Contratos con empresas opacas: el riesgo que acecha a empresarios en Ecuador

Las personas naturales y jurídicas no solo podrían enfrentar procesos internacionales por entregar dinero al crimen organizado. En Ecuador, el caso de alias ‘Marino’ reveló cómo las empresas han contratado compañías que prestan servicios de seguridad, cuyos accionistas son familiares o personas cercanas a narcotraficantes y organizaciones criminales.

La contratación con empresas manchadas facilita la introducción del dinero de economías criminales en el mercado financiero nacional “para confundir su origen y podría enfrentar varios procesos legales en la Fiscalía”, explica el penalista, Pablo Encalada.

El especialista aclara que, durante la indagación, el fiscal deberá determinar si la firma o persona sospechosa (supuesta víctima) actuó con dolo, es decir, si lo hizo con voluntad; o si desconocía los antecedentes de las compañías involucradas.

Los riesgos de escoger ofertas extrañas

Pero no solo en la contratación. Señala que si un ciudadano decide adquirir un bien o servicio a esas firmas, podría verse involucrado en delitos. Esto ocurre en casos como comprar un vehículo con un precio menor al existente en el mercado o cuando se aceptan préstamos para inversiones sin pagos de intereses o fuera del sistema financiero regular.

“Hay indicios de lavado de activos. Es como comprar cosas robadas, debe haber un tema ético por parte del consumidor, advertir los riesgos: en qué me estoy metiendo, con quién estoy contratando, qué estoy contratando, cuestionarse siempre”, recalca.

Al contrario, si adquiere o contrata algo sin conocer los antecedentes delictivos del ofertante, “se actúa de buena fe”. Pero si, pese a sospechar, acepta, “esa actuación se llama ignorancia deliberada, que sería hacerse el tonto e incurriría en lavado de activos, como coautor”, añade. El mismo análisis podría aplicarse a los prestamistas o a quienes aceptan participar en pirámides, menciona.

El consultor del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, Renato Rivera, indica que, en el caso hipotético de que la Fiscalía avance en investigaciones para ver los flujos financieros porque pueden existir clientes fantasmas o que están sobrefacturando, se inicia una indagación por lavado de activos. 

No obstante, considera que el sistema de investigación tiene dificultades. “El interés por vincular a personas jurídicas existe, pero es limitado”. No obstante, “el riesgo está activo”, subraya.

¿Cómo evitar involucrarse con empresas sospechosas?

El catedrático de Ciencias Jurídicas de la UISEK, Fernando Rojas, señala que, para evitar esos riesgos, se incluyeron figuras legales como el oficial de cumplimiento, quien verifica que las empresas actúen dentro del régimen jurídico y alerta posibles peligros.

De lo contrario, “podrían verse implicados en procesos por lavado de activos. Además, muchas transferencias por pago de servicios podrían ser revisadas por la UAFE o la autoridad competente y se genera una responsabilidad penal. Incluso, habría delito por parte de los agentes que deben avisar a la UAFE sobre cosas que no son normales dentro del sistema financiero”, acota.

¿Qué sucede si los vínculos se conocen luego de contratar? La primera recomendación es cesar la relación contractual. Sin embargo, Encalada sugiere dejar constancias internas dentro de las empresas. 

Rojas, en cambio, sugiere dar aviso al banco y crear una alerta de esas transferencias al sistema financiero, a través de correos o notificaciones dirigidas al oficial bancario.

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