Primer acto: el presidente Daniel Noboa designa como ministro cónsul del Ecuador en Queens, Nueva York, a Kar Atamaint, hermano de Diana, la presidenta del Consejo Nacional Electoral. 

Segundo acto: días después, en una entrevista con radio Sucre, Noboa se pregunta cómo es que el CNE no ha eliminado del registro de partidos políticos del Ecuador al movimiento Construye, encarnación de todo lo que odia. 

Tercer acto: Diana Atamaint, presidenta del CNE, presenta una denuncia contra Construye ante el Tribunal de lo Contencioso Electoral (TCE), por no haber cumplido un trámite administrativo, y pide su eliminación del registro de partidos. 

Cuarto acto: el juez del TCE Ángel Torres elimina a Construye del registro de partidos. Para encontrar el título de la obra hay que analizarla escena por escena.

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EL NUEVO CÓNSUL

Kar Atamaint no tiene ninguna experiencia en el servicio exterior. Conocido desde siempre en Pachakutik y en el movimiento indígena amazónico como “el hermano de la Diana”, cuya carrera ha acompañado desde un discreto segundo plano, ha rondado indistintamente por el CNE como por la Asamblea hasta recalar en el Consejo Provincial de Morona Santiago como asesor del prefecto. Más que un cuadro del movimiento indígena, Kar Atamaint era un operador no demasiado voluntarioso. Ni carismático ni intelectual, ni teórico ni activista: el hermano de la Diana.

Que su designación en el consulado más importante del servicio exterior ecuatoriano, producida el primero de enero pasado, sea parte de la cuota política del gobierno y “un pedido directo del presidente”, como explicó la canciller Gabriela Sommerfeld, es un misterio que exige a gritos una explicación. Primero, porque entre el gobierno y Pachakutik no hay acuerdo alguno que lo justifique y, de haberlo, existen mil nombres que habrían sido considerados antes que el de esta figura no de segunda ni de tercera, sino de cuarta o quinta fila en el partido. En segundo lugar, porque es obvio que Noboa y su nuevo cónsul no tienen relación alguna. 

El presidente se caracteriza por repartir los cargos públicos más importantes y complejos entre personas de su círculo social, y Kar Atamaint se encuentra en las antípodas. Lo más seguro es que ni se conocieran. Su inclusión en la cuota política del servicio exterior sólo puede tener una explicación: el interés de Noboa por mantener a la presidenta del CNE cerca de sí. Lo que más llama la atención de este nombramiento es el descaro de todos los involucrados. Cargo tan apetecido como ciertas notarías (y por las mismas razones), el consulado de Queens es un premio gordo. No puede ser gratis.

Sus deseos son órdenes

Cuatro días después, el 4 de enero, se produjo la famosa entrevista en radio Sucre de Guayaquil donde Daniel Noboa la emprendió contra Construye, movimiento político gracias a cuyos adherentes, que votaron por él en la segunda vuelta, llegó a la Presidencia de la República, pero al que decidió convertir en enemigo político desde el primer día de su gobierno. Dijo que “Destruye” (así lo llama) es como “una basurita en el ojo, pero me la limpio”. ¿Cómo se la limpia? Por los canales habituales: poniendo a trabajar al CNE. “Destruye”, explicó, “ya tenía las condiciones para ser eliminado como partido, (pero) ahí pues pasó pues un pocotón de cosas (qué bueno es tener un presidente tan articulado y elocuente) y resulta que a otros sí los eliminaron y a Construye no los eliminaron. No sé cómo lograron eso, este es un país mágico, tendría que preguntarle al CNE y más adelante al Contencioso”.

En realidad, el presidente estaba mal informado: tercero en las presidenciales, segunda fuerza política de la Asamblea y con más de 80 concejales en más de 50 cantones, Construye sobrepasaba con creces los porcentajes mínimos de votación que se exige a los partidos y no había razón alguna para su eliminación. Sin embargo, en el más puro estilo de Rafael Correa cuando impartía instrucciones a otras funciones del Estado desde su programa de televisión, Noboa expresó sus deseos y señaló el camino: “tendría que preguntarle al CNE y más adelante al Contencioso”. ¿De qué está hablando el presidente? ¿De lo que el CNE no hizo en el pasado o de sus planes para el futuro? Su parvularia torpeza verbal lo pone al descubierto.

Un favor devuelto

La causa que Daniel Noboa creía tener contra Construye el 4 de enero no tardó en aparecer. Ocurre que el partido de María Paula Romo había omitido una obligación ineludible: la de presentar el informe económico financiero del año 2022. ¿Causal de sanción? Sí. ¿De cancelación? El artículo 281 de la Ley Orgánica Electoral sólo excluye del registro de partidos a aquellos que se niegan a presentar sus cuentas de campaña durante dos elecciones consecutivas. Para las demás infracciones se fijan sanciones menores. El caso es que, a fines de enero, el Pleno del CNE conoció un informe sobre el tema y delegó a la Dirección Jurídica para que, “de ser el caso”, presente una denuncia ante el TCE. Al mes siguiente no era la Dirección Jurídica, era la mismísima hermana del cónsul del Ecuador en Queens quien llevaba el caso a tribunales y, en una denuncia de 12 páginas escritas de manera farragosa y deplorable, solicitaba “la cancelación del movimiento Construye”. Se fundamentaba en el mismo artículo 281 de la Ley Electoral, citado en la parte que le convenía.

Todo queda en familia

El juez del Tribunal Contencioso Electoral Ángel Torres, que resultó sorteado para conocer la causa, tiene un conflicto de interés. Su hija, Lady Maricela, es funcionaria del CNE en Loja desde 2018. Es decir: la hermana del cónsul es jefa de la hija del juez. Más aún: el marido de la hija del juez, Dennys Bravo González, ha sido nombrado hace poco presidente provincial de ADN, la empresa electoral de Daniel Noboa, en Loja. Pocos días después de este nombramiento, Ángel Torres dictó sentencia: se elimina al movimiento Construye del registro nacional de partidos y movimientos, tal como pedía la jefa de su hija. Es decir: el partido al que pertenece la segunda bancada más numerosa de la Asamblea desaparece del mapa político.

Para cuando esta sentencia fue pronunciada, el informe económico-financiero de Construye correspondiente al año 2022 ya había sido presentado y aceptado en el CNE. Era un informe que registraba cero ingresos y cero egresos, prueba ostensible de que el 2022 fue para ese movimiento un ‘annus horribilis’. Ni un centavo del fondo partidario permanente porque nunca lo ha utilizado; ni un centavo de gasto electoral porque ese año no hubo elección alguna; ni un centavo de aportes: año de hibernación total para Construye, el 22. Lo cual incluso puede explicar (que no justificar) la omisión en la entrega del informe.

En su sentencia, el juez Torres se refiere confusamente a un “bien jurídico protegido” que no termina de especificar cuál es. Se sobreentiende que no entregar un informe financiero atenta contra la transparencia del sistema electoral. Pero ¿puede una formalidad administrativa subsanable (y subsanada), como la entrega de un informe económico en cero, ser más importante que la representación política de los ciudadanos que votaron por Construye y le entregaron 20 escaños en la Asamblea Nacional? ¿No será esa representación política el bien jurídico que el juez Torres debe proteger?

La última palabra en este caso todavía no se ha dicho, pues Construye apeló la sentencia. Pero lo que está ocurriendo con este movimiento es una señal de alarma, o debería serlo, para todo el sistema político nacional. ¿Está el presidente Noboa moviendo sus hilos en el organismo electoral para obtener la eliminación de un partido que no le gusta? ¿Están las autoridades electorales y los tribunales de la justicia electoral prestándose para ese juego? ¿Está funcionando aquí el viejo sistema corrupto y corruptor del tráfico de influencias y la repartición de cargos? Una vez analizado el proceso de cancelación de Construye como si de una obra de teatro se tratase, escena por escena, no resulta difícil ponerle un título: ‘Despotismo iletrado’ se llama la obra.

El tema en el capítulo 30 de Politizados

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