Virgilio Saquicela lo volvió a hacer. Cada vez que el juicio político a los vocales de la Judicatura se precipita hacia su inevitable desenlace, con el trámite final de reconsideración y la derrota irreparable de correístas y socialcristianos, el presidente de la Asamblea saca un nuevo conejo de la chistera para detenerlo todo, pospone la reconsideración, deja en suspenso el resultado del juicio y desata una febril actividad de negociaciones poco santas con la esperanza de darle vuelta a la tortilla. La semana anterior ya puso al país entero a esperar, pacientemente y con el estómago revuelto, durante ocho días, mientras los impulsores del juicio político terminaran de comprar los cinco votos que les faltaban para la censura y destitución. Como no lo lograron, les ha dado más tiempo. El jueves 8 de septiembre volvió a suspender la reconsideración, esta vez hasta la vuelta de las vacaciones legislativas, que serán movidas para muchos y, posiblemente, productivas para algunos. En este tema del juicio político a la Judicatura, el presidente de la Asamblea parece haber perdido la noción de su propia impudicia.

La reconsideración es un simple trámite parlamentario que puede servir para corregir errores involuntarios producidos durante una votación, pero cuya principal utilidad, en condiciones normales, consiste en poner un candado a lo resuelto por el Pleno. Terminada una votación cualquiera, alguien pide la palabra y mociona la reconsideración, es decir, pregunta a los asambleístas si quieren cambiar de opinión con respecto a lo que acaban de votar, estos responden por lo general que no y el tema queda oleado y sacramentado. ¿Y si responden que sí? Se anula la votación y se repite, pero esto no ocurre nunca cuando el pedido de reconsideración es inmediato a la votación. El problema puede ocurrir cuando entre una y otra median varios días. La ley permite reconsiderar una votación hasta la sesión siguiente. Y ahí es donde entra Saquicela, capaz de convertir un simple trámite parlamentario en una espada de Damocles por obra y gracia de su malicia.

El jueves 1 de septiembre, cuando la moción de censura y destitución a los vocales del Consejo de la Judicatura, presentada por la correísta Viviana Veloz, perdió por cinco votos (necesitaba 92 y obtuvo 87), Saquicela se apresuró a clausurar la sesión ni bien el secretario terminaba de proclamar los resultados. Los que querían reconsiderar se quedaron con la mano alzada. Así, todo quedó en suspenso hasta la siguiente sesión, que no por casualidad tardó en convocarse tres días más de los habituales.

La siguiente sesión fue la del jueves 8 de septiembre y los correístas y socialcristianos, impulsores del juicio político por el que se desvive Saquicela, llegaron a ella con las manos vacías. No consiguieron comprar ni un voto. Así que la sesión se instaló, se propuso la reconsideración de lo votado la semana anterior, el Pleno la aprobó con 85 votos a favor (no 87, curiosamente) y cuando se disponían todos a repetir la votación, en la que nuevamente, y esta vez para siempre, correístas y socialcristianos no habrían alcanzado los 92 votos necesarios para censurar a los vocales de la Judicatura, el presidente de la Asamblea lo volvió a impedir. Ahora se inventó que la autora de la moción de censura, la correísta Viviana Veloz, debía presentar una moción nueva. O sea, la misma, pero de nuevo. Y si no era ella, el segundo interpelante del juicio político debía hacerlo en su lugar: el socialcristiano Luis Almeida. El secretario y los asesores jurídicos de la Asamblea, con quienes fingió mantener una reunión urgente de 15 minutos para buscar una solución jurídica de un problema inexistente, fueron sus cómplices en este simulacro.

Este es el punto donde se pone en evidencia que a la Asamblea Nacional, aparte de ética y política, le hace falta una buena dosis de gramática. El artículo 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, donde se regula el trámite de la reconsideración, es clarísimo para cualquiera que lo lea y no precisa interpretación alguna. Prescribe que lo que se reconsidera es “lo resuelto”, es decir, la votación, de modo que no era necesaria una nueva moción para votarla (más aún considerando el extremo ridículo caso de que esa nueva moción terminara siendo la misma). Que no, se emperró Saquicela: que lo que se reconsidera es la moción. Y como no hay nada de lo que un puñado de jurisconsultos no pueda convencer a una tribu de analfabetos funcionales, su criterio se impuso.

Viviana Veloz y Luis Almeida, claro, ya no estaban en la sala. Habían llegado a tiempo, habían registrado su asistencia en el sistema electrónico y se habían reunido con el presidente Saquicela. Conversaron durante un buen rato ahí arriba, en el estrado de las autoridades, a vista y paciencia de todo el mundo. No se sabe a ciencia cierta qué se dijeron, pero no es difícil adivinarlo. Terminada la reunión, ambos desaparecieron del salón plenario. Esteban Torres, el coordinador del bloque socialcristiano, escoltó a Almeida, que no parecía del todo convencido. El legislador, que en algún momento fue considerado como joven promesa de su partido, se ve cada vez más cómodo en su nuevo papel de segundo de a bordo del Guacharnaco.

En resumen: nada está dicho aún en el juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura. Algunos asambleístas pueden volver de sus vacaciones con las ideas cambiadas. En todo caso, para Saquicela, la situación es mucho más manejable ahora. Ya no tiene la presión de convocar a una nueva sesión para tratar la reconsideración del juicio. Esta solo puede tener lugar en la continuación de la sesión del jueves pasado, que quedó inconclusa. Y nadie más que Saquicela tiene la prerrogativa de decidir cuándo convocará a esa sesión. En vista de su errático comportamiento de las últimas dos semanas, es evidente que sus intenciones son convocarla cuando los impulsores del juicio político hayan conseguido los cinco votos que les faltaron. Por lo menos se reserva esa posibilidad hasta que el tiempo termine por caducar el juicio político: si antes se compró ocho días, ahora dispone de un mes.

En el orden del día quedó pendiente un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana. ¿Urgente? No menos que salirse con la suya en el juicio político al Consejo de la Judicatura. Virgilio Saquicela es un hombre de prioridades claras. 

Un tahúr

La reconsideración es un simple y cotidiano trámite parlamentario que el presidente Virgilio Saquicela ha convertido en un recurso para ganar un juicio político con trampa.

Cinco votos. Todavía los correístas y los socialcristianos están a tiempo de conseguir los cinco votos que necesitan para destituir a los vocales del Consejo de la Judicatura. 

Usos de un juicio político

Para el correísmo, el juicio político al Consejo de la Judicatura no es una simple acción parlamentaria: es un capítulo en la compleja batalla judicial para conseguir la impunidad de sus dirigentes prófugos y presos. No hay que olvidar que el caso lo llevó adelante el hoy exasambleísta Fausto Jarrín, abogado defensor de Rafael Correa. Lo que el correísmo necesita de la Asamblea es lo que no obtuvo Jarrín de la Corte Constitucional: una condena inequívoca del proceso de evaluación y remoción de los jueces de la Corte Nacional emprendido en 2019 por la Judicatura. La eventual censura y destitución de los vocales de ese organismo por la Asamblea Nacional sería un valioso argumento a favor de la revisión de sentencias, que es el último cartucho que les queda a los sentenciados del correísmo.