El proceso no tiene obstáculos. En su informe semanal, Alembert Vera, titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) ratificó que el concurso para designar al contralor general del Estado continúa, pese a los señalamientos de irregularidades.

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"Siempre hemos respetado y vamos a respetar el trabajo de las comisiones ciudadanas", dijo Vera e indicó no tener más detalles de los señalamientos al concurso de los que han tratado los medios de comunicación. Aunque, sí brindó detalles de la prueba escrita del proceso.

Según un informe que remitió la comisión ciudadana de selección del concurso a Vera, los exámenes faltantes en el boletín de resultados que señaló el exsecretario de la comisión, Francisco Toral, tienen una explicación.

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"Cuatro postulantes anularon su prueba y dos la entregaron en blanco. Otro rindió el examen, pero no consta en el reporte", leyó Vera. Asimismo, sobre el cese de funciones de Toral por parte de la comisión, el titular del CPCCS dijo aún no haber sido notificado para remitir la terna respectiva que reemplace al secretario de la comisión ciudadana.

Por otro lado , Vera no se mostró a favor de que sean públicos los exámenes rendidos por los postulantes el 30 de agosto. "Los afectos o desafectos no están por encima de la ley. El reglamento establece las fases para que los postulantes soliciten la recalificación", acotó.

EXPECTATIVA POR EL PRONUNCIAMIENTO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

Vera aprovechó su informe semanal para informar que la entidad ya fue notificada del fallo de la Corte Provincial de Manabí, respecto a la revocatoria de la veeduría ciudadana que revise los actos administrativos del Consejo de Participación transitorio.

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"Siempre hemos cumplido toda orden judicial, estemos o no de acuerdo", siguió el titular del CPCCS e indicó que, tal como sucedió con la sentencia de primera instancia del juez Quimis, la resolución de la Corte de Manabí no tiene que ser conocida por el pleno de la entidad.

Además, informó que el fallo de la apelación también fue remitida a la Corte Constitucional. Esto mientras la institución es objeto de una evaluación ante un posible incumplimiento del dictamen interpretativo de 2019 que blinda los actos del Consejo transitorio.

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