Van por el primer tema de su agenda. La asambleísta del correísmo Gissela Gazón presentó este 27 de noviembre la solicitud de juicio político en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Esta es una de las líneas rojas en el acuerdo legislativo de mayoría.

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A través de su cuenta de X (antes de Twitter), Garzón publicó el oficio remitido al presidente de la Asamblea Nacional, el socialcristiano Herny Kronfle. Según adelantó la asambleísta a través de su publicación, el motivo sería un presunto incumplimiento de funciones.

"La crisis de seguridad que vive el país requiere funcionarios que den respuestas, que asuman su rol y lo cumplan, si esto no pasa, corresponde ejercer el rol de fiscalización y control político desde la Asamblea Nacional", indicó Garzón.

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Por su parte, el expresidente Rafael Correa, sentenciado por el caso Sobornos, arengó a sus asambleístas a persistir en el proceso. "Sin amilanarse, compañeros. Que juzgue el pueblo ecuatoriano en función de las pruebas y que sus representantes cumplan con su deber en la Asamblea Nacional", sostuvo el exmandatario.

A inicios de noviembre, antes de su posesión como presidente y se consolide la mayoría legislativa, el presidente Daniel Noboa adelantó que no apoyaría un juicio político a la fiscal Diana Salazar.

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“No permitiré que ninguna organización política intente hacerle un juicio político a nuestra fiscal general. Necesitamos proteger a personas como ella que trabajan duro contra las organizaciones criminales que operan en el país", dijo en su momento Noboa.

Del mismo modo, antes de su elección como presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle sostuvo que el juicio político a la fiscal Salazar no era parte del acuerdo logrado con el bloque oficialista y el correísmo. Tesis que fue refutada por el expresidente Correa.

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