¿Cuáles son las posibles consecuencias legales del delito de peculado?

El gerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Daniel Eduardo Rodríguez Silvestre, enfrentará un juicio por un presunto peculado. El médico está procesado por una investigación desarrollada por la Fiscalía, desde febrero de 2024, por aparentes irregularidades en la administración de recursos hospitalarios invertidos en la adquisición de trajes de protección contra riesgo durante la emergencia del COVID-19.

El médico Rodríguez fue convocado por el Tribunal de Garantías Penales a la audiencia de juzgamiento, cuya diligencia se desarrollará entre el próximo lunes 23 de febrero al 6 de marzo de 2026, desde las 09:00. De acuerdo con la citación, el enjuiciamiento será presencial en la sala 208 del Complejo Judicial Norte de Quito.

Durante la audiencia, la Fiscalía presentará las pruebas testimoniales y documentales en contra del procesado, quien fue acusado de un posible peculado. Ese delito, según el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) se configura cuando un funcionario o servidor público actúa para "beneficio propio o de terceros; abuse, se apropie, distraiga o disponga arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o privados que estén en su poder en virtud o razón de su cargo". 

¿Cuál es la pena por peculado en Ecuador?

Si las personas acusadas de peculado son halladas como responsables de ese delito podrían recibir una sentencia de cárcel de entre 10 a 13 años. Además, la Fiscalía señala que las causas penales por esa conducta delictiva son imprescriptibles, como lo dispone el art. 233 de la misma ley. 

Una sentencia por peculado también acarrea una inhabilitación para ejercer cualquier cargo público de por vida y hasta se podría perder los derechos políticos.

En el juicio contra Rodríguez también serán procesados Carlos Julio Arreaga Salazar, Olimpia de Las Mercedes Campoverde Pérez, Javier Humberto Carrillo Ubidia, Jean Erick Grunauer Calle y Shareth Leonela Pazmiño Rodríguez. 

Médico procesado dirige el hospital

La causa se inició en febrero de 2024, cuando la Fiscalía General del Estado (FGE) recibió el Informe con Indicios de Responsabilidad Penal remitido por la Contraloría. En ese documento, la entidad analizó la compra de los trajes de protección contra riesgo tipo 2 durante la emergencia por la pandemia, mediante el Contrato de Emergencia T.M.C. #001-2020, vigente entre el 1 de julio de 2014 y el 20 de mayo de 2020.

Según el informe, la contratación no respetó las normas de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública ni las directrices del Servicio de Contratación Pública (Sercop). 

Entre las irregularidades, se identificó que las especificaciones técnicas para los trajes de protección cambiaron durante la convocatoria: inicialmente se pidió un gramaje de 60 (+/-5), pero el pliego final exigió 80 (+/-5). El ajuste generó que nueve oferentes cumplieran con la ficha técnica original y uno solo ofreciera el traje con gramaje modificado, sin optimizar los recursos públicos según precios y proformas de otros oferentes.

Además, el doctor sospechoso formó parte de la comisión técnica de este contrato de emergencia, situación que vincularía a Daniel Rodríguez con la gestión y supervisión de la adquisición de insumos.

Por este caso, el gerente Rodríguez recibió medidas cautelares, mientras se desarrolla el proceso penal. Él debe presentarse los martes y viernes, de 08:00 a 17:00, ante las autoridades, según dispuso el tribunal el pasado 9 de abril de 2024. 

Si bien el médico Rodríguez está investigado, él aún labora como directivo del Teodoro Maldonado, uno de los hospitales públicos más importantes de Guayaquil.

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