El correísmo sufrió este 27 de noviembre de 2023 un revés en la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional en donde tiene cuatro de nueve legisladores.

El presidente de esta mesa legislativa, Patricio Chávez, de las filas de Revolución Ciudadana, convocó a una sesión con el objetivo de empezar un proceso de fiscalización al concurso de designación del nuevo contralor General del Estado.

Para eso, llamó a comparecer a la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Nicolle Bonifaz; al vicepresidente, Andrés Fantoni; y los consejeros Mishelle Calvache, Juan Guarderas, Jhoanna Verdesoto, Yadira Saltos y Augusto Verduga.

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Solo estos dos últimos, también identificados con la línea de la Revolución Ciudadana, llegaron al parlamento. Los demás vocales de Participación Ciudadana se excusaron por esta ocasión.

Además, estuvieron presentes dos, de los 102 candidatos a contralor, que son relacionados con el correísmo: Juan Falconí Puig y Alejandra Vivanco que iban a exponer las supuestas irregularidades que identificaron en el proceso.

Todo estaba listo. Incluso llegaron para sumar fuerzas la primera vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Veloz y la primera vocal del Consejo de Administración Legislativa (CAL), Esther Cuesta, aunque no son parte de la comisión.

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Sin embargo, encontraron un freno. La asambleísta por Avanza, Lucía Posso, cuestionó el apuro de la comisión por tratar este tema cuando ni siquiera se habían reunido para establecer y aprobar la agenda con la que trabajarán en este periodo legislativo.

Los correístas rechazaron lo dicho por la legisladora por Imbabura, asegurando que para fiscalizar no hacía falta tener aprobado un plan de trabajo y que lo que correspondía era seguir con la sesión y escuchar a los presentes.

A la tesis de Posso se unieron la vicepresidenta de la comisión, Esperanza Moreta del Partido Social Cristiano (PSC); las legisladoras de Pachakutik, Mariana Yumbay y Carmen Tiupul; y el legislador de Construye, Jorge Chamba.

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Los cinco pedían a un, por momentos, contrariado Chávez que someta a votación el orden del día. Consiente de que no sería aprobado, el presidente de la comisión optó por 'ganar tiempo' dando la palabra a todos los legisladores que se lo pedían.

Cuesta cuestionó que bajo la lógica de no avanzar en la fiscalización, si un tema no es parte de un plan de trabajo aprobado, se corría el riesgo de dejar por fuera, en el futuro, temas que vayan surgiendo.

Posso explicó que no se buscaba dejar de lado la fiscalización del concurso para designar contralor, pero que primero había que "ponerse las medias y luego los zapatos". Es decir, aprobar primero la agenda de la mesa e incluir ahí el tema.

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Asesores y abogados afines al correísmo buscaban destrabar la situación. Incluso, se llegó a querer hacer creer que la sesión ya estaba instalada y que se necesitaba una moción por escrito, con 24 horas de anticipación, para cambiar el orden del día.

Pero ese no era el pedido. Lo que los cinco asambleístas solicitaban era que se tome votación del orden del día. Ante las largas que daba Chávez, la asambleísta Posso dijo que se retiraba.

Al ver que el mismo camino podrían seguir los otro cuatro asambleístas y que la comisión se iba a quedar si quorum, Chávez decidió suspender la sesión, sin especificar hasta cuando, ante el malestar de sus propios compañeros de bancada.

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