"Intentan ahogar a GRANASA": abogado Eduardo Carmigniani denuncia hostigamiento legal y financiero

El abogado de Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA), Eduardo Carmigniani, explicó este 6 de julio de 2026, en el pódcast Politizados, los detalles de la nueva arremetida del Gobierno contra la casa editora de los diarios EXPRESO y EXTRA. Denunció que se trata de una nueva ola de hostigamiento contra la línea editorial, con más litigios y un intento por ahogar financieramente a la empresa.

El origen de la nueva arremetida del Gobierno

Carmigniani explicó que la nueva arremetida del Gobierno surgió tras la negativa de la interventora de la empresa a pagar la factura de mayo de 2026 por los servicios de asesoría que Galo Martínez Leisker, actual presidente ejecutivo de GRANASA, presta a la empresa desde hace muchos años, incluso desde que el fundador de la compañía, Galo Martínez Merchán (+), la dirigía.

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Este servicio de asesoría, según comentó Carmigniani, se estableció mediante un acuerdo con el fundador de la empresa y era remunerado con 20.000, pagados a una empresa vinculada a Galo Martínez Leisker. El abogado de GRANASA también recalcó que dicho acuerdo y esos pagos nunca representaron algún tipo de problema con las autoridades de control.

No obstante, ante la negativa de la interventora a pagar la factura de mayo de 2026, acotó el abogado Eduardo Carmigniani, el presidente ejecutivo de la empresa decidió convocar a una junta de accionistas para ratificar el acuerdo y confirmar la continuidad del servicio de asesoría brindado a la casa editora de los diarios EXPRESO y EXTRA.

Conflicto con Inmobiliar y la junta de accionistas de GRANASA

Carmigniani señaló que, aunque más del 96 % de los accionistas aprobó la continuidad del servicio de asesoría, la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), que solo posee el 2,56 % de las acciones de GRANASA, se opuso al cuestionar los resultados de las asesorías brindadas durante los últimos años.

Pese a que Inmobiliar pudo solicitar más información en dicha junta de accionistas, Carmigniani afirmó que no lo hizo y que, por el contrario, una vez terminada la reunión empezaron a llegar oficios del Gobierno solicitando información sobre la relación de GRANASA con Galo Martínez Leisker y el servicio de asesoría prestado entre 2019 y 2026, bajo la hipótesis de un presunto perjuicio que ascendería a 1,6 millones de dólares.

De hecho, Carmigniani indicó que el último oficio del Gobierno llegó al mediodía del 30 de junio de 2026, el mismo día en que Inmobiliar publicó un comunicado sobre el presunto perjuicio y el anuncio de acciones legales por un presunto cohecho entre privados que, según el abogado de GRANASA, está lleno de especulaciones y tuvo un tinte difamatorio contra la casa editora de los diarios EXPRESO y EXTRA.

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No obstante, Carmigniani cuestionó la postura de Inmobiliar al señalar que ese perjuicio no existe. "¿Cómo el Gobierno pudo haber sufrido un perjuicio por pagos desde el 2019 y 2026, si el Gobierno recién pasó a tener el 2,56 % de GRANASA fines de enero de 2026? El hipotético perjuicio, porque no hay, sería de 512 dólares mensuales y 1.536 dólares por los tres meses", comentó.

GRANASA acudirá a instancias internacionales

El abogado de GRANASA fue enfático al señalar que, más allá del supuesto interés del Gobierno por un presunto perjuicio, la verdadera agenda del oficialismo tiene como objetivo difamar la reputación de la empresa e inundar de litigios a GRANASA, con el agravante de que la interventora se niega a pagar al propio presidente ejecutivo y a los abogados de la empresa mientras no se presente el plan de acción.

Para Carmigniani, esta nueva arremetida contra el Diario eleva el nivel de hostigamiento y configura una nueva violación indirecta a la libertad de expresión. En ese sentido, adelantó que mantendrá reuniones con expertos internacionales en derechos humanos y libertad de expresión para definir las acciones legales que la empresa impulsará en el ámbito internacional.

El abogado de GRANASA también hizo hincapié en que esta disputa nunca se ha tratado de un accionista, sino de utilizar ese paquete accionario como pretexto para ahogar financieramente a la empresa. "El Gobierno la inunda de juicio (a GRANASA) y la interventora, controlada por el Gobierno, no autoriza que se contraten abogados. Está clarísima la maniobra", acotó.

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Asimismo, Carmigniani señaló que esta nueva arremetida del Gobierno y el comunicado de Inmobiliar confirman que la postura que mantuvo el representante legal a inicios de 2026, cuando la empresa fue intervenida por una supuesta desatención a un pedido de información de Inmobiliar, era correcta, y que la intervención es absolutamente improcedente y constituye un pretexto para intentar ahogar a GRANASA.