La existencia de un perjuicio de tres millones de dólares en cinco convenios de pago firmados para la compra injustificada de insumos médicos dentro del hospital Teodoro Maldonado Carbo durante la administración de Luis Jairala Zunino es la principal razón por la que la Fiscalía pidió este 8 de septiembre vincularlo a él y a otras 15 personas por el delito de peculado.

Además de los cinco convenios de pago, el Ministerio Público ha determinado que existe sobreprecio en un proceso por subasta inversa, también aprobado durante la administración de Jairala, en 2018.

“En la subasta inversa hemos encontrado varias contradicciones. Por ejemplo, el gerente de la empresa Sipromedic ha indicado en su versión libre y voluntaria que jamás ha presentado ninguna proforma para dicho proceso y que ellos presumen que dicha información fue suplantada de una proforma que sí presentaron en junio de 2017 y que fue su última participación en el Teodoro Maldonado Carbo. Además, aseguró que no importan el tipo de productos por los cuales, supuestamente, se los llamó a participar”, dijo el fiscal César Suárez durante el receso.

Además de la presunta falsificación de documentos, Suárez señala que una perito pudo determinar que existe un sobreprecio del 100 % en el valor de lo adquirido en esa subasta. "Eso sin contar los sobreprecios que encontramos en estos cinco convenios de pago", reiteró.

En mayo del año pasado, la Contraloría emitió un informe con indicios de responsabilidad penal por la firma de 18 convenios de pago firmados durante la gerencia de Jairala Zunino y que ocasionaron un perjuicio de 11,9 millones de dólares.

En la auditoría se señala que “no se identificaron las razones por las cuales se eludieron los procesos de contratación pública especiales o dinámicos y se aplicó la figura excepcional de convenio de pago en los 18 procesos para la adquisición de medicamentos”.

Además, determina que no existe evidencia documental del estudio de mercado que sustente los precios unitarios ni el presupuesto referencial de esos procesos y que tampoco existe el sustento para el pago urgente de 20,8 millones de dólares por esos insumos que nunca fueron sido utilizados.

La abogada de Jairala dijo que él no es responsable de esos convenios, pues aunque se firmaron durante su gerencia cada departamento del hospital tenía su competencia. “La gerencia hizo delegaciones correspondientes a cada departamento por lo que cada uno es responsable, es decir que dentro de la suscripción de convenios de pago estamos hablando de 60 personas”, afirmó.

En este caso la Fiscalía también pidió vincular a Jorge Henriques, exdirector de compras públicas del Teodoro y exasambleísta alterno de Gabriela Pazmiño, esposa de Dalo Bucaram y a Jorge Luis Llerena, cuñado de Jacobo Bucaram. Otras 8 personas ya eran parte del proceso. La audiencia se suspendió pasadas las 18:00 y está prevista que se reinstale este jueves a las 9:00.

Jairala y Henriques también comparten otro proceso por asociación ilícita con los hermanos Bucaram Pulley, Gabriela Pazmiño y con Daniel Salcedo, caso que está relacionado a la venta de insumos médicos a hospitales de Guayaquil.