Para la bancada correísta, la posesión del contralor general del Estado no es un punto final. Al contrario, sus legisladores continuarán con el “proceso de fiscalización” al concurso público, de méritos y oposición, del que resultó ganador Mauricio Torres, con 91 puntos.

“Es de conocimiento de todos ustedes que han ingresado denuncias por parte de las veedurías ciudadanas, en referencia a que existen presuntas irregularidades en el proceso tanto de selección como designación la máxima autoridad de control”, dijo Patricio Chávez, asambleísta correísta, quien calificó a la posesión de Torres como un “apresuramiento innecesario”.

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Para el nuevo contralor, su posesión, realizada el martes 28 de noviembre en la Asamblea, es la culminación de un largo camino lleno de polémicas y reiteradas suspensiones, a través de nueve acciones de protección, que hizo que el concurso durase más de un año.

“La meritocracia ha triunfado. No me debo a ningún partido político, no tengo a ninguna persona que esté atrás mío con poder. Por lo tanto, soy libre para poder luchar contra la corrupción”, dijo Torres, minutos después de salir del pleno del Legislativo, en donde Henry Kronfle, presidente, oficializó, con un juramento y un acta, su designación como máxima autoridad del poder de Transparencia y control del buen uso de los recursos públicos.

Luego de seis años, el país vuelve a tener un contralor escogido en un concurso. El último en ganarlo fue Carlos Pólit, prófugo de la justicia ecuatoriana e imputado por la justicia norteamericana por la trama de corrupción del caso Odebrecht.

En 2017, tras abandonar el país de forma precipitada, a Pólit le sucedieron tres contralores: Pablo Celi, sentenciado por delincuencia organizada; Valentina Zárate y Carlos Riofrío.

Torres, bastante optimista, dijo que con su designación se inaugura una nueva época de estabilidad en la Contraloría, en donde la consigna será luchar contra la corrupción, sin perseguir a nadie.

Reveló que su primera acción al interior será conocer el estado de las responsabilidades civiles, administrativas y los indicios de responsabilidad penal. “Esos tienen un tiempo que si no se notifica en ese tiempo previsto pueden caducar”.

Al exterior de la Contraloría, Torres aún tiene cuestiones pendientes que afrontar, además del frente de fiscalización correísta.

Una de estas es la acción de protección que el aspirante Juan Falconí Puig puso en contra del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y la Comisión de Selección para la Primera Autoridad de la Contraloría General.

Falconí Puig, quien fue dos veces embajador en el gobierno de Rafael Correa, solicitó a la jueza Carmen Romero, de la Unidad Judicial Civil, del Complejo Judicial Norte, en Quito, que reconozca supuestas vulneraciones a sus derechos constitucionales durante el concurso.

La audiencia está prevista que se realice el 6 de diciembre, a las 10:00. Allí debe también presentarse Torres, como tercero coadyuvante, es decir, que tiene interés en la causa.

En la audiencia se puede confirmar o echar abajo el nombramiento de Torres. Así como ya ocurrió con la designación de superintendente de Bancos, de Raúl González. En un primer momento, él logró con una acción de protección ser posesionado, pero al poco tiempo otro juez revocó el fallo y, tras meses de litigios, la Corte de Justicia del Guayas dejó sin efecto su nombramiento.

Al salir Torres de la Asamblea, pidió a los asambleístas que le den un espacio de gobernabilidad para que pueda trabajar y les recordó que la Contraloría tiene las puertas abiertas para todas las bancadas. “Confíen en mí. Yo soy un ciudadano al que me ha dolido ver cómo se llevan los recursos públicos”.

• Trayectoria. Seis años han pasado para que la Contraloría tenga un titular por concurso. Mauricio Torres es funcionario de carrera, oriundo de Loja.

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