Correísmo va por otra denuncia sobre contratos eléctricos: ¿Cuál es la nueva causa?
El asambleísta Lenín Barreto cuestiona la adjudicación de un contrato de Celec con el Consorcio Pascuales García
El bloque correísta en la Asamblea Nacional presentó una nueva denuncia relacionada con contratos entre el Estado y empresas privadas para la generación eléctrica. El asambleísta Lenín Barreto señaló un presunto perjuicio en la adjudicación de un contrato con el Consorcio Pascuales García.
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La denuncia se refiere a un contrato suscrito por Celec EP, a través de su Unidad de Negocio Electroguayas, cuyo objetivo fue el alquiler de generadores de energía termoeléctrica. Según Barreto, el contrato se celebró con un presupuesto referencial de 266,5 millones de dólares y fue adjudicado por 258,2 millones.
No obstante, el legislador sostiene que durante el proceso se presentó una oferta de empresas ecuatorianas que proponían más megavatios por un menor costo. “Todos recordamos lo que significó el caso Progen y ATM. El Gobierno, no contento con eso, podría estar en un nuevo caso de corrupción en las empresas eléctricas. Podríamos llamarle, de pronto, el caso Progen 2.0”, afirmó Barreto.
¿En qué consiste la denuncia?
El legislador indicó que el perjuicio por el contrato alcanzaría los 250 millones de dólares. Aseguró que el proceso ha estado marcado desde el inicio por un “sinnúmero de irregularidades”. Entre ellas, mencionó que el consorcio adjudicado está conformado por empresas mexicanas y que “algunas de ellas han tenido denuncias de corrupción en México”.
Barreto también señaló que el Consorcio Ecuador presentó una apelación a los resultados de la comisión técnica encargada de evaluar a los oferentes. Recordó que dicha propuesta ofrecía 20 megavatios adicionales por un costo menor, cercano a los 10 millones de dólares.
Sin embargo, el legislador aún no dispone de información sobre los motivos que llevaron a CELEC a adjudicar el contrato al Consorcio Pascuales García. Explicó que el Consorcio Ecuador solicitó explicaciones sobre la decisión, pero la respuesta llegó recién el 10 de noviembre de 2025, por lo que deberá revisar los argumentos expuestos.
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