Cada día que pasa, la Corte Constitucional pierde credibilidad ante los ciudadanos. El último reducto de decencia en el servicio público y de institucionalidad del país está cubierto por un grueso manto de dudas por su lento y bastante sospechoso actuar al alargar y alargar su decisión sobre el futuro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

¿Cómo entender que el pleno se tome tanto tiempo para analizar los hechos que están ahí, a la vista de todos? Parece que muchos los ven, menos una parte de la Corte alineada a su presidente. Mantener al país en vilo, a la espera de una decisión, es sencillamente desconocer el contexto que actualmente vive Ecuador, uno en el que un concurso para elegir contralor general del Estado avanza con sus traspiés, que tampoco son poca cosa. Asegurar que los planes del correísmo en torno a este proceso se están truncando es prematuro. Cualquier cosa puede pasar y la Corte no puede mirar con indiferencia lo que está sucediendo. Tiene que tomar una decisión que se enmarque en lo legal y legítimo. Cada día que transcurre guardando silencio, seguirá avalando con él lo que suceda en este concurso, además de los hechos por los cuales justamente debe pronunciarse, poniendo en riesgo su ya poca credibilidad. Está en las manos de los nueve jueces salvar un poco de la maltrecha institucionalidad del país.