Denuncias de abusos en cárceles: qué dicen organizaciones de derechos humanos
La CIDH y otros organismos han reiterado su preocupación por las condiciones de detención en centros penitenciarios
En medio de una política de seguridad marcada por la militarización y los estados de excepción, colectivos nacionales e internacionales alertan sobre vulneraciones que, aseguran, van más allá del control de las bandas criminales.
(Te puede interesar: Noboa afirma que el traslado de Álvarez a la cárcel del Encuentro fue por seguridad)
En los últimos meses, entidades como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional y organizaciones locales han reiterado su preocupación por las condiciones de detención en centros penitenciarios, especialmente en aquellos considerados de alta y máxima seguridad, como la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena, y la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil.
Aislamiento, restricciones y trato degradante
Una de las alertas recurrentes de las organizaciones es el uso prolongado del aislamiento, las restricciones al acceso a visitas, luz solar y pertenencias personales, así como prácticas calificadas como humillantes o degradantes. Estos señalamientos se han intensificado tras los traslados masivos de personas privadas de libertad a centros de máxima seguridad, realizados bajo estrictos operativos militares.
Organizaciones de la sociedad civil sostienen que estas medidas, aunque justificadas por el Estado bajo criterios de seguridad, no pueden implicar la suspensión de derechos básicos. “La seguridad no habilita el trato cruel, inhumano o degradante”, han señalado en comunicados públicos, al recordar que las personas privadas de libertad permanecen bajo custodia estatal y, por tanto, bajo su responsabilidad directa.
Falta de acceso a salud y alimentación
Otro de los ejes de las denuncias se relaciona con la precariedad en el acceso a servicios de salud, alimentación adecuada y medicamentos. El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) ha documentado casos de personas que habrían fallecido por enfermedades no tratadas, desnutrición o falta de atención médica oportuna, especialmente en cárceles de Guayas, Esmeraldas y Cotopaxi.
(Te invitamos a leer: MSP descarta epidemia tras 9.142 casos de Tuberculosis; expertos piden emergencia)
Según estas organizaciones, la militarización del sistema penitenciario no ha resuelto los problemas estructurales y, en algunos casos, habría agravado la situación. Reportes recogidos por defensores de derechos humanos describen condiciones de hacinamiento, horarios irregulares de alimentación y obstáculos para el ingreso de medicinas entregadas por familiares
Las advertencias se sustentan también en datos acumulados por organismos internacionales. La CIDH ha registrado al menos 591 muertes violentas de personas privadas de libertad entre 2020 y 2024, a las que se suman decenas de fallecimientos posteriores, en un contexto que el organismo califica como una crisis penitenciaria estructural.
Aunque el Estado ha informado una reducción de las masacres carcelarias de gran escala, la Comisión sostiene que persisten patrones de violencia, ausencia de control efectivo y sistemas de autogobierno en varios centros, lo que mantiene en riesgo la vida e integridad de los internos y del personal penitenciario.
Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ
