¿Puede un interventor trabar el buen desempeño de la empresa?

Cinco meses han transcurrido desde que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SuperCías) resolvió intervenir a Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA). Desde entonces, la dinámica operativa de la empresa ha experimentado cambios que han impactado algunos procesos internos.

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Alcances de la intervención societaria

Si el rol del interventor es el de vigilar y subsanar las supuestas irregularidades que motivan la intervención, ¿cuál es el límite de su trabajo para que este no obstaculice el normal desempeño de la compañía?

Olenka Ramírez, directora del área societaria de FexLaw, e Israel Ruiz, experto en derecho procesal, junto con Marco López, exsuperintendente de Compañías, coinciden en que la intervención de una empresa no debería constituir una sanción ni entorpecer sus operaciones.

Ellos sostienen que la medida debe tener como finalidad corregir las irregularidades que motivaron la intervención y proteger a la compañía, sus accionistas y terceros, aunque determinadas acciones requieran la autorización o la firma del interventor.

Ramírez explica que no existe un listado en la Ley de Compañías sobre los actos que requieren la firma del interventor, pues ello depende de la resolución de la SuperCías. Aun así señala que, en la práctica, esa autorización suele exigirse para movimientos bancarios, pago de acreedores, contratación de nuevas obligaciones, venta o gravamen de bienes y otros actos que comprometan el patrimonio de la empresa.

No obstante, Ruiz expone que es habitual que el interventor suscriba roles de pago, declaraciones tributarias, balances y estados financieros.

López, por su parte, sostiene que el principal control del interventor debe concentrarse en los flujos de efectivo, ya que allí puede verificarse el correcto manejo de los recursos.

La abogada Ramírez aclara que el interventor no remplaza las funciones del gerente o de los administradores.

López coincide en que debe actuar como un colaborador que ayude a solucionar los problemas que originaron la medida y no desempeñarse como un administrador paralelo.

Los interventores son enviados a las firmas como solución, no como problema, por lo que el fin del interventor es que no haya demoras. Si las hay, es un rol mal utilizado.Israel Ruiz, abogado y docente de la Universidad Internacional del Ecuador

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Los efectos en la operación de GRANASA

Sin embargo, en GRANASA esa situación ya tiene efectos concretos. El personal de servicios prestados del Diario asegura que, antes de la intervención, sus honorarios eran cancelados una semana después de emitir las facturas, mientras que ahora los pagos se realizan entre la tercera y cuarta semana del mes, una demora que atribuyen al proceso de aprobación que debe cumplir la interventora societaria.

Gerardo Menoscal trabaja como fotógrafo freelance en EXPRESO desde hace tres años. Este padre de familia asegura que el retraso en el pago de sus honorarios, por la falta de una firma, le preocupa porque depende de esos ingresos para cumplir con sus obligaciones económicas.

Cuenta que desde el cambio de interventora en GRANASA, el pago correspondiente a junio lo recibió más tarde, a la cuarta semana. “Tengo cuentas que pagar. Antes no era así. Antes el pago llegaba puntualmente en la segunda semana de cada mes”, asevera Menoscal.

Desde 2018, Gianella Muñoz trabaja como periodista y productora externa de las revistas de EXPRESO. Relata que antes de la intervención a GRANASA, sus facturas eran pagadas puntualmente tras la quincena y a fin de mes. Ahora no: los desembolsos tardan hasta dos semanas más en el primer caso y alrededor de cuatro semanas en el segundo.

La periodista explica que esos retrasos repercuten directamente en la producción de las revistas. Cada portada implica gastos de movilización para maquilladores, estilistas y modelos, además de la compra de utilería y el pago al talento que participa en las sesiones fotográficas.

Muñoz asegura que para no afectar a las modelos, ni deteriorar relaciones profesionales construidas durante años, en varias ocasiones ha tenido que cubrir esos pagos con recursos propios, mientras espera que la interventora apruebe sus honorarios. Advierte que esta situación irregular podría comprometer la calidad gráfica que ha caracterizado históricamente a EXPRESO y EXTRA.

La intervención es una medida administrativa temporal, no un castigo ni una toma de control de la empresa. La vigilancia no puede entorpecer las actividades empresariales.Olenka Ramírez, directora del área societaria de la firma de abogados FexLaw

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Los límites de la actuación del interventor

Estas situaciones descritas por colaboradores externos reflejan el escenario que los especialistas consideran que debe evitarse durante una intervención. Para la abogada Ramírez, cuando la firma del interventor retrasa el pago a proveedores, colaboradores o acreedores, afecta el normal desenvolvimiento de la empresa.

Ruiz coincide con ese criterio y sostiene que la finalidad del interventor es agilizar los procesos y contribuir a que la compañía supere las causas que motivaron la intervención, no generar demoras o dilaciones injustificadas. A su juicio, cuando esas demoras afectan la operación diaria, la intervención deja de cumplir el objetivo para el que fue concebida.

En la misma línea, el exsuperintendente de Compañías sostiene que un interventor “no puede alterar sustancialmente la dinámica de un negocio” y que debe procurar que los pagos continúen ejecutándose dentro de los plazos habituales.

El objetivo de una intervención es corregir los problemas de la empresa, no llevarla al desastre. El interventor debe ser un colaborador de la administración, no un enemigo.Marco López, exsuperinten-dente de Compañías

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Responsabilidades por una intervención irregular

Añade que la misión de la SuperCías no es castigar ni llevar a las empresas a una liquidación, sino corregir las irregularidades detectadas, procurando afectar lo menos posible la actividad empresarial y preservar las fuentes de empleo.

El abogado Israel Ruiz agrega que si un interventor actúa con dolo o negligencia y causa perjuicios a la compañía, puede enfrentar responsabilidades civiles, administrativas e incluso penales. Y que la SuperCías también tiene una cuota de responsabilidad, al ser la entidad que designa al interventor y supervisa su actuación.