Es una actividad que incomoda al primer mandatario. Desvincular a funcionarios de su gabinete no se le da bien a Lenín Moreno. En sus casi tres años de gestión, ha defendido a ministros, secretarios, consejeros y delegados aún cuando la opinión popular exigía su salida. Paúl Granda es el último ejemplo.

Granda, quien ya ocupó un cargo ministerial, es el delegado de Moreno en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). El 7 de abril, Granda renunció a dicha designación y también a la presidencia del Consejo Directivo del Seguro. Envió una carta al primer mandatario agradeciéndole por la oportunidad y ratificando su apoyo. Moreno recibió la carta, e incluso un correo electrónico dos días más tarde, pero no aceptó la renuncia de Granda. Le ratificó su apoyo y lo mantuvo dentro de la denominada ‘mesa chica’. El grupo más íntimo de funcionarios que toman las decisiones clave para el país.

Granda puso su renuncia luego de que el IESS estuviera a punto de adjudicar un contrato por 10 millones de dólares para atender la emergencia sanitaria derivada por el coronavirus. En ese contrato se detectaron sobreprecios que afectaban a las finanzas del Estado.

El caso del presidente del IESS no es el primero ni será el último. El presidente Moreno ha mostrado que apoyar a sus ministros es una prioridad. En la lista de ejemplos hay funcionarios que incluso fueron enjuiciados políticamente y que mantuvieron la aprobación de Carondelet.

Verónica Espinosa es uno de esos casos. La exministra de Salud se mantuvo en el cargo pese a que la Asamblea Nacional la investigaba por incumplimiento de funciones. También había una serie de investigaciones que daban cuenta de sus errores en la cartera de Estado, pero Moreno la apoyó hasta el final. Ella renunció.

César Navas es otro nombre similar. Su gestión como ministro del Interior fue altamente cuestionada durante el secuestro y asesinato de tres periodistas de diario El Comercio. Pese a las evidencias de errores y falencias, Moreno mantuvo al excolaborador del correísmo en su cargo hasta muy avanzada la crisis en la frontera norte.

Otro caso de apoyo incondicional fue el del exconsejero presidencial Santiago Cuesta. El amigo cercano del presidente se mantuvo durante más de un año en Carondelet, pese a que constantemente divulgaba información confidencial en su cuenta de Twitter. Cuando Cuesta dejó el Gobierno, Moreno eliminó la consejería.

Incluso con los funcionarios actuales hay una resistencia notable. Durante el paro y las manifestaciones violentas de octubre del año pasado, varias voces llamaron a la salida de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, por su escaso manejo político a la hora de hablar con el sector indígena. Los reclamos de sectores sociales y las amenazas de juicio político -que finalmente no se concretaron- tuvieron poco eco. Romo es aún la titular del ministerio.

El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, es otro ejemplo de respaldo incondicional. Él también fue observado durante el paro de octubre y, en septiembre del año pasado, fue criticado por la falta de pago del incentivo de las jubilaciones para los maestros. Los incumplimientos causaron una huelga de hambre de maestros jubilados que permanecieron casi quince días en protesta.

Una de las diferencias entre todos los ejemplos y el último caso, sugieren legisladores que apoyan la salida de Granda, es que esta vez no se trata de acusaciones políticas o falta de recursos. Hay una compra pública que tiene un evidente sobreprecio y hasta un examen de la Contraloría General del Estado que determina indiciones de responsabilidad penal. Moreno, sin embargo, mantiene su respaldo intacto.