Tras una veintena de allanamientos, detenidos e indagaciones iniciados durante los días más duros de la pandemia, la Fiscalía ha englobado los casos de corrupción hospitalaria de Guayas en al menos 7 procesos, en los que investiga peculado, delincuencia organizada, lavado de activos y asociación ilícita por la venta de insumos médicos con sobreprecio en las casas de Salud y del Seguro Social.

Casos que parecerían ser aislados, pero que incluyen a tres redes que vendrían funcionando desde 2018 y en al menos cinco hospitales a nivel nacional, provocando millonarios perjuicios al Estado y la afectación de miles de pacientes que no pudieron acceder a los insumos médicos que necesitaban.

Dentro de estas investigaciones, la Fiscalía tiene varias piezas “claves” para desenredar el entramado de corrupción entre los que están Daniel Salcedo, la empresa Zoldan Corporeishon y los hermanos Bucaram Pulley. Ellos se unen a más de una treintena de proveedores y exfuncionarios de hospitales que conectan a estas redes a una sola trama cuyas ramificaciones se extienden en los hospitales de Los Ceibos, Teodoro Maldonado Carbo, IESS de Durán, Eugenio Espejo, entre otros.

“Esto empezó con una denuncia que hicimos el año pasado en la que señalábamos que en el 2018 se habían firmado 244 convenios de pago por 138 millones de dólares en el Teodoro Maldonado Carbo y Los Ceibos”, cuenta Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA). Convenios de pago que se usaron para dar contratos “a dedo” y adquirir insumos que, según la Contraloría, nunca se usaron.

En esa época, el Teodoro Maldonado era dirigido por Luis Jairala Zunino, quien, además de ser investigado por peculado y delincuencia organizada por el uso de los convenios de pago, comparte un proceso por asociación ilícita con los hermanos Bucaram y con Daniel Salcedo por la venta irregular de insumos a varios hospitales de la ciudad. La abogada de Jairala, Teresa Rivas, dijo tras la audiencia de vinculación que durante la gerencia de su defendido los convenios se delegaron a diferentes departamentos.

A Jacobo, el mayor de los Bucaram, la Fiscalía también le sigue una investigación por delincuencia organizada por la compra de más insumos. En un allanamiento a su casa se encontraron mascarillas y pruebas rápidas que, a decir de la fiscal Diana Salazar, coincidían con las halladas en el Teodoro Maldonado.

Salcedo, a su vez, está vinculado a otro proceso por peculado que se sigue en contra de exdirectivas del hospital de Los Ceibos por la compra de 4.000 bolsas para embalar cadáveres por 148,50 dólares cada una.

La Fiscalía determinó que Salcedo recibió pagos de Silverti S.A., la empresa que vendió las fundas al hospital del IESS.

En la denuncia que presentó la CNA sobre el uso irregular de los convenios de pago en estos dos hospitales también constan como beneficiarios una serie de proveedores que ahora están vinculados al caso del hospital Abel Gilbert, donde Fiscalía pone a la cabeza a la empresa Zoldan Corporeishon.

“Nadie intervino cuando denunciamos y se siguió favoreciendo a estos mismos grupos delincuenciales”, señala Rodas.

En mayo de este año, la CNA entregó a Salud otra denuncia con algunos de los nombres que había en la anterior, pero que ahora ganaban dinero bajo otra modalidad: acuerdos para ganar contratos.

“Javier Andrade recibió 5 contratos y Karina Ayala, tres, solo por darle algunos implicados”, dice el coordinador.

Andrade y Ayala son investigados por delincuencia organizada en el caso Abel Gilbert, pero su abogada, María del Mar Gallegos, asegura que en el proceso aún no se ha demostrado la existencia de algún delito.

Gallegos afirma que ambos tienen transferencias con Zoldan Corporeishon porque es su proveedora. Además, Andrade es el esposo de una de las accionistas de la empresa.

En este caso también está procesado Eduardo Salazar, otro proveedor de insumos que, según las investigaciones, ha depositado cheques en las cuentas de Pablo Mendoza, empresario vinculado a la red Salcedo-Bucaram.

El abogado de Mendoza, José Maldonado, asegura desconocer la existencia de estas transacciones y niega que su defendido tenga relaciones comerciales con otros miembros de la red.

La Comisión Anticorrupción cree que estos casos son solo la punta del iceberg e insta a las autoridades a revisar la contratación hospitalaria en todo el país. “Hay que investigar las adquisiciones de Carchi a Macará porque se está escondiendo el verdadero atraco. Calculamos que hay al menos siete redes que se han beneficiado de manera ilícita de los recursos del Estado”, advierte Rodas.