La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional resolvió este 21 de noviembre de 2023 que irá primero por los funcionarios encargados del sector energético del gobierno saliente a quienes apuntan como los causantes de la crisis de apagones que vive el país.

La mesa legislativa se reunió para delinear cuál será su hoja de ruta durante los próximos seis meses y definir las prioridades en fiscalización. Todo apunta que se hará un borrón y cuenta nueva con relación a los casos que llevaba la anterior, liderada por Fernando Villavicencio (+).

Está previsto que se convoque al actual ministro de Energía, Fernando Santos Alvite; al gerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), Gonzalo Uquillas; al gerente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), Jorge Benavides, entre otros.

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A ellos les quieren preguntar por qué no se hizo nada cuando desde hace varios meses se conocía de la inminente crisis energética, cuánto le está costando al país comprar energía a Colombia y Perú de última hora y qué hicieron por el mantenimiento de la infraestructura del sector.

Luego de recopilar la información y las versiones de los implicados la Comisión de Fiscalización, ahora en manos del correísmo, con Pamela Aguirre a la cabeza, elaborará un informe en el que se harán recomendaciones que pueden terminar en el campo civil, penal o político con un juicio.

Otros sectores que serán fiscalizados en este semestre por la mesa legislativa son el de la salud, el petrolero, la gestión de riesgos, los sectores estratégicos como la telefonía celular, el transporte y obras públicas, así como el uso que se ha dado a los impuestos recaudados.

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Para dar viabilidad a todos estos temas, se decidió conformar una comisión entre los equipos de trabajo de cada legislador de Fiscalización con el objetivo de recoger sus aportes y observaciones.

La mayoría se centró en las críticas y cuestionamientos a la administración saliente de Guillermo Lasso. Solo César Umajinga, que llegó a la Asamblea por la extinta alianza Actuemos, recalcó en sus intervenciones que los problemas tienen un origen que, en muchos casos, supera al actual Ejecutivo y que hay que indagar todo.

Sobre los juicios políticos, Aguirre dijo que existen, al menos, cinco en carpeta que quedaron en suspenso por la disolución de la Asamblea Nacional. Dos pedidos contra el ministro de Transporte y Obras Públicas, uno contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) y otro contra el Consejo de la Judicatura, entre otros.

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Sin embargo, la comisión prefirió no pronunciarse sobre su futuro hasta contar con un criterio jurídico de la Asamblea que explique primero el estado de cada caso, pero también que se pronuncie sobre los plazos de tratamiento y sobre los interpelantes. Esto debido a que los legisladores que los propusieron en el periodo pasado ya no están en el actual parlamento y hay un vacío en la ley sobre cuál es el mecanismo de actuación en esos casos.

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