Consejo de la Judicatura sanciona a jueces y funcionarios por actos de corrupción
Entre los sancionados se encuentran dos servidores judiciales de la Unidad de Garantías Penitenciarias de Sucumbíos
En un video difundido por el Consejo de la Judicatura, su presidente, Mario Godoy, expuso las decisiones adoptadas en función de las actuaciones irregulares del órgano judicial. La institución reafirmó su postura firme contra la corrupción en el sistema de justicia, al anunciar la destitución y sanción de varios jueces y funcionarios que habrían incurrido en conductas irregulares.
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Entre los sancionados se encuentran dos servidores judiciales de la Unidad de Garantías Penitenciarias de Sucumbíos (SWAY), acusados de otorgar beneficios penitenciarios de forma indebida. También figuran otros funcionarios vinculados al caso 'narcotentáculos', que investiga la infiltración del crimen organizado en el aparato judicial.
El pleno del Consejo aseguró que estas medidas buscan proteger la independencia e integridad de los operadores de justicia que cumplen con su labor de manera responsable. Además, reiteró su compromiso con una justicia transparente y con la recuperación de la confianza ciudadana.
¿Peligra la independencia judicial?
En medio de una escalada de violencia y una creciente desconfianza institucional, el Gobierno ecuatoriano ha emprendido un proceso de observación a jueces y fiscales señalados por presuntamente favorecer a estructuras criminales.
🔴 | A la ciudadanía
— Consejo de la Judicatura (@CJudicaturaEc) June 20, 2025
Actuamos con firmeza frente a la corrupción. Esta semana, el Pleno del @CJudicaturaEc adoptó decisiones contundentes en esta materia. La suspensión y destitución de servidores judiciales que actuaron al margen de la ley refleja nuestro compromiso con la… pic.twitter.com/3lNeQW9ubg
La medida, liderada por el presidente Daniel Noboa y el ministro del Interior, John Reimberg, ha reavivado el debate sobre la independencia judicial, la lucha contra la impunidad y el crimen organizado, además de los límites del poder presidencial.
El Ejecutivo anunció la conformación de un frente común con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), para investigar el origen patrimonial de operadores judiciales que hayan emitido fallos cuestionables a favor de presuntos delincuentes.
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