Que luego de que se haya dicho tantas veces que el acuerdo político en la Asamblea Nacional no incluye el juicio a la fiscal Diana Salazar, resulta insólito que se haya entregado la Presidencia y el control de la Comisión de Fiscalización al partido que quiere enjuiciarla a como dé lugar: el correísmo.

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En efecto, de los nueve miembros de esa comisión, cuatro pertenecen al movimiento de Rafael Correa, incluida su presidenta, Pamela Aguirre. Con apenas sumar un voto más, cosa que no parece difícil porque además se puso cuidado en no incluir a ningún asambleísta de Construye, que es el movimiento que estuvo tras la candidatura de Fernando Villavicencio (+), el correísmo podrá hacer y deshacer en esa comisión.

Eso incluso dando por hecho que el socialcristianismo y el gobierno de Noboa no se sumen a sus iniciativas. Si de nueve miembros de la comisión, cuatro son adherentes al correísmo más puro y duro, incluida Pamela Aguirre como presidenta y Sofía Espín como miembro, es porque quienes cocinaron el acuerdo ignoraron el tema del juicio a la fiscal o se hicieron de la vista gorda.

Hay que considerar, dentro de esta perspectiva, que se escogió para la presidencia de la comisión a Pamela Aguirre, una de las voces más virulentas del correísmo y considerada como una de las fichas más incondicionales con Rafael Correa, alguien que tiene una fijación obsesiva con el juicio a la fiscal Diana Salazar.

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A tal punto llega su fijación con el tema que cuando el actual presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, dijo en su cuenta de Twitter que no ha habido conversaciones sobre el juicio a Salazar, Correa le pegó un jalón de orejas llamándolo mentiroso y recordándole que sí habían hablado sobre el tema.

Algo parecido hizo Correa cuando Valentina Centeno, del gobierno de Noboa, asimismo dijo que no se apoyará el juicio de la Fiscal desde el Ejecutivo: también le tiró de las orejas por decir aquello y le recordó que ese es un asunto irrenunciable para él.

Por todo lo anterior se puede decir que la Comisión de Fiscalización define a la perfección el acuerdo legislativo o más bien el pacto político que sellaron socialcristianos, correístas y ADN de Daniel Noboa. Se trata de un pacto sobre el que públicamente se sabe casi nada, pero que pone en manos del correísmo las comisiones donde se procesarán los temas que son los más importantes para ellos. Temas que tienen que ver con la impunidad, sin duda, como lo es el juicio a la fiscal Diana Salazar.

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Precisamente en ese sentido, la asambleísta de Construye Ana Galarza sostiene que el correísmo ha condicionado entregar una vocalía en el CAL a su movimiento político únicamente bajo la condición de apoyar el juicio a la fiscal y de que voten por Viviana Veloz, actual primera vicepresidenta de la Asamblea.

Según Galarza, tener mayoría en la Comisión de Fiscalización es sustancial para el correísmo. Ahí archivarán los juicios políticos que están en cola porque la anterior Asamblea no los concluyó y darán paso al de la fiscal Salazar. Luego en el pleno de la Asamblea, sostiene, buscarán los más o menos 18 votos que les hacen falta y tratarán de destituir a la fiscal para seguir con su plan de impunidad a favor de Rafael Correa.

Si ese tema es una prioridad tan apremiante para Correa, es fácil colegir que hayan puesto tanto interés en tomarse esa comisión, sugiere.

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“Si no le van a enjuiciar a la fiscal, ¿entonces por qué le dan tanto poder en la Comisión de Fiscalización precisamente a quien más quiere echarla del cargo?”, dice Galarza. Sin embargo, los miembros del pacto político insisten en que cada organización política que hace parte del pacto tiene agendas distintas y que no incluyen necesariamente lo de la fiscal.

Manejar con tanta holgura la Comisión de Fiscalización tiene otros beneficios para el correísmo. Bloquearán iniciativas de juicios que no quieren que sigan adelante, como el de los vocales del Consejo de la Judicatura Xavier Muñoz y Wilman Terán, así como investigaciones que había iniciado el anterior presidente de la comisión, Fernando Villavicencio.

“Se encargarán de bloquear todos los procesos que inició Villavicencio, como por ejemplo los que inició sobre las hidroeléctricas construidas durante el correato”, estima por su lado el analista político Francisco Rocha.

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Lo que sucede con Fiscalización sucede, asimismo, en otras comisiones que fueron entregadas, como parte del pacto, a la Revolución Ciudadana. La también correísta radical Paola Cabezas, presidenta de la Comisión de Garantías Constitucionales, salió a anunciar que uno de los temas a los que ella dará prioridad es la solicitud de amnistía a favor de Ricardo Patiño, quien actualmente vive en México como prófugo de la justicia.

Patiño tiene encima una acusación por intento de alterar el orden democrático y es mano derecha de Correa y operador político suyo de mucha relevancia. Se trata de un pedido que había sido presentado en la Legislatura anterior y que ahora que hay mayoría correísta en esa comisión será desempolvado.

La Comisión de Fiscalización define a la perfección el pacto: fueron entregadas al correísmo las comisiones en las que podrán hacer realidad la agenda que tienen pendiente.

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