Que Pablo Muentes era el operador político del Partido Social Cristiano, para manejar a su antojo y al de sus amigos y correligionarios la justicia en Guayaquil y Guayas, era una leyenda urbana que poco a poco se estaba comprobando en chats hallados en Metástasis y Purga. Pero con lo ocurrido durante la declaración de Mayra Salazar, gran protagonista en ambos escándalos, se revelaron cosas nuevas sobre la conducta de este personaje y aparecieron nuevas conclusiones sobre otros temas relacionados.

Lo primero es que Muentes no es únicamente un operador político para controlar jueces, fiscales y funcionarios judiciales, y que no tenía límites a la hora de hacer cumplir sus deseos y objetivos. Lo que narró Salazar sobre el juicio que Muentes le ganó al Banco del Pacífico es aterrorizante. Pero hay otras cosas que son más o menos novedosas. Por ejemplo, que es un traficante de tierras con alcances mucho más potentes de lo que ya se escuchaba en los corrillos de abogados y políticos. No solo que era un experto en quedarse con tierras ajenas, gracias a su influencia con jueces y juzgados, sino que lo que hacía era con una maldad y perversidad insólitas. Por ejemplo, Muentes fue capaz de influir en funcionarios judiciales para que una humilde indígena, quien hacía parte de los grupos que él mismo indujo a invadir a una inmensa propiedad que había sido de la familia Isaías (1.000 hectáreas), sea llevada a prisión de donde hasta ahora no ha podido salir, por negarse a evacuar esas tierras. Otras diez personas corrieron la misma suerte.

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La crueldad del personaje de marras se repite en el testimonio de Salazar cuando esta narró cómo se empecinó en acabar con el buen nombre de María Josefa Coronel por el hecho de que no le renovó el contrato que tenía para hacer la limpieza en los juzgados de Guayaquil y del Consejo de la Judicatura en Guayas. Para eso, compró cuentas de Twitter y lanzó cualquier tipo de injurias en contra de Coronel, mientras fue directora provincial del Consejo de la Judicatura. Muentes, entonces, resultó no ser únicamente corrupto, pero también profundamente malvado.

La otra novedad en la declaración que lanzó Mayra Salazar son afirmaciones que permiten pensar que Muentes pudo haber actuado tras el asesinato de Fernando Villavicencio. De acuerdo a la declaración de Salazar, la Fiscalía podría encontrar pistas sobre el asesinato de Villavicencio, teniendo en cuenta que la información que este tenía sobre el tráfico de tierras de Muentes era completa y muy confidencial. “No sé si Fernando Villavicencio obtuvo la misma información que yo obtuve durante los dos años que trabajé con Pablo Muentes”, dijo en su testimonio Salazar. Lo dicho empata con la afirmación de Christian Zurita a una comisión de la Asamblea, según la cual él está seguro que Muentes fue el autor del crimen.

Una tercera cosa que queda luego del episodio de Mayra Salazar es la certeza de que será mucho más difícil que la fiscal Diana Salazar sea destituida por la Asamblea Nacional en su juicio político. ¿Con qué cara socialcristianos vinculados íntimamente a Pablo Muentes votarían por la censura? Lo mismo con el correísmo: la declaración de un testigo que dijo que el narcotraficante Leandro Norero conversó al menos en dos ocasiones con Rafael Correa para sacar a Jorge Glas de la cárcel deslegitiman aún más las razones por las que ese grupo pueda sostener públicamente para la censura de la fiscal.

Muchos otros temas suscitó la audiencia del jueves 28 de marzo y, seguramente, tendrán que transcurrir varias semanas más en las que el eco de lo ocurrido siga resonando en la opinión pública.