Las obras no realizadas y por las que la Prefectura del Guayas impuso millonarias multas a las concesionarias de las vías del Guayas, se reiniciarán pese al problema legal en el que están envueltos ambos actores. Así lo anunció este 6 de octubre el abogado de Concegua y Conorte, Joffre Campaña, horas antes de que se reinicie la audiencia de medidas cautelares solicitada por ellos para frenar el pago de las sanciones económicas.

“Se reiniciarán de inmediato los trabajos para la ampliación para los dos tramos de las carreteras. La ampliación de tres kilómetros de la vía Isidro Ayora - Pedro Carbo a un costo de 4,9 millones, así como se iniciarán de inmediato los trabajos para la ampliación de la vía en el tramo Balzar - El Empalme por 5,9 millones, también en un tramo de 3 kilómetros”, señaló la defensa.

Según la Prefectura, estos trabajos que correspondían ser realizados por Conorte debían estar culminados en diciembre de 2019; sin embargo, Campaña señaló que no se realizaron porque, además de la deuda pendiente que el Gobierno Provincial tiene con ellos, paralizaron los trabajos por la llegada de la pandemia.

“Hubo una suspensión por lo que es público y notorio, la pandemia, así como se suspendió el cobro del peaje que significó cero recaudación por varios meses, igual esto tiene un impacto en las obras que las concesionarias que tienen realizar”, precisó.

Este reinicio se da, aseguró, “independientemente del resultado de la audiencia de medidas cautelares” que volvió a suspenderse este martes, pues el juez aseguró que necesitaba tiempo para revisar en detalle algunos documentos presentados.

Esta diligencia debía resolverse el pasado 5 de octubre, pero se difirió para la tarde del 6 de octubre porque varios alcaldes de la provincia presentaron un amicus curiae para estar presentes en la audiencia.

Campaña también rechazó las declaraciones realizadas por la prefecta Susana González sobre el accionar de las concesionarias en los últimos 20 años y la instó a presentar en un plazo de 48 horas denuncias penales correspondientes que sustenten sus argumentos.

“Las empresas concesionarias a las que represento no compran conciencias, cumplen con sus obligaciones, no compran conciencias y por lo tanto no vamos a aceptar que la señora prefecta use la difamación como norma de su accionar político”, afirmó.

La concesionaria Concegua también presentó una acción de protección que será conocida en una audiencia prevista para este 8 de octubre.

EN DETALLE

“Solo llamé a dos alcaldes”

Tras el cruce de acusaciones entre la Prefectura y las concesionarias sobre supuestas presiones que recibieron los alcaldes antes de tomar la decisión de iniciar las acciones legales para terminar unilateralmente los contratos, Campaña asegura que él solo se comunicó con dos consejeros. 

“Yo la emplazo a que diga a quién se ha llamado. Yo he dicho públicamente que llamé al alcalde de Playas y al de Durán para pedir que nos den el derecho a la defensa”, aseguró el abogado. 

Según él, Dalton Narváez, el alcalde de Durán, le dijo que estaban muy unidos con la prefecta y que veía “muy difícil” que los puedan recibir. 

La prefecta González dijo el 5 de octubre que si las concesionarias querían conversar sobre las multas o los contratos debían hacerlo frente a la prensa y la sociedad civil.