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Juan Carlos Díaz Granados | Lo privado florece, lo público colapsa

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Un Estado que entienda que su función no es hacerlo todo, sino garantizar que todo funcione

La economía ecuatoriana presenta una paradoja cada vez más evidente: lo privado crece y aporta, mientras lo público se hunde en ineficiencia, opacidad y desconfianza. Esta dicotomía debería llevarnos a repensar el rol del Estado en sectores estratégicos, especialmente en el petrolero.

Mientras las exportaciones no petroleras como el cacao, el banano y el camarón- muestran dinamismo y sostienen nuestra balanza comercial, el aparato estatal da señales preocupantes de agotamiento. Este impulso exportador ha sido posible gracias al esfuerzo del sector privado y a una política de apertura comercial que incluye acuerdos con la Unión Europea, China, Corea del Sur, Canadá, República Dominicana y Panamá.

En contraste, el sector petrolero, controlado en su mayor parte por el Estado, a través de Petroecuador, vive una decadencia crónica. Pese a contar con reservas, la producción cae, y cada vez se explota e invierte menos. Para colmo, Petroecuador no publica de forma oportuna ni transparente sus estados financieros auditados, lo que impide conocer con certeza el destino de recursos que les pertenecen a todos los ecuatorianos. La falta de rendición de cuentas alimenta sospechas legítimas sobre lo que realmente ocurre en esa empresa.

Tal vez ha llegado el momento de replantear todo el esquema. Una opción sería ampliar el mercado de explotación petrolera a la inversión privada -bajo un marco regulatorio serio, técnico y no politizado- y transformar a Petroecuador en una empresa pública-privada, listada en la bolsa de valores más conveniente. El Estado podría conservar una participación accionaria, pero ya no ser su único dueño ni operador.

Esta transformación permitiría no solo mayor eficiencia y transparencia, sino también atraer inversión, generar empleo y recuperar competitividad. El Estado debe concentrarse en regular y fiscalizar, no en operar sectores donde ha demostrado ser ineficaz y costoso.

La solución no pasa por más burocracia ni más subsidios, sino por más libertad, mayor responsabilidad empresarial y un Estado moderno, ágil y honesto. Un Estado que entienda que su función no es hacerlo todo, sino garantizar que todo funcione.