Reducir el hacinamiento en las cárceles, restablecer el control interno y la vigilancia, fortalecer a los guías penitenciarios y aumentar los recursos. Son temas que formarán parte de la reestructuración carcelaria anunciada por el presidente Guillermo Lasso.

El primer mandatario declaró la emergencia en el sector tras los amotinamientos y fugas del miércoles y el jueves en la cárcel de Guayaquil y el Centro Regional Cotopaxi.

Ayer el número de fallecidos en el centro de Latacunga subió a 19, según informó el gobernador de Cotopaxi, Oswaldo Coronel. Se incluyó en esa cifra el deceso del detenido sospechoso de la agresión sexual en contra de una mujer policía y que apareció ahorcado en su celda.

Él, según el parte policial, había sido sacado por los privados de la libertad hasta el pasillo del pabellón. Además, la policía informó que subió a 87 la cantidad de reos que huyeron y fueron recapturados. Ayer viernes el nuevo director del Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI), Fausto Cobo, recorrió la prisión de Cotopaxi.

EXPRESO habló con expertos en temas carcelarios tras la declaratoria de emergencia en las prisiones del país, para consultarles qué soluciones inmediatas en temas de seguridad se requieren para que el sistema funcione.

Alfredo Muñoz, ex director nacional de Rehabilitación Social, recomienda hacer ciertas adecuaciones en la cárcel conocida como La Roca, en Guayaquil, para que sea la prisión de máxima seguridad y alojar allí a los internos más peligrosos del país. “Hay que mejorar el sistema de seguridad de ese centro, que tiene capacidad para 160 detenidos, pero debería tener la mitad para que sean celdas unipersonales”, explica.

Según él, con la ubicación de los cabecillas de las bandas en ese establecimiento, se soluciona el 70 % del problema y a la vez se protegerá al 80 % de internos que no son peligrosos y que son víctimas de las organizaciones delictivas que operan en las cárceles.

Sugiere también que tanto en La Roca como en el resto de centros de privación de libertad se cambie el sistema de control electromagnético de las puertas por uno electromecánico que, según dice, implica una inversión de bajo costo y garantiza una mayor seguridad. “El mecanismo electromagnético no funciona si no hay electricidad, pero el otro sistema permite abrir las puertas de manera mecánica si se va la energía”, indica.

Muñoz además considera necesario que se afine la eficacia del sistema de inteligencia en las cárceles, con lo cual se pueden adoptar medidas para desarticular a las bandas y evitar los enfrentamientos.

Una apreciación similar sobre esto último tiene Stalin Raza, experto en temas de seguridad, quien se refiere a la necesidad de que la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el servicio de vigilancia penitenciaria operen de manera conjunta y conformen una comunidad de inteligencia antidelincuencial en las cárceles del país.

“Se sabe quiénes son, cómo operan, pero no se conoce cuáles son los mecanismos de reacción. Y para eso es necesario que la inteligencia de estas tres entidades empiece a trabajar coordinadamente”, indica Raza.

Ambos entrevistados coinciden en que es prioritario que se mejore la fuerza de vigilancia interna en los centros de reclusión, con el aumento y capacitación de guías penitenciarios.

“Es urgente que se siga reclutando personal de custodia y vigilancia hasta cubrir el déficit de personal que existe para cuidar a 40.000 presos”, señala Alfredo Muñoz.

Raza destaca que los agentes de vigilancia en este momento carecen de reglamento de carrera, presupuesto, jerarquía, escala remunerativa, equipamiento y entrenamiento. “Bajo esas condiciones, son absolutamente permeables y vulnerables a cualquier tipo de acto de corrupción del crimen organizado”, sostiene.

Felipe Rodríguez considera que una de las soluciones al tema carcelario es que los jueces “por cualquier tontería dejen de estar dictando prisión preventiva”. Afirma que el exceso de la población carcelaria es porque existe un abuso de la prisión preventiva, y eso en gran parte es culpa de los usuarios de redes sociales que presionan y exigen que todos vayan presos.

Según el jurista, eso hace que se llenen las cárceles y baje el nivel de derechos, baje la alimentación, se vuelva inhumano y se empiezan a volver locos adentro. Adicionalmente opina que las autoridades deben tener el control de las cárceles porque no es posible que quienes controlen los centros sean los reos. “Yo creo que tienen que estar privatizados”, concluye.

Protesta y recapturas

Hasta este viernes, 87 privados de la libertad que se fugaron del Centro Regional de Cotopaxi fueron recapturados por la policía, mediante operativos desplegados con todas sus unidades preventivas, investigativas y de inteligencia.

De ellos, al menos 64 fueron procesados por el presunto delito de evasión. Mientras que familiares de los reclusos se dieron cita en los exteriores del centro carcelario con carteles y pancartas. Fueron a solicitar información de sus parientes encarcelados en ese centro de privación de libertad.

LA CIFRA

27 muertos se registraron tras los amotinamientos del miércoles en Guayaquil y Cotopaxi.