones, el edil señaló que ya se inició un trabajo técnico, con el objetivo de definir la fórmula de cobro, el catastro y establecer una nueva mesa de trabajo.

Recordó que la comisión fue designada el 26 de febrero y cada mes deben entregar un informe, por lo que el 26 de marzo se presentará al Concejo un balance de las acciones efectuadas.

Mientras, el secretario de Ambiente del Municipio, Santiago Sandoval, defendió la ordenanza vigente. Aseguró que se continúa levantando información en territorio junto a líderes barriales y que, según una transitoria de la normativa, hay un plazo hasta junio para realizar ajustes. “La fórmula está bien planteada”, sostuvo. Respecto al trabajo de la comisión, señaló que se espera que haya apertura, sobre todo para el cruce de información.

El alcalde Muñoz también ha defendido la ordenanza. Recalcó que fue elaborada de forma técnica y que el mecanismo de cobro es válido. No obstante, a inicios de mes anunció cuatro ajustes en la aplicación de la tasa de recolección de basura.

Las correcciones se enfocaron principalmente en medidores de agua comunitarios y compartidos, donde se han registrado algunos de los valores más altos en las planillas y que han generado mayor número de reclamos entre los usuarios.

El cobro de la TRB también escaló al ámbito legal. Los concejales Michael Aulestia y Wilson Merino presentaron acciones de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, que ya avocó conocimiento del caso y se espera un fallo al respecto. 

Paralelamente, la Defensoría del Pueblo inició una investigación defensorial para analizar el mecanismo de cobro y determinar posibles vulneraciones a los derechos de los ciudadanos.

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