Democráticos o aprovechadores. Son los calificativos que los gobiernos han recibido a lo largo de los últimos 40 años al bosquejar la idea de consultar “temas relevantes” a la ciudadanía. Los últimos 10 procesos plebiscitarios -iniciando por el expresidente León Febres-Cordero y terminando por Lenín Moreno- han abordado temas políticos, partidarios, sociales, ambientales, entre otros. Todos bajo la premisa de resolver lo que aqueja al país.

Sin embargo, al ser contrastados con los hechos, muchas de las preguntas planteadas por los exmandatarios -y aprobadas por los ecuatorianos- terminaron siendo “demagógicas” y sin resultados positivos que demuestren la resolución de los nudos críticos. El expresidente de la República, Alfredo Palacio, le dijo a EXPRESO que consultar a los ciudadanos siempre es bueno, oportuno y viable, en tanto exista un seguimiento y exigencia de los electores para que se cumpla por lo que votaron y no pase lo que a él mismo le sucedió.

Recordó que al final de su mandato, de casi dos años, planteó una consulta que abordaba temas como que las políticas del Plan Decenal de Educación sean consideradas prioritarias para la inversión pública; elevar a política de Estado el aseguramiento universal y la prevención de patologías; y que el entonces Congreso expida leyes que garanticen que los recursos petroleros no previstos en el presupuesto del Estado vayan a inversión social y reactivación productiva.

Los números favorecieron a Palacio, que obtuvo en promedio un 66 % de apoyo en cada una de las tres preguntas. “Entonces la receptividad ciudadana no fue el problema, sino que el siguiente gobierno (de Rafael Correa) decidió que eso no era vinculante y no lo cumplió. Ese fue el verdadero problema, por eso si vamos a una consulta popular, el pueblo debe exigir que lo que se resuelva se cumpla”, dijo el expresidente.

Evidentemente, las mejoras en Educación no han llegado desde entonces. A inicios del año lectivo en la Costa, en mayo pasado, este Diario reportó el déficit de maestros en la educación fiscal. Entonces, el Ministerio de Educación reconoció una falta de 4.000 profesores, aunque gremios como la Unión Nacional de Educadores (UNE) hablan de 7.000. Ese, por mencionar uno de tantos problemas de la educación que se arrastran por años.

Ni hablar de los constantes reclamos sobre el uso de los excedentes de los recursos petroleros. Las quejas de los habitantes de la Amazonía, de donde se extrae el crudo, son recurrentes porque no se invierte en salud, educación y otros servicios básicos, pese a lo que decía la consulta de Palacio y otras leyes vigentes.

Al coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) capítulo Guayas, Ricardo Ramírez, en cambio, no le parece una gran idea llevar a los ciudadanos a las urnas para preguntarles cosas que deberían ser resueltas y administradas por los gobernantes de turno y las demás instituciones estatales.

Cree que las consultas populares han sido usadas más como un “salvavidas” o medición de fuerzas de los políticos que como una solución real a los problemas que enfrentan los ciudadanos y puso dos ejemplos.

En 1995, el entonces presidente Sixto Durán-Ballén planteó un referéndum con un amplio cuestionario de once temas. Perdió en todas, pero la segunda pregunta hablaba de la posibilidad de que los ecuatorianos escojan si desean confiar su seguridad social al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) o a otra entidad pública y privada, abriendo la “libre competencia”.

Para Ramírez, ese rotundo no en las urnas no solo significaba oponerse a la privatización del IESS, sino también que el Estado cumpla con las obligaciones con la entidad. Sin embargo, en 2015 la Asamblea, dominada por Alianza PAIS, eliminó el aporte obligatorio del 40 % del Estado en la denominada Ley de Justicia Laboral.

Esto, sumado a otros problemas de corrupción y mala administración, tiene sumido en una situación crítica al IESS, que recibe constantes quejas por la deficiente atención en salud. También se habla de una crisis del Fondo de Pensiones, que se empezaría a palpar en el mediano plazo.

“El otro tema que molesta es que en la consulta de 2017 se aprobó que los funcionarios públicos y de elección popular no tengan recursos en paraísos fiscales para asumir el cargo. Sin embargo, pese a haber algunas sospechas fuertes, no se ha visto ningún caso de control concreto o investigación de la Fiscalía. La excusa será que no hay sentencias ejecutoriadas y estas llegarán, seguramente, cuando dejen el cargo y logren escabullirse”, lamentó.

Otro de los ámbitos que han sido abordados por los Gobiernos son el penal y ambiental. En 2018, el expresidente de la República, Lenín Moreno, convocó a un referéndum constitucional y consulta popular que, entre otros temas, proponía endurecer el castigo para los violadores de niñas, niños y adolescentes haciendo que nunca prescriba el delito.

Pregunta que contó con el 75,53 % de apoyo ciudadano y se tomó como una medida preventiva para que los abusadores sexuales “se lo piensen dos veces” al querer cometer el delito. Sin embargo, según cifras de la Fiscalía General del Estado, los casos de violación han tenido un ascenso constante. Por ejemplo, previo al referéndum, se registraron 4.884 víctimas de abuso sexual en 2016 y 5.045 en 2017. El mismo año del proceso, en 2018, se registraron 5.667 víctimas y, luego del plebiscito, en 2019, los casos aumentaron a 6.034.

En 2020 se registró un descenso en las víctimas de violación con 5.450 casos registrados por la Fiscalía, sin embargo, según el reporte ‘La culpa no era mía’, del Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos Surkuna, entidad que acompaña y brinda tutela legal a las mujeres abusadas sexualmente, esta reducción “no significaría que el delito ha disminuido, sino que representaría la imposibilidad de las víctimas y sobrevivientes de avisar el cometimiento del delito”. Esto debido al inicio de la pandemia de COVID-19 y el confinamiento obligatorio.

Cifras que, según el presidente de Plan Internacional, organización con presencia en varios países que promueve los derechos de la niñez y adolescencia, Héctor Hurtado, muestran que “mientras haya impunidad no vamos a poder medir el real impacto de este tipo de medidas”. Esto debido a que el problema del abuso sexual no solo pasa por endurecer las sanciones, sino por el funcionamiento del sistema de justicia.

“Además de la creencia de la vergüenza del abuso sexual, hay historias de la revictimización de las niñas y mujeres cuando ponen su caso en conocimiento de las autoridades. Muchas veces se las culpabiliza”, continúa Hurtado e indica que en cuestión de resultados “hay muy pocos casos donde el victimario llega a estar preso, muchos menos donde hay una sentencia y demás casos que no son denunciados”. Así, según Hurtado, nutriendo un “círculo de violencia” que, independientemente del endurecimiento de penas, no cumple con hacer justicia a las mujeres víctimas de violación.

Resultados que para la coordinadora de litigio estratégico feminista del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam), Consuelo Bowen, demuestran la “demagogia punitiva” con que se tratan ciertos temas en procesos plebiscitarios. “Cuando no hay un estudio sobre la criminalidad, los perpetradores y una política criminal, no se puede recrudecer las penas porque eso le agrada a la gente”, añade y señala que esto se replica con propuesta como “cárceles en islas abandonadas, armar a la Policía, sacar a los militares a las calles”, entre otros temas.

En realidad, tanto Hurtado como Bowen consideran que estos temas, como la violencia de género, no solo se solucionan desde lo político legal, sino desde lo social. “Hay que fortalecer la prevención de estos delitos, trabajar con la ciudadanía y esto no pasa por tener más años de cárcel”, dice el presidente de Plan Internacional. Asimismo, Bowen señala que lo que se debería hacer es retomar los programas y proyectos sociales que se venían trabajando “e invertir en la atención a víctimas”.

Por otro lado, en el mismo referéndum de 2018, se consultó a la ciudadanía la prohibición de la minería metálica en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos. Pregunta que contó con el 68,62 % de apoyo, pero que para el activismo ambiental no ha tenido resultados reales. Para el exdirector de Planificación Territorial del Municipio de Cotacachi y miembro del Observatorio Minero, Ambiental y Social, José Cueva, esa pregunta solo “hizo más digerible algo a la opinión pública que ya estaba prohibido y solo se retiró una potestad al presidente (Lenín Moreno)”.

Sin embargo, según Cueva, “se mantienen cerca de 15 mil hectáreas en concesiones mineras en áreas protegidas” y continúa la actividad en zonas urbanas “como lo demostró el caso de Zaruma”.

El 15 de diciembre de 2021, un socavón afectó el casco urbano del cantón orense que, según las mismas autoridades, fue ocasionado por la actividad minera ilegal que desestabilizó el subsuelo zarumeño.

“La consulta fue un saludo a la bandera”, señala e indica que los problemas mineros continúan en cantones como Santa Rosa (provincia de El Oro), Yurimagua (en Imbabura) y otras localidades.