Que la Corte Constitucional termine destituyendo únicamente al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Alembert Vera, y no a los otros cuatro consejeros que hicieron exactamente lo mismo por lo que sancionarían a él, sería algo impresentable. Para comenzar, porque las suspicacias sobre el proceder de los jueces se multiplicarían como hongos después de la lluvia y eso afectaría gravemente a la credibilidad de uno de los poquísimos organismos de la institucionalidad del país que aún goza de cierto prestigio. Eso sería un nuevo golpe a la confianza de la sociedad en el Estado.

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¿Cómo así que destituyen a uno solo cuando hay otros cuatro que hicieron exactamente lo mismo? La pregunta será inevitable porque, en efecto, la intentona por echar abajo el nombramiento de la fiscal Diana Salazar por parte del CPCCS transitorio de Julio César Trujillo no fue obra únicamente de Alembert Vera, sino de otros cuatro consejeros, tres de los cuales pertenecen a la llamada Liga Azul, que fue la lista que apoyó públicamente y sin rubor Rafael Correa.

Las dudas y suspicacias sobre el proceder de la Corte Constitucional también surgirán inevitablemente porque la decisión, si se la llega a tomar, llegará luego de una larguísima espera que no tiene justificación: los hechos por los que se podría destituir a los consejeros fueron públicos y notorios, además de que hay evidencias administrativas de que se cometieron. Incluso hay constitucionalistas que sostienen que la audiencia que hubo para que se presenten los consejeros del CPCCS no era necesaria. 

¿Cómo así que se demoran tanto para algo tan sencillo? Que ruede únicamente la cabeza de Vera para que los otros cuatro recompongan la mayoría y sigan con la agenda del correísmo en el CPCCS para echar abajo la institucionalidad que nació de la consulta de 2018, sería demasiado apestoso como para que ese organismo no caiga en una crisis de credibilidad. Mucho más grave cuando ya existen versiones, muchas de las que circulan en redes sociales, de que hay algunos jueces que son partidarios de la fórmula de destituir a Vera por la presión que hay de la opinión pública y dejar al resto en sus cargos. 

A estas versiones hay que agregar la súbita serenidad con la que empezaron a actuar Alembert Vera y su correligionario Augusto Verduga durante sus presentaciones el día de ayer. En realidad, en los corrillos del CPCCS se comenta con gran optimismo que ya estaría lista la fórmula: Alembert Vera se va, pero quedan los otros. El argumento de que se sacrificó a la figura más visible y controversial para saciar el hambre de la opinión pública y dejar a los que no los conoce nadie, no aguanta el más mínimo análisis: los otros se quedarían habiendo cometido la misma infracción que el presidente. Eso se traduce en una palabra que espeluzna: impunidad.

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El país ya no soporta un solo escándalo más en el terreno de lo jurisdiccional, porque lo que ocurre en la administración de justicia no puede ser más siniestro. El Consejo de la Judicatura tiene a cuatro de sus cinco miembros procesados por la justicia y cualquier abogado en ejercicio sabe que hay cortes provinciales como las de Guayas y Santa Elena, que son nidos de corrupción amparados por movimientos políticos. La acción de protección dictaminada por un juez de Samborondón para que se suspenda el concurso para contralor, porque los resultados no convenían al correísmo, es una evidencia más de la guerra que hay por controlar los organismos más relevantes del Estado. Que se destituya a Vera y se deje a los otros consejeros sería un tiro en el pie para la Corte Constitucional.

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