Corte Constitucional guarda silencio frente a las impugnaciones al fiscal Alarcón
Podrían producirse nulidades a causas penales, según exvocal de la Judicatura. ¿Tribunal busca momento preciso para resolver?
El 3 de octubre del 2025 (hace dos meses y 14 días), el Consejo de la Judicatura designó a Carlos Leonardo Alarcón como fiscal subrogante de Wilson Toainga, fiscal general del Estado subrogante. Cinco y trece días después, en ese orden, la Revolución Ciudadana y la Unión Nacional de Educadores (UNE) presentaron demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.
Dos meses después, la Corte todavía no se ha pronunciado al respecto. Para la abogada Solanda Goyes, exvocal del Consejo de la Judicatura, a la Corte le corresponde actuar con rapidez porque “en estos meses podrían generarse nulidades sobre lo que haga el fiscal nombrado indebidamente. No hay norma, ni constitucional ni legal, que ampare esa designación”, precisa.
Por eso, Goyes insiste en que “hay reglas de juego y al ser un caso de alta relevancia, puede adelantar el orden cronológico y tratar estas demandas”. ¿Por qué? “No es constitucional ni legal (lo ocurrido). La designación de un titular de la Fiscalía le corresponde al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y no al Consejo de la Judicatura”.
Ramiro Ávila, exjuez de la Corte Constitucional, considera que uno de los problemas es que la mayoría de acciones constitucionales, como las demandas de inconstitucionalidad, no tienen plazos para resolverse. Diferente es el caso de los estados de excepción o las consultas populares, que tienen plazos fatales, ya que si los jueces no se pronuncian, se entiende que el dictamen es favorable.
La carga procesal de la Corte Constitucional
“El resto de acciones no tienen plazo. Por eso la Corte no es predecible. Además, hay otro problema: están atiborrados, hay sobrecarga. Se adoptó un criterio cronológico para ir ubicando a la cola los casos que llegan”, señala. Por ejemplo, cuando él era juez (hasta el 2022), “había jueces atendiendo causas del 2015, otros del 2017”.
Por eso Ávila concluye que no se puede predecir cuándo se resolverán las demandas de inconstitucionalidad de la RC y la UNE. Anota que, excepcionalmente, la Corte decide dar un tratamiento prioritario a un caso, para que la resolución llegue antes de un desenlace fatal, si el accionante tiene una enfermedad catastrófica o hay circunstancias que a su criterio son importantes para el país.
Lo que ha pedido la UNE sobre el fiscal subrogante Alarcón
“Nosotros solicitamos que se dicten medidas cautelares. Ya al momento hay una afectación, aunque se pudiera declarar la suspensión”, sostiene Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE).
¿Será que la Corte ha retrasado su respuesta para tener un as bajo la manga ante una nueva arremetida del Gobierno? Quishpe dice que espera que no sea así. Pero admite que lastimosamente la pugna ha llevado a que diferentes acciones de carácter constitucional estén sujetas a coyunturas políticas.
La Corte no ha respondido a tiempo más allá de la carga procesal
El abogado constitucionalista, Paúl Córdova, menciona que no hay certeza del tiempo que se tome la Corte en resolver incluso casos de relevancia nacional. “Podría pronunciarse luego de que el CPCCS nombre al nuevo fiscal, luego del concurso. El 80 % de su gestión está concentrada en garantías extraordinarias de protección”. Y sobre una respuesta política, considera que, en la consulta popular, la mayoría también rechazó la confrontación.
"Más allá de la carga procesal, la Corte no ha dado respuesta oportuna a algunas demandas. En la consulta, el ciudadano rechazó que se confronte con los jueces", señala.
Esto dice la RC sobre el fiscal subrogante del subrogante
Para Juan Andrés González, coordinador de la bancada de la Revolución Ciudadana, "la Fiscalía General del Estado está secuestrada por el Ejecutivo, por eso calla ante casos como HealthBird".
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