Coronavirus: El gobierno 'desaparece' contagiados en las cifras provinciales

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Coronavirus: El gobierno 'desaparece' contagiados en las cifras provinciales

Las pruebas rápidas no son consideradas. Ese insumo sirve para la determinación de un semáforo de movilidad

MARÍA PAULA ROMO - COE
María Paula Romo es la encargada de entregar las cifras diarias de contagiados.

A puertas de un semáforo y del distanciamiento social, el Gobierno del presidente Lenín Moreno cambia los insumos. Las pruebas rápidas para la detección del coronavirus han sido herramientas utilizadas para analizar el crecimiento de la pandemia en cada provincia. Sin embargo, y con argumentos confusos, el Ministerio de Salud anunció, esta semana, que en la contabilización de casos positivos por provincias y cantones no considerará el resultado de esos exámenes. La sola decisión disminuye drásticamente los números de contagiados por provincia.

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La decisión gubernamental, a decir de los gobiernos seccionales, resulta perjudicial porque ese dato será la base para que cada municipio acceda a un color del semáforo para retomar actividades desde el 4 de mayo. En menos de una semana, los cantones en verde tendrán mayor movilidad.

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Los cantones con pocos casos tendrán que ser verdes y amarillos. Ese dato, por la disposición de Salud y el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE), estará ocultando los números arrojados por las pruebas rápidas.

En un ejemplo, las autoridades del cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha, manifestaron su deseo de permanecer en rojo por su cercanía con Quito, una de las ciudades con más casos confirmados. Si se retira la valoración de las pruebas rápidas, Rumiñahui podría ser de color amarillo y hasta verde. Recuperaría gran parte de su movilidad y estaría en riesgo de un rebrote de coronavirus.

¿Cuál es el argumento para eliminar los resultados de las pruebas rápidas en los informes oficiales de contagios en el Ecuador? Que hay una gran cantidad en varias instituciones y que han retardado en la entrega de resultados convalidados. En el país, se han aplicado más de 18.501 pruebas rápidas. El 31 % de todas las valoraciones realizadas para detectar la enfermedad que provoca la emergencia sanitaria.

Salud asegura que hay un retardo en la validación de resultados de entidades públicas y laboratorios privados que aplicaron las pruebas. Esas demoras surgen de organismos como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el seguro policial (Isspol) y el de las Fuerzas Armadas (Issfa).

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo que otra razón es que esa es la recomendación técnica internacional. Incluso aseguró que países como España no toman en cuenta a las pruebas rápidas. 

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Pese a su propia justificación, en las cifras nacionales aún se mantiene el dato de pruebas rápidas. Solo se borró en provincias. La comparación resulta, entonces, confusa. 

En un comunicado, que llegó tarde y que fue corregido por errores en su redacción, el Ministerio de Salud aseguró que las pruebas que utilizan la metodología PCR son las únicas avaladas por organismos internacionales. Eso, pese a que el mismo Gobierno nacional impulsó la compra y distribución de pruebas rápidas.

El 6 de abril, por ejemplo, la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República informó que distribuirán pruebas rápidas en todas las provincias. Es decir, las mismas herramientas que ellos entregaron ahora no son válidas.

Una semana después, el Gobierno ofrece nuevamente trabajos con las pruebas que ahora considera que no son reconocidas por organismos de salud internacionales. El 12 de abril, las autoridades anunciaron recorridos puerta a puerta para la toma de muestras y evaluaciones rápidas.

Desde el punto de vista médico, las pruebas rápidas tienen una función más práctica que técnica. Los expertos aseguran que sirven para determinar si una persona ha estado expuesta al COVID-19. Un dato valioso a puertas de pasar de la fase de aislamiento social a la de distanciamiento social.

En ciudades como Quito y Guayaquil, el número de población y de casos podría permitir que permanezcan en color rojo del semáforo de movilidad. Esta semana, el COE nacional escuchará a los alcaldes de cada cantón para determinar el color que se aplicará en su territorio local.